Por Agustín Brignone y Carla de Mello
Miembros del equipo de seguridad y convivencia de la JSU
En un continuo avance de la pandemia del Covid 19 en nuestro país, las autoridades de gobierno poco parecen preocuparse por tomar medidas para enfrentar la situación, al menos para las clases populares.
Así lo demuestran por ejemplo los últimos datos publicados por el Ministerio de Economía acerca del gasto público imputado al COVID 19 de los últimos 6 meses, que apenas ronda el 0.8% del PIB. No resulta algo novedoso, en junio la CEPAL nos ubicaba como el país con menos inversión social en América Latina en el marco de la crisis por la pandemia.
A este contexto de retiro de las funciones sociales del Estado, se le suma el recorte presupuestal que propone el gobierno en el proyecto de presupuesto para los próximos 5 años que está siendo discutido en el parlamento, configurando claramente un panorama de cercenamiento de los servicios esenciales para todas las personas, principalmente para aquellas que no pueden resolver en el mercado las satisfacción de las necesidades más básicas.
En paralelo a este proceso, asistimos a un incremento de la intervención policial de carácter represivo sobre estas mismas clases sociales, el último hecho fue lo ocurrido hace pocos días en la plaza Liber Seregni en Montevideo, donde la policía excusada en disolver una aglomeración reprimió violentamente a un grupo de personas que se encontraba en este espacio en el marco de una presentación de una cuerda de tambores. Pese a los intentos de relativizar y justificar esta situación por parte del propio Ministerio, acompañado por algunos medios de comunicación, se desprende claramente de los videos que circulan y de las declaraciones de quienes allí estaban como de varios vecinos de la zona, que la policía llegó al lugar con una clara intención de reprimir la manifestación cultural, y no de disuadir la aglomeración como argumenta el gobierno.
Tanto es así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA declaró públicamente estar atentos y tomar nota con preocupación respecto a información recibida sobre varios operativos policiales ocurridos en nuestro país de supuesta disuasión a eventos culturales y sociales. Nadie que conozca, aunque sea mínimamente el panorama político de Latinoamérica podría decir que la OEA utilizaría información falsa para atacar a un gobierno de derecha.
En este sentido, una aclaración necesaria, no se trata de focalizar el análisis en el rol de las fuerzas policiales en la sociedad uruguaya y criticar su accionar, claramente a lo largo de la historia este rol siempre ha estado más ligado a la represión del pueblo y específicamente de la izquierda que disuadir el delito y proteger a la sociedad.
Por otro lado, lo que importa visualizar en este análisis es la perspectiva del poder de quien da las órdenes a estos cuerpos, quien decide la línea política de intervención. Es en este encuadre que entra al juego el Ministerio del Interior y su conducción política en manos de Jorge Larrañaga.
Ya argumentamos sobre cómo la política del gobierno tiene un claro sesgo de clase, particularmente, la política aplicada en el Ministerio del Interior opera en una línea orientada a reprimir a las clases populares.
Sin embargo hay otra serie de aspectos para pensar de la política de seguridad, en lo que va de este primer año de gobierno los homicidios siguieron aumentando, los casos de violencia basada en género siguen creciendo, el contexto de pandemia que obliga a permanecer más tiempo en el ámbito doméstico contribuyó a que estas situaciones se agravarán, sin embargo no hubieron acciones para abordar dicha problemática.
La situación de la seguridad pública ha sido el caballito de batalla de la coalición del actual gobierno, en gran medida, el discurso que instalaron de una sociedad bipolarizada, enfrentando a las personas entre sí e instaurando una idea de lucha o batalla poniendo el foco del fuego en las clases populares y la cultura no ha hecho más que aumentar la violencia en la sociedad.
Pero esto no es nuevo, no comienza con el nuevo gobierno, anteriormente ya hemos sufrido embates de todo tipo, ya podíamos ver el camino, peligroso, que el Ministerio y el gobierno en su conjunto iban a seguir, en primera instancia con el referéndum llevado adelante “Vivir sin miedo” con en el cual el actual ministro se embanderó y la ciudadanía rechazó. No obstante hoy en día y en contra del pueblo muchos de los artículos rechazados los llevó adelante y los sufrimos en la LUC y próximamente en el presupuesto nacional.
Por otro lado, somos testigos de expresiones de prepotencia y “guapeza” características propias ya conocidas de Larrañaga pero que son totalmente impropias e inaceptables de un Ministro. La forma que encara Jorge Larrañaga y la forma en que gran parte del gobierno acuña y defiende estas prácticas, como es la destitución del Jefe de Policia Erode Ruiz, por el hecho de coordinar acciones con un ex jerarca del Frente Amplio, generan preocupación y demuestran una vez más que la atención de la dirección del Ministerio del Interior es la imagen política, que quieren mostrar, y no la seguridad y la convivencia ciudadana, como el actual Ministro decía de su antecesor y de los gobiernos anteriores, falta voluntad política.
No estamos pidiendo la renuncia del ministro, vale la aclaración antes de que nos acusen de antemano, por lo menos no por el momento, pero ya es hora de que el ministerio tome el rumbo que el país en toda su expresión necesita, rumbo que integre a toda la sociedad y sea garante de derechos, un accionar en políticas de seguridad integradoras entre las instituciones que pongan el énfasis y la atención en el verdadero problema, la estructura de nuestra sociedad.
