Río Negro, al igual que el resto del país comenzaba a sortear los primeros días de marzo con una emergencia sanitaria declarada por el Gobierno a partir de la aparición de los primeros casos de personas infectadas y comienzo de la propagación del COVID 19. Preocupados, fuerza política y gobierno departamental por la falta de un mensaje nacional con la claridad de transmitir seguridad y estabilidad, desde una mirada a largo plazo y entendiendo desde entones, debían extremarse las medidas tendientes a dar protección a sectores más vulnerables de la sociedad y a los/as trabajadores/as, incluyendo a aquellos cuentapropistas, carentes de la necesaria cobertura de seguridad social y acceso a las medidas compensatorias por la pérdida de sus ingresos habituales.
El accionar del Gobierno Departamental no se hizo esperar y se tradujo en una acción política institucional decidida, liderada por nuestro Intendente, el Arq. Guillermo Levratto, en el marco del Comité departamental de emergencia y con el enorme compromiso y disposición del resto de las instituciones del departamento, tales como Municipios, Junta Departamental y Comisiones especiales, dando un claro mensaje de iniciativa, orden y solidaridad social a través del Plan de Respuesta Organizado de Atención (PROA) a la emergencia, con una clara gestión territorial departamental.
Ratificaba con hechos el compromiso de trabajar y coordinar desde todos los ámbitos – institucionales, políticos o de la sociedad civil organizada-, para mitigar en todo lo posible los efectos de esta pandemia; reafirmando el pacto social contraído con la ciudadanía en 2015.
Celebrábamos entonces la universalidad del derecho a la salud y la red de contención del Estado generada a través de Mides y sus distintos programas; así como el trabajo coordinado desde el gobierno nacional en el último período, con la Intendencia Departamental de Río Negro y que ha permitido mediante esa articulación, crear músculo y optimizar la asistencia, llegando con prontitud a quienes más lo necesitan.
Consientes que esta realidad requiere desde la óptica de un gobierno responsable y comprometido con las verdades urgencias de la gente, pensar desde el primer momento y con celeridad y entendiendo que las demoras en adoptar una hoja de ruta, trae indefectiblemente altos costos sociales; se eleva a consideración de la Junta Departamental una serie de medidas tendientes a dar solución a problemas originados por la pandemia y sus implicancias económicas.
Este proyecto contemplaba por un lado, un conjunto de beneficios tributarios ante la emergencia que pretendía aliviar a quienes transitan dificultades para cubrir sus obligaciones con la Intendencia y, por otro lado, una batería de acciones que posibilitaría una rápida reactivación económica para el Departamento.
El primer grupo contemplaba acciones como exoneración de contribución Inmobiliaria Urbana a quienes fueron despedidos o enviados al seguro de paro, a quienes perciben ingresos inferiores a 3 BPC y a micro y pequeñas empresas; exoneración de tasas de construcción para viviendas económicas y construcciones menores, exoneración de costos a feriantes y extensión del plan de refinanciación de adeudos entre otros.
En cuanto a las medidas de reactivación económica propuestas, iban desde exoneración del precio al uso del espacio público (mercadería en las veredas) para micro y pequeñas empresas y a cartelería publicitaria y banderas a empresas locales; prorrogas de contratos de concesión que otorgarían la chance de continuar trabajando luego de un año difícil; hasta venta de determinados padrones para contribuir al Fondo de Gestión Territorial y que posibilitaría obras de infraestructura, espacios públicos y programas de reactivación económica.
Es importante puntualizar dos cosas: la primera de ellas relacionada con el hecho de que ésta última medida contribuiría con un 80% de los planes de reactivación propuestos y la segunda, poner de manifiestos que fue votada negativamente por la bancada entera del Partido Nacional, carente de explicaciones y plagado de excusas.
Más allá de que el resultado era previsible, lo que queda a la vista son sus consecuencias y la firme convicción de que también en Río Negro el Partido Nacional está muy por fuera de entender las necesidades de la gente y mientras tanto, calculadora en mano, saca cuentas rumbo a setiembre.
Pero este accionar a su vez, puede visualizarse en el tercer nivel de gobierno donde son oficialismo en los tres Municipios del departamento. Particularmente haré referencia al Municipio de Young, desde mi calidad de Concejal.
Días atrás recibimos convocatoria virtual de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto donde fuimos informados sobre las medidas que la Comisión Sectorial de Descentralización ha adoptado en relación a los Municipios en el contexto de la emergencia sanitaria.
Allí se plantea la necesidad de trabajar en dos grandes líneas. Por un lado, la Replanificación de los Planes Operativos Anuales 2020 para poder plasmar las prioridades en el nuevo contexto, contrastar los recursos ejecutados y acciones realizadas en el primer semestre, así como las planificadas para el segundo semestre del año. Luego, evaluar la posibilidad de plantear Iniciativas de reactivación socioeconómica.
El Municipio de Young particularmente recibe del Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios un monto superior a los $ 17.000.000 anuales de los cuales aún restan por ejecutar más de $ 12.000.000 como consecuencia de las medidas respetadas en relación a la pandemia.
Parecía atinado volcar parte de esos recursos, a temas como atención a la emergencia alimentaria y búsqueda de activación económica local, entre otras; apostando, hoy más que nunca a la coordinación con instituciones públicas y del territorio. En ese sentido planteo en esa reunión y ratifico luego en sesión ordinaria del Concejo algunas ideas sobre las que trabajar y mejorar: fomentar la generación de empleo local a través de la contratación de personas en situación de vulnerabilidad social mediante algún instrumento MIDES para fortalecer cuadrillas de barrido, mantenimiento de cementerio, gestión de residuos plásticos, a modo de ejemplo; apoyo a emprendimientos productivos locales; apoyo en la construcción de sala bromatológica comunitaria a ser construida por la Intendencia de Río Negro, transformación del Presupuesto Participativo en un Presupuesto Productivo, contribuyendo a dar soluciones de infraestructura productiva a través del incentivo de mano de obra local, con énfasis en sectores de la población con mayor vulnerabilidad.
La propuesta oficial lejos estaba de contemplar aspectos similares a los antes mencionados y versaba sobre aspectos como mejorar luminarias de nuestra Plaza Independencia, dar mayor cobertura de calles con señalética y dejar sin asignar alrededor de $ 5.000.000 para eventualidades. ¿Eventualidades?
¿Cómo pueden no comprenderse las prioridades?
Puedo, a pocos meses de terminar el período y luego de luchar para que pudiera comprenderse el alcance de un Presupuesto Participativo entre quienes entienden la participación asimilable a democracia representativa; que se prefiera la entrega de canastas a la generación de empleo para sus beneficiarios.
Pero también puedo, y lo hice, manifestar mi disconformidad por esas prácticas de uso cotidiano de hacer clientelismo con las necesidades de la gente. Hoy me atrevo a pensar que el Municipio de Young accede a ser parte del PROA o del Plan Invierno- lanzado días atrás por la Intendencia en articulación con instituciones nacionales y locales- porque le es funcional a sus intereses clientelares. Cuando lo que hay que comprometer son recursos propios para priorizar el desarrollo local y la generación de empleo, se mira hacia un costado. Y aún peor, vuelven a escucharse en ese recinto palabras como “los vagos del MIDES”.
Han construido un relato durante estos casi cinco años que no se sostenía entonces y no se sostiene ahora. No hay voluntad política de hacer con y para otros cuando priman intereses mezquinos.
Somos conscientes de que la emergencia sanitaria y social debe ser abordada con amplios acuerdos sociales y políticos que den garantía en la defensa de todos los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. La solidaridad activa y las políticas de atención a los más débiles deben ser el norte de la acción del Estado. Necesitamos que este Estado se ensanche y no que se retraiga como lo está haciendo y necesitamos además que, ante situaciones como las que se están planteando a nivel de los Municipios, éstos estén a la altura de las circunstancias y dispuestos a afrontar los nuevos desafíos que hay por delante, con voluntad de aportar a mitigar una realidad que se visualiza cada vez más complicada.
A la salida de todo esto nos encontraremos con un país y una población impactada por los diversos efectos del aislamiento, con un tejido social desgarrado y una economía afectada severamente. A estos desafíos deberemos anexarles aquellos que nos impuso la nueva realidad: otras necesidades sanitarias devenidas del aislamiento, la atención en toda dimensión a nuestros adultos mayores y a una población escolar y estudiantil que espera retomar sus cursos y la cercanía con sus pares que hoy ha debido dejar atrás.
La vía para construir un mejor futuro debe ser sin lugar a dudas un camino compartido. Transitarlo hoy parece duro cuando unos piensan en beneficencia o cuando mucho en ser solidario a través de políticas públicas y otros, solo podemos concebirlas en clave de derechos.
María Josse Rodríguez Yemini
