Escribe *Javier Gutiérrez
El 19 de julio de 2017 es un día histórico para nuestro país, porque en esa jornada comenzó la comercialización de cannabis en las farmacias, tal como lo establece la Ley de Regulación y Control del Cannabis.
Nuestro país ha venido transitando por un debate acerca de la conveniencia de la legalización de la marihuana, debate que propició el camino para que en el año 2013 se aprobara la Ley Nº 19.172, la que regula la producción y el consumo de marihuana.
Uruguay, junto a otros países de Latinoamérica ha sido uno de los impulsores de replantear la estrategia de la comunidad internacional para salir de un enfoque represivo y pasar a uno centrado en los derechos humanos y en la salud. La postura de nuestro país en los ámbitos internacionales, como puede ser el UNGASS 2016, plantea cambiar la lógica de la represión contra las drogas e impulsar un nuevo enfoque basado en la reducción de daños.
Uruguay sostiene, acerca del cannabis, que la medida más adecuada para proteger la salud pública y evitar que éste sea objeto del tráfico ilícito, es la regulación y el control del mercado. “La prohibición de su cultivo ha generado mayores inconvenientes a la seguridad y salud pública.” La prohibición ha incentivado el tráfico ilícito de marihuana desde otros países y ha conformado una red de organizaciones delictivas. Esto ha generado que los usuarios se expongan a situaciones de violencia y a otras sustancias.
“El país exhorta una revisión de la aplicación de las medidas prohibicionistas del cultivo de cannabis como respuesta para proteger la salud pública y evitar el tráfico ilícito. A su vez, aboga, al estudio conjunto de la regulación y el control del mercado de cannabis como alternativa plausible para el logro de los objetivos propuestos.”
En UNGASS 2016, el enfoque de los países latinoamericanos fue el de regular la producción y el consumo de sustancias, como ya lo hizo Uruguay con la marihuana, aunque muchos Estados se resisten a incorporar esta visión en sus políticas de drogas.
El ex Secretario de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, expresó en una entrevista que “la regulación de mercados es un punto de vista uruguayo que comienza a abrirse camino como una forma diferente para controlar y fiscalizar sustancias que hacen daño a la salud pública”… “nadie aspira, tampoco Uruguay, a que todo el mundo cambie”, sino que lo que nuestro país reclama es la apertura de un debate “serio” donde puedan intervenir todas las voces y “donde la comunidad internacional comience a flexibilizar un punto de vista muy rígido que se tiene respeto a la aplicación de las convenciones. Se debe admitir que hay una diversidad de políticas que siguen el mismo fin, que es la salud y el bienestar de la humanidad”.
La política uruguaya de legalización del cannabis se encuentra dentro de la línea de lo que plantean especialistas internacionales en cuanto al combate de los cultivos, llegando a la misma conclusión, en el entendido de que por más noble y justa que sea la política para disminuir la oferta de drogas, difícilmente se pueda obtener éxito de ese modo.
A su vez, hay que tener en cuenta que las drogas son una mercancía, que tienen una circulación en términos de consumo y ganancias, circulando además en un mercado ilícito generando ganancias importantes. Retirar del mercado ilegal la comercialización de la marihuana puede permitir que haya un nuevo enfoque orientado en la reducción de riesgos y daños.
La Ley 19.172 se encuentra en consonancia con lo que plantea T. Babor en una de sus conclusiones, entendiendo que si la droga es ilegal, la aplicación estricta de la ley y el encarcelamiento no producen beneficios adicionales. En ese sentido, Uruguay ha entendido conveniente, mediante la Ley 19.172, regularizar la producción y el consumo de marihuana, dado que permitirá trabajar sobre aspectos vinculados a lo que en la Estrategia Nacional para el abordaje del problema Drogas 2016 – 2020 se ha llamado Justicia y Convivencia. Allí se plantea descriminalizar el consumo y la posesión personal de drogas, y el principio de proporcionalidad de las penas. También se plantea promover medidas alternativas a la privación de la libertad, desarrollando planes y programas de inserción sociolaboral y educativa. El artículo 1º de la ley 19.172 establece que se declara de interés público el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los usuarios problemáticos de drogas. Sin dudas, que esta ley privilegia el enfoque de salud pública y derechos humanos sobre los aspectos represivos, que no producen grandes beneficios para la política de drogas.
Por último, quiero plantear una gran dificultad que entiendo puede tener la aplicación de esta ley y que puede afectar lo que hemos venido describiendo en este artículo. Este aspecto es la comercialización.
Si desde el Estado no se garantiza que la comercialización se accesible de igual forma a todos los ciudadanos del país, difícilmente la ley pueda aplicarse en su totalidad, debido a que si un ciudadano de una localidad no tiene acceso a una farmacia que le provea de la marihuana, difícilmente se traslade y recaiga en el mercado ilegal para adquirirla.
Aquí el Estado uruguayo tiene un gran desafío, la solución de este problema puede hacer que la ley no fracase. Por eso, desde el ámbito de la Junta Departamental de Drogas hemos promovido un encuentro entre las autoridades de la JND e IRCCA con los farmacéuticos locales, esperando que la gestión tenga éxito y se pueda desarrollar a cabalidad la política impulsada desde el Gobierno Nacional.
Edil Departamental – Licenciado en Ciencia Política – UDELAR
