El gobierno que asumió en marzo tiene un neto sentido clasista.
Su programa es el de la burguesía expresada en las cámaras empresariales: Torcer el proceso de acumulación deteniendo el proceso de pérdida de la tasa de sus ganancias, e imponer un ajuste a expensas del pueblo trabajador. Para eso tienen que desarticular las conquistas del ciclo progresista e imponer restricciones a la propia democracia política.
El neoliberalismo apuesta a que el mercado le quite espacio a la decisión y construcción deliberada de la vida social y a que la propia democracia política quede recortada para poder controlar la protesta social
Un estado débil en lo social y fuerte para reprimir y limitar las libertades.
Por eso lo caracterizamos como neoliberalismo autoritario, una de las expresiones que asume la derecha en el mundo actual y también una de las peores alternativas para el mundo pos pandemia.
Ante esto, es la izquierda y no la derecha quien asume a cabalidad el ideal democrático, quien tendrá que defender la democracia al mismo tiempo que los derechos sociales de las mayorías de nuestro pueblo.
El Proyecto de Ley de Urgente Consideración, (PLUC), en la complejidad y extensión de sus 501 artículos, es un todo orgánico que expresa el doble propósito de revertir y anular las conquistas y avances del ciclo progresista, e implantar el modelo neoliberal autoritario.
Durante la campaña electoral del año pasado, poco a poco fue tomando cuerpo la idea de que en el caso de un triunfo de la derecha, ésta buscaría imponer su programa a través de lo que empezó a denominarse como Ley de Urgencia. Incluso en algún momento nuestros adversarios electorales negaron o relativizaron ese propósito, al fin admitido, aunque su contenido no se dio a conocer a los electores.
Se sabía que iba a ser un proyecto ómnibus con todos los temas posibles y que se iba a apelar en esa eventualidad al mecanismo previsto en el numeral 7 del art 168 de la Constitución que permite al Poder Ejecutivo enviar proyectos al Parlamento de rápido trámite y de plazos reducidos para su consideración mediante la caracterización de los mismos como de urgente consideración con la particularidad de que al vencer dichos plazos el proyecto se convertiría en ley, aunque las cámaras no hubieran terminado de tratarlo.
Esto, adelantaba una utilización abusiva y tramposa del mecanismo constitucional y en el mes de setiembre de 2019 hicimos un primer planteo público de denuncia de todo esto.
La denominación periodística, política y coloquial de ley de urgencia de aquel momento, aludía a que más allá del mecanismo constitucional-enviar un proyecto de urgente consideración-se trataba de las urgencias que ante un eventual triunfo tendría Lacalle. Es decir, imponer su programa en el menor tiempo posible, preferentemente durante la luna de miel postelectoral y sobre todo antes de que se le disolviera la coalición que encabezaba.
Aquella denominación jerarquizaba entonces el dato político de las urgencias de la derecha, antes que el mecanismo al que se apelaría.
Cuando finalmente el 22 de enero se da a conocer el texto, desde el primer día la prensa comienza a denominarla Ley de Urgente Consideración y rápidamente este nombre completo se sustituyó por la sigla LUC, que rápidamente dejó de ser una sigla para convertirse en un neologismo utilizado por todos los actores.
Este juego metonímico de desplazamientos oculta un dato falso. No es una ley, sino un proyecto.
Naturaliza su existencia. La LUC es ya una realidad. Es un nuevo objeto inscripto en lo simbólico-o sea en el discurso que circula por la sociedad -con efectos sobre lo imaginario, implantando la creencia de que nada se puede hacer ante lo ineludible de los propósitos del gobierno.
Esto es negar la política Es justamente la búsqueda de alternativas para la creación deliberada del futuro, así como el diálogo racional y la movilización social.
No es una Ley, no es una LUC, es un proyecto, un PLUC que tenemos que desenmascarar y derrotar con la fuerza de todos los actores políticos y sociales del campo popular y con todas las herramientas disponibles.
Además de todo lo dicho, además de los contenidos específicos que suponen atacar las libertades y garantías y darle espacios al accionar represivo, a los cuales me referí en un artículo publicado en el primer número de El Sol, hay en todo esto una burla siniestra a la ciudadanía y a la democracia.
Hoy las urgencias son otras y ninguna está contemplada en el PLUC
En todo caso son las urgencias del gobierno, pero así se burlan de los cientos de miles que tienen reales urgencias y que no se pueden expresar ni movilizar por la pandemia y el aislamiento.
se burlan también del Parlamento, apostando a la aprobación ficta si vencen los plazos, y se burlan de la propia Constitución que previó el mecanismo con otro sentido.
Si la llamamos LUC, si ya la damos por existente y aprobada, sin darnos cuenta, estamos aceptando todo esto.
Es un PLUC, no una LUC y tenemos que derrotarlo.
MANUEL LAGUARDA, 21 DE MAYO 2020
