Este viernes 29 de mayo culminó la votación en la Comisión Especial del Senado del proyecto de ley de urgente consideración. Resta ahora su tratamiento en el pleno de la Cámara de Senadores y luego por la Cámara de Representantes. Sin duda que el objetivo de la coalición de gobierno será su aprobación tal cual surge de la comisión y que el tratamiento en la segunda cámara sea un trámite, pero nosotros, el Frente Amplio y el movimiento popular, no vamos a aceptar pasivamente ese criterio, vamos a continuar promoviendo el análisis y la discusión de sus contenidos con el fin de evitar la aprobación de la mayor cantidad posible de normas que supongan un retroceso con relación a los avances sociales, económicos y democráticos alcanzados durante los quince años de gobierno nacional del Frente Amplio.
Sin duda que hay diferencias importantes entre el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo el 23 de abril y el proyecto que aprobó por mayoría la comisión. Pero lamentablemente, pese a los cambios introducidos, algunas de sus características centrales se mantienen. Como señala bien nuestro compañero el Senador Daniel Olesker, el carácter regresivo del proyecto se puede resumir hoy en tres puntos:
1. propone un progresivo desmantelamiento del rol activo del Estado que se construyó en estos 15 años,
2. al mismo tiempo que propone desmantelar el Estados social y económico tiene entre sus rasgos distintivos la expansión del Estado en su rol punitivo y represivo,
3. se inserta en un modelo concentrador del poder y en el terreno de los propios servicios públicos y de la distribución del ingreso y la riqueza.
La movilización social y la acción política del Frente Amplio han logrado que se excluyan del proyecto contenidos importantes como la desmonopolización de ANCAP, el uso discrecional de redes e infraestructura de ANTEL por privados y el permiso para que las sociedades anónimas al portador sean propietarias de tierras, también se ha logrado el mantenimiento de un docente y un estudiante electos por sus pares en el Consejo de Formación Docente, entre otros asuntos que seguramente se detallarán en otras notas.
Ante este primer round en el combate contra este proyecto hay tres errores que no podemos cometer:
1. No percibir y denunciar que el proyecto, más allá de los cambios introducidos, sigue significando un enorme retroceso para el Uruguay de desarrollo sostenible, con inclusión e igualdad, que hemos estado construyendo en estos 15 años y un paso adelante en la transformación conservadora que propugna Lacalle y su coalición de gobierno.
2. No reconocer que la lucha social y política del movimiento popular ha dado como resultado que el Herrerismo, la fuerza que conduce la coalición de gobierno, no pudiera avanzar en esta etapa todo lo que hubiese deseado y que ese es un éxito, que no hay que dar como victoria definitiva pero tampoco podemos minimizar, porque debemos apreciar que el resultado de octubre 2019, sin perjuicio que consolida una correlación de fuerzas parlamentaria, no congela la opinión de la ciudadanía y por lo tanto nuestra acción tiene un efecto concreto, no solo en la acumulación hacia un nuevo proceso electoral, sino en las acciones hoy del gobierno y los posicionamientos políticos de los distintos actores.
3. Pensar que el Presidente se dará por vencido y no volverá a insistir con su agenda. Por el contrario, la agenda del retiro del estado y del imperio del mercado, que no quiere decir, como lo ha demostrado la historia reiterada en el siglo XX, libre oferta y demanda, sino control de la oferta y la demanda por las principales corporaciones, volverá a estar en el orden del día para todas o casi todas las áreas que han estado en cuestión en este proyecto y que se han retirado, muy especialmente mercado de los combustibles, mercado de las telecomunicaciones, educación y tenencia de la tierra.
Ahora bien, ¿cuán sólida es la coalición de gobierno?, ¿cómo han jugado sus diferencias internas en este primer debate y como jugarán en el futuro?
En un artículo publicado el pasado 11 de mayo en La Diaria, los estudiantes de Ciencias Políticas José Gutiérrez y Tomás Martino, califican de “débil” a la coalición de gobierno. Sostienen está tesis a partir de señalar “…los choques internos…” en el Partido Colorado y “…la diversidad de los sectores que la integran: Los partidos miembros de la coalición tienen también grandes diferencias ideológicas entre sí. El espectro va desde partidos históricos con más de 200 años hasta partidos recientemente formados, desde partidos estatistas hasta partidos neoliberales, desde partidos con sectores antimilitares hasta partidos que funcionan como lobby militar.” De esta y otras consideraciones concluyen con un pronóstico pesimista sobre la duración de la alianza.
No soy tan optimistas. Transcurridos 35 años desde la recuperación de la democracia ha corrido mucha agua bajo el puente, repitiendo el dicho popular “somos pocos y nos conocemos”. El pensamiento económico, social y el político del Dr. Lacalle Pou y del Herrerismo es conocido, ¿qué espacio hay bajo su conducción para el Wilsonismo que se expresara en “Nuestro compromiso con Usted” o para el “Batllismo” que promovió la inclusión social, la igualdad y el desarrollo industrial?, ¿desconocen esto los líderes de los distintos sectores del Partido Colorado y el Partido Nacional?, ¿no sabía Pablo Mieres que en el Proyecto de Ley de Urgencia se iban a incluir la reglamentación del derecho de huelga y un conjunto de normas que pueden ser utilizadas con el fin de coartar y reprimir la protesta social? Los dirigentes que se coaligaron bajo la conducción de Lacalle en el año 2019 sabían para que lo hacían, para sacar al Frente Amplio del gobierno, sí por supuesto, pero también para cambiar el rumbo de nuestro modelo de desarrollo económico y social, dándole más poder al “mercado” (eufemismo para decir las grandes empresas y la tecno-burocracia que gira en su torno) y menos a las grandes mayorías nacionales (ya sea que estas actúen a través del Estado, donde se supone se expresa la voluntad democrática de la ciudadanía, o a través de la movilización social). Y con este nuevo escenario poder resolver a favor de los primeros (o más a su favor podría decirse) el famoso asunto del “reparto de la torta”, o, dicho en otras palabras, a que bolsillo va a parar la riqueza que se genera en el país. No en balde el Poder Ejecutivo se llevó “aplauso, medalla y beso” cuando la Confederación de Cámaras Empresariales fue a dar su opinión sobre la LUC a la Comisión Especial del Senado. Lo que nos espera en estos cincos años son transformaciones institucionales de acuerdo con el programa de las grandes empresas, asistencialismo focalizado según los márgenes que permita el ajuste fiscal y atención particular a algunas corporaciones que forman parte de la base política y social que respalda al gobierno.
Así las cosas, sin duda que en el marco de los debates parlamentarios los distintos partidos de la coalición expresaron sus diferencias, tanto sea por convicción o como herramienta de presión y posicionamiento, y esas diferencias fueron funcionales a que prevalecieran en algunos casos las opiniones del movimiento social y del Frente Amplio, o por lo menos a mediatizar las intenciones originales del proyecto. Pero el factor fundamental de los cambios fue a nuestro juicio el segundo, la acción del movimiento popular que desde el primer momento expuso las características del proyecto y evito que algunos pudieran hacer, como lo han hecho tantas veces, la estrategia de el “Tero-Tero” (poner el huevo en un lugar y gritar en otro).
No desconocemos que existen contradicciones en la coalición, ya sea por concepciones, por tradiciones o por las disputas entre las corporaciones que expresan los partidos que la integran, y por supuesto por la lucha por los espacios de poder y la adhesión popular. Pero si tienen la capacidad de administrarlas, no veo razones de fondo para una inminente fractura. Y en todo caso, una eventual ruptura precoz (porque todos sabemos que oportunamente los Partidos de la coalición tomarán distancia para posicionarse hacia las elecciones del 2024 y disputar entre si el liderazgo político del bloque conservador), solo devendrá de la movilización social. Esto es, el distanciamiento de algunos sectores del bloque del gobierno no será el resultado de acuerdos de cúpula o transacciones políticas de mutuas concesiones, sino de que el rechazo de las políticas del gobierno alcance un nivel de adhesión tal en la opinión pública que fuerce a algunos dirigentes a tomar distancia para intentar salvar su caudal electoral. Por eso nuestra tarea es defender con claridad nuestros puntos de vista y propuestas, no arriar banderas y volver a poner pie en cada barrio.
Disputar la hegemonía en el territorio y con la gente. Contribuir con el desarrollo de la organización y la movilización política y social. Desde ese lugar no solo generaremos las mejores condiciones para defender las conquistas alcanzadas en estos quince años, sino también para recuperar el gobierno para el proyecto nacional y popular y abrir un nuevo ciclo de transformaciones, que no será “más de lo mismo”, no debe serlo, sino lo mismo y más.
José Nunes, Secretario de Relaciones Políticas, Partido Socialista de Uruguay
