Violencia doméstica: aumentan denuncias y judicialización
Autoridades del Ministerio del Interior destacaron los avances en la identificación y seguimiento de personas en riesgo de sufrir violencia doméstica que poseen medidas cautelares de la justicia. También se optimizó la judicialización de los casos desde 2015, lo cual “reforzó el trabajo de las unidades especializadas en los casos de monitoreo”, puntualizó la gerenta de Gestión de esa cartera, Gabriela Valverde.
“Identificar y dar seguimiento a situaciones de riesgo en casos de violencia doméstica con medidas cautelares es la meta siete del Ministerio del Interior”, explicó Valverde, en entrevista con la Secretaría de Comunicación Institucional. Este ítem fue sugerido al ministerio por el presidente Tabaré Vázquez, quien sigue de cerca esta problemática.
Los responsables son el director y el subdirector departamental de Violencia Doméstica y Género de Montevideo y Canelones o los encargados de Unidades Especializadas de ambos departamentos, añadió la gerenta del Área de Gestión y Seguimiento Presupuestal.
“Los guarismos que estamos recogiendo son positivos. Así como también mejoramos la judicialización de los casos de violencia doméstica desde 2015 (meta ocho de la cartera), que es un compromiso institucional y forma parte de las metas que sigue el presidente de la República”, precisó. Esto significa que, llegada la denuncia, se dé cuenta enseguida al juez y se establezca una disposición a seguir para permitir la medida cautelar.
“Habíamos constatado que muchas denuncias no eran judicializadas por diversos motivos. Con lo cual, la cantidad de medidas cautelares necesarias eran menores que las que se establecían. Al mejorar la judicialización, se reforzó el trabajo de las unidades especializadas en los casos de seguimiento”, puntualizó.
La meta a alcanzar es el 50 % mensual; al menos un tercio de los casos tiene que contar con seguimiento presencial. Si llega a ese guarismo, los responsables cobran el 100 % de la partida adicional, si alcanza entre un 40 % y un 50 % cobran la mitad, y, si es menor o igual al 40 %, no tienen derecho a la partida.
Para el caso de la meta ocho, referida a la judicialización de denuncias, el rango de cumplimiento para cobrar el 100% de la partida es mayor o igual a 98%, entre 98 y 95%, tienen derecho al 40%, y, si es menor a 95%, no cobran.
El seguimiento se realiza a través de entrevista telefónica o personal, según el riesgo evaluado. Además del mínimo de un tercio de entrevistas presenciales, en todas debe quedar constancia de los factores de riesgo existentes. En caso de no ser así, se tomará como no cumplida esa meta.
Fuente: La República
22/8/2017
