En los últimos meses asistimos a una profundización de la estrategia imperialista impulsada por el gobierno de Donald Trump hacia América Latina y el Caribe. Nuestro Partido ha denunciado de forma sistemática la intromisión del gobierno de Estados Unidos en los asuntos de nuestra América.
A lo largo de la historia reciente, esta intervención ha adoptado múltiples formas: bloqueos económicos, intervenciones militares, sanciones unilaterales, presiones diplomáticas, injerencia en procesos electorales y el uso de la fuerza como mecanismo de disciplinamiento político.
En estos días se presenta una nueva expresión de esta política de dominación: el llamado “Escudo de las Américas”, iniciativa impulsada por Estados Unidos y a la que se han integrado 12 países del continente. Bajo la apariencia de una estrategia de cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico, esta propuesta pretende reinstalar una lógica de subordinación regional a los intereses geopolíticos de Washington.
La historia de América Latina demuestra que las llamadas “guerras contra las drogas” promovidas por Estados Unidos han tenido resultados profundamente negativos para nuestros pueblos. Lejos de reducir el narcotráfico, estas políticas han militarizado territorios, debilitado instituciones democráticas, multiplicado la violencia y afectado especialmente a los sectores populares. La experiencia regional muestra que la lógica de la guerra ha fracasado como estrategia para enfrentar un fenómeno complejo que tiene profundas raíces sociales, económicas y culturales.
En las últimas horas el Partido Colorado, y particularmente el senador Pedro Bordaberry, ha anunciado la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro. Más allá de los argumentos formales planteados por la oposición, advertimos que detrás de esta iniciativa se inscribe una ofensiva política liderada por sectores políticos subordinados a los intereses de Trump que buscan presionar para que Uruguay se incorpore al “Escudo de las Américas”.
Ante esas posiciones reafirmamos con claridad la soberanía del Uruguay y de toda nuestra América Latina. Las políticas de seguridad pública deben responder a las necesidades de nuestros pueblos y no a los intereses estratégicos de potencias extranjeras.
Durante el año 2025 nuestro gobierno ha desarrollado múltiples iniciativas en materia de seguridad y ha avanzado en la construcción de un Plan Nacional de Seguridad Pública, elaborado a partir del diálogo y la participación de organizaciones sociales, instituciones públicas, academia y partidos políticos. Este proceso expresa una convicción profunda: las políticas públicas se construyen desde nuestras comunidades, con participación democrática y con el objetivo de mejorar la vida de nuestra gente.
Nuestro país forma parte de una América Latina que ha luchado históricamente por su independencia y autodeterminación y ha depositado su confianza en los organismos de cooperación internacional ya constituidos. En ese camino, reafirmamos que la seguridad de nuestros pueblos no puede construirse bajo la lógica de la guerra ni bajo el tutelaje de potencias extranjeras, sino desde la cooperación soberana entre nuestros países y desde el compromiso con la justicia social y la democracia.
