Montevideo, 21 de setiembre de 2026
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista de Uruguay expresa su respaldo firme e inequívoco a la existencia, la continuidad, la especialización y la independencia de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.
Se trata de una institución imprescindible para avanzar en verdad, justicia y reparación frente a los crímenes cometidos durante la actuación ilegítima del Estado y el terrorismo de Estado.
Nuestras críticas se dirigen, en particular, a las declaraciones de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero. Consideramos que fueron formuladas con una liviandad incompatible con la gravedad del asunto, al reducir la evaluación del trabajo de esta Fiscalía a una simple comparación numérica de expedientes y poner en cuestión la necesidad de su especialización.
Esas declaraciones desconocen la complejidad de las investigaciones y pueden debilitar institucionalmente una política que el Estado uruguayo tiene la obligación de sostener.
También manifestamos nuestra preocupación por las decisiones que podían afectar el funcionamiento de la Fiscalía, en particular por el traslado transitorio de integrantes de su equipo hacia otras dependencias.
La fiscal de Corte subrogante dejó posteriormente sin efecto el traslado previsto para esta semana. Valoramos esa rectificación, porque evita una afectación inmediata de la capacidad de trabajo de la Fiscalía. Sin embargo, haber dejado sin efecto el traslado no modifica nuestra valoración crítica sobre sus declaraciones ni elimina la necesidad de establecer garantías duraderas para la integración, la especialización y los recursos de esta Fiscalía.
No estamos ante una oficina más dentro de la estructura del Ministerio Público. Esta Fiscalía investiga secuestros, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y delitos sexuales cometidos desde el aparato estatal. Son crímenes que lesionan a toda la sociedad, no prescriben y comprometen la responsabilidad del Estado uruguayo.
Su labor no puede evaluarse mediante una comparación superficial entre cantidades de expedientes. Se trata de hechos ocurridos hace más de cuatro décadas, con archivos ocultados o destruidos, pruebas dispersas, víctimas y testigos de avanzada edad y responsables que durante demasiado tiempo se beneficiaron del silencio y la impunidad.
Según la información difundida por el propio equipo fiscal, se trabaja en cerca de ciento cincuenta expedientes, tramitados bajo dos códigos procesales y distribuidos en todo el territorio nacional. Detrás de cada causa hay víctimas, familias que esperan respuestas y heridas que nuestro país todavía no ha podido cerrar.
La Ley N.º 19.550 dispuso que esta Fiscalía actuara de manera exclusiva en las causas vinculadas con las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el período establecido por la Ley N.º 18.596.
Por eso, desviar sus recursos humanos o incorporarle competencias ajenas a su cometido no constituye una modificación administrativa menor. Debilita la especialización para la cual fue creada y puede enlentecer procesos que ya han soportado décadas de demora.
La insuficiencia de recursos que afecta al conjunto de la Fiscalía General de la Nación es real y debe ser atendida. Las fiscalías que investigan homicidios, violencia sexual, narcotráfico y otros delitos graves necesitan más personal, presupuesto e infraestructura.
Pero esas carencias no pueden resolverse trasladándolas hacia otra área igualmente sensible. No corresponde enfrentar los derechos de unas víctimas con los de otras. El Estado debe responder ante todas.
También es indispensable que las decisiones sobre la integración de los equipos fiscales sean transparentes, estén debidamente fundadas y no den lugar a dudas sobre posibles represalias. Esa exigencia cobra especial relevancia cuando se trata de quienes investigan crímenes cometidos desde el propio aparato estatal.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y distintos organismos de las Naciones Unidas han señalado que Uruguay debe asegurar investigaciones eficaces, remover los obstáculos que perpetúan la impunidad y garantizar recursos suficientes.
Por estas razones, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista de Uruguay:
- Reafirma su respaldo a la existencia, la continuidad, la especialización y la independencia de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, y reconoce el compromiso de su equipo.
- Cuestiona la liviandad de las declaraciones de la fiscal de Corte subrogante sobre la actuación y la necesidad de esta Fiscalía, porque desconocen la complejidad de las causas y el deber del Estado de combatir la impunidad.
- Valora que la fiscal de Corte subrogante haya dejado sin efecto el traslado que podía afectar su funcionamiento, sin que ello implique retirar las críticas formuladas a sus declaraciones.
- Solicita garantías permanentes para la integración del equipo fiscal y técnico, evitando traslados o medidas que reduzcan su capacidad operativa.
- Rechaza la incorporación de competencias ajenas a las establecidas por la Ley N.º 19.550.
- Reclama información pública y transparente sobre la cantidad de causas, los recursos asignados y los criterios utilizados para adoptar decisiones que incidan en su funcionamiento.
- Exhorta a todos los organismos del Estado a colaborar plenamente con las investigaciones y a fortalecer la persecución penal de los crímenes de lesa humanidad con los recursos humanos, técnicos y presupuestales necesarios.
- Expresa su solidaridad con las víctimas, sus familiares y las organizaciones que, durante décadas, han sostenido con dignidad la lucha contra el silencio y la impunidad.
La impunidad no avanza únicamente mediante normas que clausuran investigaciones. También puede hacerlo a través de las demoras, la dispersión de responsabilidades, la pérdida de especialización y el debilitamiento de las instituciones encargadas de investigar.
La democracia se defiende buscando la verdad, investigando, juzgando y garantizando que nunca más el aparato del Estado sea utilizado para perseguir, torturar, desaparecer o asesinar.
Verdad, memoria, justicia y reparación.
Nunca más terrorismo de Estado.
Comité Ejecutivo Nacional
Partido Socialista de Uruguay
