Escriben Maximiliano Santos y Karina González | Agrupación de Educación
La iniciativa popular del Referéndum para derogar la LUC, da lugar a una instancia que consideramos fundamental por dos motivos. Por un lado, es evidentemente una oportunidad material de frenar la arremetida neoliberal en lo económico y conservadora en lo político del presente gobierno. Por otro, es una instancia que abre la posibilidad de discutir el sentido de lo Público, concepciones del rol del Estado y de los derechos de las personas.
Hoy nos convoca el debate sobre la Educación, motivados en particular por el cruce de visiones surgido, sobre si la sección III de la LUC es privatizadora. Algunas reflexiones realizadas por el Dr. en Educación Pablo Martinis, nos parecieron muy valiosas para pensar en qué términos se encaminan los debates tanto en Uruguay como en el mundo actualmente:
“se ha establecido un clima de época profundamente conservador, que tiene como uno de sus puntos centrales el debilitamiento del espacio público, del debate, de la discusión profunda, argumentada en términos democráticos. ¿Y por qué se está viendo sustituido el espacio público? Por una lógica donde el debate deja de ser político entre argumentos y lógicas contrapuestas, pasando a ser moral: entre quien cree poseer la verdad y quien puede por lo tanto, acusar a quien no está de acuerdo con él, de ser mentiroso. Organizar el debate político desde el registro moral, es profundamente peligroso para la democracia.”
(10/11/21, Taller de formación. AEBU)
La semana pasada, cuando este tema se colocó particularmente sobre la mesa, no faltaron ataques del oficialismo, a quienes consideramos que la LUC posee una clara política desestatizadora de un bien público y derecho humano. Como referimos previamente, adherimos a la visión de que estos ataques dañan el debate público y queremos responderles con argumentos, que detallaremos más adelante.
Actores de gobierno una y otra vez nos acusan de mentirosos, llegando al absurdo de que el McCarthy uruguayo -Felipe Schipani- despotricara contra investigadores/as del Instituto de la Educación de nuestra Universidad de la República, rebajando el debate el propio presidente de la comisión de Educación de la Cámara de Representantes.
Dirigentes del Frente Amplio, realizaron declaraciones con diferentes matices sobre el carácter privatizador de la sección III. En ese marco, la prensa prefirió titular que un frenteamplista “contradice” a otro. El terreno del debate de ideas fue llevado una vez más a la confrontación de personas. Entendemos en este caso también, que lo que deben ponerse en juego son los argumentos, por eso compartimos un fragmento de la entrevista realizada al compañero Prof. Gonzalo Civila por Radio Universal:
Gonzalo – Yo creo que la privatización de la educación está referida en artículos de la LUC, en tanto y en cuanto hay un avance privatizador, en algo que se ha dado en llamar, no sólo acá en Uruguay sino en el mundo “privatización endógena”. Es decir, se introducen lógicas privatizadoras, dentro del sistema educativo, lógicas de lo privado, dentro del sistema de educación pública. Y esto no es para gestionar mejor, esto tiene una consecuencia que es la exclusión, porque en definitiva las lógicas de lo privado, las lógicas mercantiles no son lógicas en las que todos y todas estén incluidos en relaciones de igualdad. Entonces cuando se instalan modelos gerencialistas, cuando se recorta la participación social, cuando se suprimen referencias a la no mercantilización de la educación en las normas, hay un avance privatizador indudable, así que no hay ninguna falsedad.
Entrevistador – O sea, ¿no le pesa decir que la LUC privatiza la educación?
Gonzalo – No, para nada.
(9/11/21, Entrevista 970 Universal)
En este mismo sentido, fueron las expresiones del compañero Senador Ec. Daniel Olesker una entrevista televisiva:
Entrevistadora – La LUC no dice que se va a privatizar la educación.
Daniel – Depende lo que tu entiendas por privatización, porque hay dos formas de privatizar. Una es vender activos, como fue la ley del 92. La otra es introducir la lógica privada en un servicio público. Yo creo que esta Ley, en la medida que elimina el Sistema Nacional de Educación Pública y lo sustituye por un Sistema Nacional de Educación, incluye en la dirección del sistema educativo al sector privado, es una ley que incorpora la lógica de lo privado.
(8/11/21, Entrevista Desayunos informales)
Estos posicionamientos políticos qVue recogemos, tienen su correlato en la producción de académicos nacionales y también del exterior. Tomaremos en particular algunas valoraciones de la Dra. en Educación Eloisa Bordoli y el Dr. Pablo Martinis, vertidas en el reciente taller que realizaron en AEBU.
Para Eloisa con la LUC “se pone en juego una concepción de educación como derecho humano, inalienable, que nos corresponde en tanto tales y que no puede ser enajenado; con una concepción restrictiva de la educación como un servicio”. Para ella la eliminación de los consejos CEIP, CES y CETP y así la representación docente, “supone como diversos investigadores a nivel internacional han señalado, un modelo gerencialista a la interna de la propia educación pública. Lo que implica por ejemplo para un investigador inglés Stephen Ball, modalidades endógenas de privatización”.
Pablo por su parte, refiere a que recientemente se ha abonado el discurso de que “sólamente se puede hablar de lógicas de privatización si estas se encuentran ubicadas en la idea tradicional de educación, en la venta del activo”. Pero que entiende que esta es una lógica muy engañosa. Que la LUC no incorpore esta idea tradicional, no anula su potencial privatizador. Es más, plantea que es coherente con las lógicas de las reformas de los últimos 20 años en el mundo.
Estas se proponen
“Proveer mecanismos a través de los cuales, distintos ámbitos de lo social, vayan progresiva, paulatinamente funcionando de acuerdo a las lógicas propias del mercado. (…) El movimiento tiene que ver con introducir, lógicas propias de los ámbitos mercantiles en la educación pública, asemejar cada vez más las formas de organización, de planificación, de evaluación, de asignación de recursos, de gobierno, de la educación pública a los mecanismos propios del mercado pero va a seguir siendo educación pública, porque lo que se está disputando es el sentido de lo público.”
A continuación, queremos complementar estas valoraciones con los aportes de Stephen Ball y Deborah Youdel, quienes en su trabajo “La privatización encubierta de la educación pública” de 2008, exploran estas diferentes caras de las iniciativas privatizadoras de la educación. Nos parece clave su aporte conceptual que abona la existencia de estas dos tendencias, a las que ya reiteradamente hemos acudido: Por un lado la privatización endógena, que es la que definen como “…la importación de ideas, métodos y prácticas del sector privado a fin de hacer que el sector público se asemeje más a una empresa…”(2008: 15). Por el otro, la privatización exógena que implica la “…apertura de los servicios de educación pública a la participación del sector privado, a través de modalidades basadas en el beneficio económico, así como recurrir al sector privado para la concepción, la gestión o la provisión de diferentes aspectos de la educación pública.”(2008: 15).
La privatización artículo a artículo
En este espacio, tomando como marco los aportes políticos y académicos reseñados, referiremos a algunos de los artículos donde estos procesos abordados se hacen más evidentes.
a- Acuerdos con organizaciones que ven la educación como mercancía
Ley de Educación 18437 (2008) prohibía hacer acuerdos con Estados u organizaciones que alienten la mercantilización de la educación. La LUC a través del artículo 129 elimina esta prohibición. ¿Por qué lo hace? Evidentemente que es porque esto habilita a trabajar con empresas, adoptando sus lógicas organizacionales, poniendo en juego los recursos públicos, todo en nombre de la mejora, la calidad y la eficiencia. Sin embargo, los fines y concepción de la educación que ostentan las empresas, difieren de los de las instituciones públicas. Esto sin dudas hace que lo que concebimos como un derecho pueda convertirse en mercancía y, en este artículo tan explícito pensamos que es uno de los puntos claves para proponer esta interpretación.
b- La participación del sector privado en la toma de decisión
La LUC mediante el artículo 183 elimina la palabra “Pública” de la “Coordinación del Sistema Nacional de Educación Pública”. Este cambio cuestiona la primacía del sector público como rector y la educación como bien público, al compartir su espacio con quienes la conciben como servicio. Con el artículo 185, equipara instituciones públicas a las privadas en órganos de coordinación, aumentando la participación de instituciones con fines de lucro de forma desproporcionada en espacios de toma de decisión nacional. Es impactante ver que la educación privada, representa una fracción pequeña de la educación nacional, cuestión que no se refleja en la participación que este gobierno les concede.
c- El gobierno de la ANEP incorpora lógicas de gestión privadas
Los artículos 148, 155 y 156 realizan una reestructura de la Administración Nacional de Educación Pública con una lógica concentradora del poder en pocas manos. Establece la eliminación de los consejos CEIP, CES y CETP, los cuales los sustituye por órganos unipersonales. La designación de un/a Director/a General, al frente de cada subsistema, se realiza en nombre de la eficiencia y se estigmatiza la participación social. La educación adopta un modelo gerencialista, lo que es una seña indudable de privatización endógena.
Los artículos 151 y 152 eliminan el requisito de tener 10 años de experiencia laboral en la Educación Pública, para integrar los máximos organismos de conducción de ANEP. Esto fomenta el arribo de personas con desconocimiento de la estructura y el ingreso de personas que proceden del mundo empresarial.
El artículo 193, plantea crear un nuevo estatuto docente de ANEP, con el que las direcciones de centros educativos elegirán a sus docentes y darán compensaciones económicas en base a criterios subjetivos. Esto es una nueva muestra de la incorporación de lógicas de gestión privada, como es el caso de los incentivos por productividad, la afinidad, la diferencia de remuneración a una misma tarea, los cuales pueden ser admisibles en lo privado pero implican vulneración de derechos laborales en lo público.
Con el artículo 198 se renuncia al proyecto de creación de la Universidad de la Educación, creando “Procedimiento voluntario de reconocimiento del nivel universitario de carreras de formación docente impartidas por entidades públicas no universitarias” en el MEC. El mismo se basa en que los centros educativos públicos presenten su aspiración a ser universitarios y compitan entre ellos para lograrlo. Esto es claramente introducir lógicas empresariales a lo público debido a que promueve la existencia de formaciones en educación de diferente calidad en lo público, descartando la idea de generar una política de Estado e introduciendo la competencia como forma de llegar a mejores propuestas.
d- Uso de recursos públicos para financiar propuestas privadas
Finalmente, con el artículo 171, crea becas para formación en educación universitaria. Este artículo es privatizador ya que no existe formación en educación universitaria pública. Por lo tanto, todas las becas irían para el sector privado. El Estado financia la educación privada con fondos públicos, siendo esto similar a un sistema de vouchers educativos. Esta idea tiene sus raíces en sendas propuestas manejadas en los 90 por algunos referentes del gobierno. En este caso, la privatización puede clasificarse como exógena a nuestro juicio.
En síntesis
Reivindicamos la oportunidad de debatir de estas cuestiones profundas, como aspecto fundamental de cara a lograr el triunfo en el Referendum, pero también como ejercicio democrático y aporte para dar la batalla cultural que sigue siendo el gran debe de la izquierda uruguaya.
Creemos que la reducción del concepto de privatización a la idea tradicional de venta de activos, es una forma de desestimar el debate, desconociendo la producción teórica y banalizando los alcances de la Ley. Por ello nos parece clave que referentes políticos, académicos y militantes de base como cualquiera de nosotros/as, pueda poner al servicio del pueblo estas conceptualizaciones, que describen con mayor profundidad las formas de privatización.
Sin dudas, la LUC tiene como protagonista a la privatización endógena, a lo largo de toda la ley. En el caso de la sección III de educación, hemos intentado dejarlo en claro con el análisis de muchos de sus artículos. A su vez, entendemos que la privatización exógena también se presenta, en los casos en que los recursos públicos pasan a ser destinados a la financiación de emprendimientos privados.
Por último, más allá de las conceptualizaciones y los ejemplos, queremos detenernos en que todo esto sucede en un contexto de crisis social y económica en que se recorta el presupuesto a la educación pública. Los y las estudiantes que eligen lo público para poder ejercer su derecho, pasan a estar a merced de los vaivenes del mercado, lo cual es muy preocupante. Por todo esto y por nuestras convicciones socialistas, hoy y siempre defendemos que la Educación es un derecho, no un producto que unos compran y con el que otros se enriquecen.
Referencias:
Entrevista a Gonzalo Civila – Radio Universal https://970universal.com/2021/11/09/gonzalo-civila-contradice-a-fernando-pereira-la-luc-privatiza-la-educacion-no-me-pesa-decirlo/
Entrevista a Daniel Olesker – Desayunos Informales
Taller de formación: La LUC y la educación, privatización y otros efectos negativos. AEBU. Panelistas: Eloisa Bordoli y Pablo Martinis. https://www.youtube.com/watch?v=auqS9VB5ZN8&t=2918s
Stephen Ball y Deborah Youdell (2008). La privatización encubierta de la educación pública. Universidad de Londres, Bruselas.
