Publicamos presentación de Fancap en el Parlamento con relación al proyecto de ley Urgente Consideración.
SEÑOR RODRÍGUEZ.- Buenas tardes a todas y todos.
Soy Gerardo Rodríguez, de la Federación de Funcionarios de Ancap. Muchas gracias por recibirnos.
Si me permiten, voy a centrar nuestra intervención en lo que fue la comparecencia del equipo de Gobierno, que vino a defender los artículos referidos a la desmonopolización del combustible y la Ursea.
Nos llama la atención la enorme inconsistencia que hay en esos argumentos. Si tuviésemos que calificarlos, diríamos que es un conjunto de ideas y argumentos incongruentes, caóticos e improvisados. ¿Por qué digo esto? Voy a dividir mi intervención en cuatro partes: voy a dar los argumentos que tienen que ver con lo político, con lo ideológico, con lo económico, y al final voy a hablar sobre esta incongruencia o inconsistencia que transversaliza el hilo argumental.
En cuanto a lo político, lo primero que quiero decir es que a nosotros nos parece un profundo error desconocer la voluntad popular expresada en el referéndum del año 2003, en el que el pueblo uruguayo expresó claramente su voluntad de mantener a Ancap estatal y pública, y el monopolio en manos de Ancap. Creemos que eso erosiona uno de los principios básicos de la democracia, que es el reconocimiento a la voluntad popular.
Con respecto a lo ideológico, primero me quiero referir a la soberanía. Indudablemente, desmonopolizar los combustibles, sacarle el monopolio a Ancap es herirla de muerte, es sacarle el corazón, y eso atenta contra la soberanía nacional. En la región hay un importante déficit de productos refinados. Esto lo manejó el señor ministro de Industria, Energía y Minería la semana pasada, reconoció que es así, pero argumentó que como Argentina, Brasil y Paraguay tienen el mismo problema, tampoco sería un problema para nosotros. Creemos que convertir una fortaleza en debilidad de ninguna manera puede ser un argumento válido.
Se dice que el espíritu de los cambios es tratar de favorecer al consumidor. Para la clase trabajadora la construcción de la sociedad debe ser desde la perspectiva del ciudadano sujeto de derecho y no del consumidor de mercado.
El señor ministro dijo que el actual régimen regulatorio no es eficiente porque no hay competencia. Y agregó: «¿Por qué queremos competencia? Porque, en general, eso genera eficiencia y hace que se puedan bajar los costos». Eso no es así; en ninguna parte del mundo la competencia se hace en base a precio, y mucho menos en los mercados de los combustibles, que tienden a ser muy concentrados. Si hicieran la competencia por precio, perderían las ventajas que les da, justamente, la concentración. Esto es lo que en Economía se conoce como la paradoja de Bertrand: si todos compiten por precio y todos empiezan a bajarlos, habría una tendencia a la renta cero, lo que perjudicaría a todos. La lógica que se sigue es la de un acuerdo tácito de mercado. Por lo tanto, afirmar que la competencia hace reducir las tarifas es una premisa errónea.
Se ha dicho que lo que se quiere es que Ancap sea competitiva y más abierta. Frente a esto nos preguntamos cómo se va a medir la competitividad y la eficiencia en empresas que, claramente, tienen roles y objetivos diferentes. La gestión de una empresa se debe medir en torno al cumplimiento de los objetivos que persigue. Un ente autónomo persigue el desarrollo humano: puede llevar adelante políticas públicas que permitan bajar el boleto, el supergás; impulsar un proyecto social que dé trabajo a más de 4000 familias; generar políticas que, de alguna manera, garanticen la equidad, posibilitando que se pague el combustible al mismo precio en todos los rincones del país. ¿Cómo se puede comparar esto con una empresa que persigue la renta? ¿Cómo se mide la competitividad? Parecería que se parte de la base que la competitividad está estipulada por una reducción de precios. Y esto es lo que va a terminar haciendo Ancap, si llega ese momento. Va a perder su esencia y no va a poder llevar adelante el objetivo para el que fue creada.
El ministro dice que se debe aceptar que existan importadores alternativos con los que Ancap deberá competir. En el Uruguay, por un tema de escala, resulta imposible que el mercado de los combustibles esté en competencia. No son los seguros ni las telecomunicaciones. O hay un monopolio público o, de lo contrario, un monopolio o un oligopolio privado. Una situación que se puede dar es que venga una multinacional y mediante una guerra de precios haga desaparecer a Ancap, fijando así las reglas del mercado. Y otra puede ser que, por ejemplo, se reúnan sectores agroexportadores y digan que van a importar gasoil. ¿Qué sucedería en ese caso? Indudablemente, Ancap tiene que refinar el conjunto de la canasta derivada del petróleo; de un barril de petróleo sale un 42 % de gasoil, un 35 % de nafta y los demás productos. No puede decir que no va a producir más gasoil y se va a dedicar a la gasolina. Por lo tanto, en este caso se produciría una sobreoferta de gasoil que debería malvender. Esto llevaría a generar condiciones para que Ancap desapareciera, porque esa sobreproducción de un producto haría que tuviese un resultado ampliamente negativo.
Frente a esto se abren dos posibilidades: Ancap desaparece o, por el contrario, decide bajar el precio del gasoil y competir con la empresa privada o grupo de importadores. Estaría compitiendo con el gasoil, pero debe determinar las políticas sociales a llevar adelante. Por lo tanto, ahí no se hace desaparecer a Ancap, pero se la transforma, en su lógica, en una empresa privada, por lo que se vacía de esencia el ente.
El ministro dice que Ancap tiene que jugar en la cancha grande y que existe demanda de combustibles en la región que está siendo abastecida desde Estados Unidos y el Golfo de México. Se pregunta, entonces, por qué Ancap no puede participar en el mercado mayorista regional. Esto muestra un desconocimiento enorme de la actividad por parte del señor ministro, porque Ancap no solo exporta ahora, sino que lo hizo toda la vida, desde hace 89 años. Antes de la pandemia vendíamos propileno y gasolina a la Argentina, es decir, no se precisa la LUC para que Ancap pueda exportar sus productos.
También dice el señor ministro que Ancap tiene cada vez menos demanda de fueloil, por lo que tendría que hacer una inversión importante en lo que se llama «conversión profunda».
Aquí se parte de la premisa real de que Ancap tiene problemas para colocar el fueloil, pero no es la conversión profunda –que cuesta USD 1.000:000.0000– la que va a solucionar el problema. Esto se puede arreglar con una planta de asfaltado, que cuesta USD 70:000.000 y tiene un retorno de USD 40:000.000. ¿Qué quiero decir con esto? Que en menos de dos años se recupera la inversión y después Ancap pasará a ganar USD 40:000.000 por año.
En lo económico, se afirma que importar combustible haría bajar los precios. Esta es una mentira repetida mil veces. No hay manera de que eso sea así. Por cada barril de petróleo que refina, Ancap gana USD 5, y refina 16:000.000 de barriles por año. Por lo tanto, tiene una ganancia anual aproximada de USD 80:000.000. Además, se lo compara con una metodología de la Ursea que es un ensayo teórico que tiene errores groseros, por ejemplo, no se incluye el costo de los biocombustibles producidos en Uruguay y tiene en cuenta solo seis productos de doce que produce Ancap. Es verdad que esos seis productos representan el 90 % de las ventas del organismo, pero el Estado tiene la obligación de garantizar el abastecimiento de todos los productos. No tendrían que importar sólo los seis productos que están en los cálculos de la Ursea, sino que los otros –que representan el 10 % de las ventas de Ancap– deben ser garantizados. Esa importación en pequeñas cantidades, en la globalidad del negocio, sería algo altamente oneroso para el país.
Es verdad que en 2016 la brecha entre el precio de paridad de importación –aunque esté mal calculado– y los costos de Ancap se agrandó. Indudablemente el ente pasó por la crisis más grande de su historia, pero es un error conceptual tratar de realizar reformas estructurales de fondo a raíz de una situación coyuntural que se dio en un momento determinado.
Veamos la inconsistencia de los argumentos del Gobierno. El ministro Paganini afirma que el estudio CPA Ferrere –que, según él, tiene mucha popularidad– en 2016 elaboró un informe que decía que las cadenas agroindustriales perdían USD 150:000.000 por el desvío de las PPI, y está de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo porque no se puede tomar un informe parcial para hacer un cálculo de la globalidad de un negocio. Es lo mismo que dijéramos que Uruguay ganó USD 100:000.000 porque compramos las garrafas de supergás más baratas. ¿Es verdad? Sí, pero lo que estamos analizando es solo una forma parcial del negocio y, por lo tanto, partiendo de esa premisa, no podemos llegar a una conclusión definitiva. Para hacer una comparativa más o menos seria, se debería tomar toda la canasta de productos derivados del petróleo producida en Uruguay versus la producida a nivel internacional, teniendo en cuenta no solamente los seis productos, sino los doce.
Creemos que hay mucha improvisación. Se dice que a la Ursea se le van a ampliar sus facultades para que pueda tener una reducción de los precios y un fortalecimiento a Ancap. También se señaló que luego de votada la ley el Directorio de la Ursea enviará un informe preceptivo al Poder Ejecutivo para definir cómo se marcarán las tarifas y que eso requerirá un importante cambio en la gestión de Ancap. Se dice que el modelo a seguir –en la propuesta del Gobierno– es el de Colombia y también el de Italia y España. En Colombia existe la Comisión de Regulación de Energía y Gas y, ¿saben qué? No fija los precios de los combustibles. Pueden entrar a la página de esta comisión y verán que lo primero que dice es que no fija los precios de los combustibles, sino que lo hace el Ministerio de Minas y Energía. También se dice que se va a seguir el ejemplo de Italia y España. Y, ¿saben qué? Si vamos a seguir estos ejemplos, con un euro a USD 1,08 y un dólar a $ 45 en Italia el litro de nafta súper cuesta $ 66 y el litro de gasoil $60,75 y, en España, el de súper cuesta $ 52,65 y el gasoil $ 47,70, por lo tanto, ninguno de los dos postulados se pueden cumplir fortaleciendo la Ursea ni haciendo caer el monopolio de los combustibles.
Por último, quiero señalar que al final de su primera intervención en esta comisión, el ministro dijo que su planteo no era atacar a Ancap sino darle alas para que vuele en la región. Esto, si se quiere –y lo digo con el mayor respeto–, me suena más a acto fallido que a afirmación. ¿Por qué? Porque se le quiere poner alas a Ancap, sí, pero para hacerla volar de la región, no en la región.
Gracias.
