La Asamblea de las Naciones Unidas definió que cada 15 de octubre se conmemore el Día Internacional de las Mujeres Rurales
En Uruguay, un día antes se presentaron los avances y compromisos en políticas públicas que se vienen impulsando a partir de una articulación entre la sociedad civil organizada y el Estado. Algunos de los temas sensibles tratados fueron el acceso de las mujeres a la tierra, la sensibilización en perspectiva de género del funcionariado en contacto con la población rural y, en general, la eliminación de las desigualdades.
El pasado 14 de octubre, la sede del Instituto Plan Agropecuario recibió a autoridades y representantes de la Red de Grupos de Mujeres Rurales, la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay, Comisión Nacional de Fomento Rural, Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Ministerio de Salud Pública (MSP), e Instituto Nacional de Colonización (INC).
El objetivo fue compartir los avances desde que el 15 de octubre de 2015, cuando en el departamento de Río Negro las organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado se reunieron en un encuentro nacional y generaron el documento “Voces de mujeres rurales organizadas: construyen una agenda nacional”, presentado el 8 de marzo de 2016 como un logro de articulación entre sociedad civil y Estado, a los efectos de marcar lineamientos para el trabajo con mujeres rurales. De esa forma se asumió el compromiso público de trabajar en forma mancomunada por el bienestar de ese colectivo, en un espacio público – privado que se denominó “Diálogo Mujeres Rurales” y está encargado de monitorear mensualmente el avance de la agenda.
Ocio y tiempo libre, salud, trabajo, acceso a la tierra, participación y organización y producción fueron los seis temas definidos para avanzar en la igualdad de género y derechos en el medio rural.
Desigualdades de género
Las mujeres habitan el medio rural poniendo su compromiso y fuerza de trabajo en la producción agropecuaria, en el hogar, en las comunidades y en las organizaciones. Sin embargo, ese trabajo cotidiano no siempre es visible y en muchas ocasiones se realiza en condiciones de desigualdad.
Algunas de las desigualdades que ellas quieren transformar son las que refieren al menor acceso a fuentes laborales y empleo, además de menores salario; menor acceso a la propiedad y uso de la tierra; menor acceso a la asistencia técnica y apoyos para la producción; menor reconocimiento del trabajo y del aporte económico que realizan en los predios de la producción familiar, menor acceso a cargos directivos y representativos en las organizaciones rurales y menor manejo de los recursos económicos familiares.
Se trata de desigualdades que son el resultado de procesos culturales en los cuales las familias, los equipos técnicos, las organizaciones y las políticas públicas tienen responsabilidades diferentes, pero responsabilidades al fin.
Titularidad compartida de la tierra
Algunos de los avances que se destacaron en el reciente encuentro tienen que ver con la cotitularidad o titularidad compartida para los nuevos arrendamientos de fracciones del INC. Porque en el campo las mujeres trabajan directamente en la tierra para llevar adelante la explotación familiar, pero no son reconocidas como productoras, lo que trae aparejado que sean desplazadas de la toma de decisiones y carezcan de un vínculo contractual que las ampare. De esta manera se limitan sus derechos sociales, al mantenerse desigualdades en el acceso, distribución y control de los recursos.
La cotitularidad implica que ambos cónyuges o concubinos sean reconocidos como titulares y responsables del arrendamiento de las tierras del INC. Se implementará cuando los dos miembros de la pareja dediquen la mayoría de su tiempo de trabajo al hogar y/o a la explotación productiva directa de la que provenga su principal fuente de ingresos, sean productores familiares o asalariados rurales.
Desde el comienzo de su instrumentación en 2014, el 60% de las nuevas adjudicaciones en arrendamiento a familias se realizaron bajo este régimen. En los últimos 10 años, el 22.7% shabía beneficiado a mujeres, mientras que si se considera el dato global històórico estas representaban solo el 11.2%.
Para el arrendamientos de predios, el INC prioriza a los asalariados rurales y productores familiares radicados en el medio rural y con conocimiento de la producción; a familias jóvenes y con hijos a cargo, que posean un capital acorde a la fracción que pretenden; desalojados, arrendatarios y productores familiares con poca superficie y aquellos vinculados a organizaciones de productores y asalariados rurales.
Sensibilización del funcionariado
Desde hace dos años, el INC también viene implementando una estrategia tendiente a la incorporación de la perspectiva de género en la institución, en consonancia con las políticas públicas que impulsa el Inmujeres y el MGAP a través de la DGDR.
Fruto de la articulación en el espacio Diálogo Mujeres Rurales durante el último semestre de 2015 y el primero de 2016, se realizó un curso de sensibilización en perspectiva de género aplicada al desarrollo rural para todo el funcionariado del INC que se vincula directamente con la población colona. En esa instancia fueron capacitados sesenta funcionarios y funcionarias de los equipos técnicos y administrativos del ente.
En el año en curso, el INC incorporó al a su presupuesto la mirada de género en diversos aspectos institucionales y otros que refuerzan la política pública. Entre estos últimos destaca la asignación de gasto especialmente a las mujeres con el fin de satisfacer sus necesidades concretas a través de la generación de una propuesta.
Se incluye la financiación de proyectos de colonas no financiados por el MGAP, a través del llamado “Somos mujeres rurales”; estimular la participación de ellas en los emprendimientos asociativos; dar seguimiento y evaluar la cotitularidad como herramienta política para el acceso, uso, tenencia y control de la tierra por parte de las mujeres; actividades presenciales de intercambio y discusión con el funcionariado respecto de la implementación de la cotitularidad; experiencias piloto de la cotitularidad con colonos y colonas que fueron adjudicatarios de tierras antes del 2015; mejora de la comunicación con la población beneficiaria (la familia colona); actualización de certificados, notificaciones, formularios, informes, mediante la utilización del lenguaje inclusivo; promoción de que tanto la inscripción en DICOSE como la declaración de productores y productoras familiares se realice en cotitularidad; incorporación a los diagnósticos socio-productivos de la planificaciòón de la colonización de un capítulo específico de la situación de las mujeres en el territorio.
De cara al 2017, el INC se propone avanzar en la elaboración de un protocolo de abordaje de situaciones de violencia basada en género con enfoque de generaciones, con el objetivo de contribuir a mejorar la respuesta en las colonias y sensibilizar a los equipos técnicos en el tema. Al efecto buscan la alianza de las instituciones que tienen trayectoria y especialización, como el Mides y el Instituto de la Niñez y Adolescencia del Uruguay (IINAU),c on quienes están coordinando acciones.
Financiación de proyectos
En el último llamado “Somos mujeres rurales”, realizado por la DGDR del MGAP, se presentaron 126 propuestas que incluían a 1.054 mujeres de todos los departamentos del país. A los efectos de la financiación, se seleccionaron 29 de ellas que involucran a 270 mujeres. De estas iniciativas, en 22 participan mujeres jóvenes. El financiamiento total dispuesto es de dos millones de pesos uruguayos.
Tres de los proyectos apuntan a la autonomía económica procesando materias primas y productos de la producción; 8 son de incidencia, visibilización y fortalecimiento de grupos de mujeres en su comunidad; 13 de producción agropecuaria; 2 de servicios agropecuarios y comercialización de la producción y 3 de turismo rural.
Servicios de salud
En representación del Ministerio de Salud Pùblica, la doctora Cristina Grela, responsable de la Dirección de Coordinación, puntualizó avances. Uno de ellos es que la mayoría de las mujeres rurales han sido reconocidas como trabajadoras o como parte del núcleo familiar, de forma que ingresaron al Seguro Nacional de Salud y mayoritariamente han elegido prestadores privados para su atención en salud. “Esto nos obliga, en el marco de la reforma de salud, a fortalecer los convenios público-privado a fin de cubrir a esa población donde sea que ella se encuentre”, destacó Grela.
A ese objetivo contribuyen las Rondas Rurales que, si bien tienen diferente tiempo de crecimiento y organización, alcanzan a todos los departamentos, siendo actualmente fuertes en los de San José y Colonia donde se encuentra el mayor número de pequeñas producciones y áreas lecheras. Esta herramienta de cercanía en los servicios de salud cubre la promoción y atención de las poblaciones en todo el proceso vital, incluyendo salud bucal, consumos problemáticos y salud mental, además de organizar encuentros rurales de salud.
Las situaciones de violencia doméstica en el campo también son contempladas a través de coordinaciones interinstitucionales departamentales. El embarazo adolescente, la salud sexual y reproductiva, el derecho al parto humanizado y la ligadura tubaria son igualmente temas de la agenda nacional y departamental.
Fuente: La República de las mujeres
24 de octubre 2016
