Escribe Pablo Oribe
La Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos aprobó el plan de rescate y estímulo económico de 1.9 billones de dólares impulsado por el presidente Joe Biden y aprobado previamente por el Senado. El ambicioso plan de Biden tiene pocos antecedentes en la historia de ese país: aumento del salario mínimo, pago por desempleo y un plan de salud para trabajadores despedidos por 18 meses.
EEUU no es el único país que respondió a la crisis aumentando la presencia e inversión pública. Alrededor del mundo, la pandemia revirtió la tendencia sobre la inversión social e impulsó un cambio en la concepción del Estado y el rol que éste debe jugar en momentos de crisis.
Se trata de la mayor expansión del Estado de Bienestar de la que se tenga memoria. En 2020 se crearon más de 1.600 nuevos programas de protección social en el mundo. La inversión total en seguridad social alcanzó los 60 billones de dólares. Esto implica 4 veces la ayuda que los países brindaron durante la crisis financiera de 2008/2009.
Es un cambio de tamaño, pero también de forma. Los nuevos planes de estímulo incluyen nuevos sectores de la población, como los empelados autónomos en Estados Unidos, e implican una asistencia directa a los individuos a través de, por ejemplo, beneficios por desempleo y transferencias de dinero.
Estos cambios marcan un contraste claro con el rol que jugó el Estado en las décadas anteriores.
El Estado de Bienestar, entendido como un contrato social por el que el Estado interviene para aliviar la pobreza y ofrecer seguridad social, se afianzó con la crisis de los 30’ en EE.UU y la segunda posguerra europea.
En los 70’, tuvo lugar un nuevo cambio de concepción, por lo que el Estado de Bienestar se redujo dando lugar al neoliberalismo. Esto implicó menores beneficios sociales, incentivos para las empresas y flexibilización del mercado laboral de modo que sea más fácil despedir empleados.
La discusión sobre la necesidad de ampliar el rol del Estado se venía dando desde antes del Covid19. Cómo sucedió con muchas otras cosas, la pandemia aceleró la discusión.
En el marco de ese debate, es fundamental entender que los fondos destinados al capital humano, salud, cuidado de los niños, formación de los trabajadores y readaptación, constituyen una inversión para el desarrollo del país, en lugar de un gasto a ser atenuado.
Mientras tanto en Uruguay…
Decía más arriba que la pandemia aceleró debates y discusiones sobre el rol del Estado, y que gobiernos con ideologías distintas construyeron políticas públicas orientadas por un Estado robusto, propositivo y potente. Estos debates y estás políticas no llegaron a Uruguay. No solo la estrategia del gobierno uruguayo parece ir en sentido contrario, sino que además ha tratado de naturalizar sus decisiones políticas como las únicas posibles.
El gobierno de Luis Lacalle Pou apuesta por un Estado pasivo, que reduce su actividad a la espera de que el mercado se recupere apoyado en los capitales más eficientes en un contexto de menores costos para las empresas. Ocurrida esta recuperación, se espera que el crecimiento derrame al resto de la economía.
El gobierno presenta las medidas adoptadas como las únicas posibles. Sin embargo, la experiencia internacional va en sentido contrario. El presidente, prisionero de su ortodoxia liberal, no logra tomar conciencia de las particularidades excepcionales de este momento histórico. Las escasas medidas anunciadas palidecen en magnitud con las de otros países en cualquier comparación que se haga y demuestran estar muy lejos de las urgentes necesidades de la sociedad. La mayoría de ellas se han centrado en postergación de vencimientos para pagos de tributos, ampliación de líneas de crédito para empresas o distribución de canastas de alimentos. Además, se establecieron impuestos a los funcionarios públicos, se mantuvieron los incrementos de tarifas, incluso por encima de la inflación y se recortó fuertemente el presupuesto para salarios públicos, salud, educación e investigación.
Desde la oposición, hemos venido realizando propuestas alternativas para que los costos de la crisis no la paguen los trabajadores, pequeños empresarios y propietarios urbanos o rurales. Creemos que es absolutamente prioritario redefinir medidas que busquen evitar el sufrimiento social, inyectando recursos en los sectores más afectados por la crisis, por medio de políticas públicas que, además de apuntalar los ingresos de la población, contribuyan al sostenimiento de actividades de alta generación de empleos. El mantenimiento del tejido productivo también requiere de un Estado más presente y activo.
Nada de esto parece ser relevante para el gobierno, que sigue con su estrategia de ajustar el gasto público y de bajar salarios, para apoyarse en las grandes empresas y esperar que ocurra del derrame.
La posición de Lacalle Pou hace recordar el famoso slogan de Margaret Tatcher, “No hay alternativa”, que inició el desguace del Estado de Bienestar en los años 70’.
Las medidas implementadas en Uruguay no son naturales, ni las únicas posibles, tampoco el presidente está obligado a tomarlas.
Mientras en el mundo se revisa el rol del Estado en las crisis y se implementan nuevos programas de ayuda, el gobierno uruguayo considera que la protección social es un gasto que hay que contraer, en lugar de una inversión a largo plazo para un país más justo e igualitario.
