Daniel Olesker
Compañeras y Compañeros:
Estamos a pocos días de la instancia trascendente de votar. Y, sobre todo, de elegir entre dos modelos en pugna, el del Frente Amplio, que propone crecimiento con distribución simultánea y el de la coalición de blancos, colorados y cabildo abierto, que propone un crecimiento económico excluyente, que dice que primero hay que hacer crecer la torta para después repartirla. Es decir, entre un modelo pensado desde las grandes mayorías nacionales y que representa los intereses de la clase trabajadora, los pequeños y medianos productores de la ciudad y el campo y otro que representa los intereses de las minorías privilegiadas y que concentra la riqueza en pocas manos.
Rompimos dos mitos que eran el “cuento” que nos dijeron durante todos los años 90.
El primer mito era que no se podía crecer y distribuir al mismo tiempo. Ellos crecieron excluyendo, nosotros rompimos el mito y crecimos redistribuyendo.
El segundo mito es que los trabajadores debíamos elegir entre salario y empleo. Nos decían que mayores salarios implicaban aumentar el desempleo y por ende, para conservar los empleos los salarios no debían subir.
Nosotros, por el contrario, logramos hacer crecer el salario y bajar el desempleo simultáneamente, mientras que ellos estancaron los salarios y aumentaron el desempleo.
Veamos esto un poco más en detalle.
En primer lugar en el crecimiento de los salarios, ingreso principal de las familias uruguayas. Y además teniendo en cuenta que lo que pasa con los salarios es lo que pasa con las jubilaciones, por que éstas se ajustan por el índice medio de salarios.
Mientras que en los años 90 a pesar del importante crecimiento económico los salarios reales crecieron levemente (4% en 9 años) en los gobiernos del FA crecieron a la par del crecimiento económico llegando a más del 60% de aumento.
Y saben que: En los 90 los liberales por diferentes razones mantuvieron consejos de salarios en salud privada, transporte y construcción y firmaron convenios colectivos en empresas públicas (solo 15% de los trabajadores tuvieron negociación colectiva). Y si descontamos esos sectores que dado que tuvieron negociación algo aumentó su salario real, en el resto el salario real cayó. Un elemento más para nuestra tesis; con consejos de salarios tripartitos y por rama de actividad todo; sin ellos nada.
Además logramos reducir la desigualdad salarial, ya que fruto del aumento del Salario Mínimo de 167% (en los 90 cayo 47%) los salarios más bajos de cajeros de supermercados, docentes, auxiliares de limpieza, vigilantes de seguridad, trabajo rural o trabajo doméstico aumentaron muy por encima, entre 90 y 200%.
Y ello fue posible porque desde la cuarta hasta la séptima ronda de consejos de salarios (2010 a 2018), los lineamientos del Poder Ejecutivo incluían un plus diferencial en el aumento para los salarios más bajos.
Un segundo tema es el empleo. Junto al crecimiento económico en los años 90, el desempleo subió. Mientras que en nuestros gobiernos se crearon 250 mil puestos nuevos de trabajo, llevando la tasa a su mínimo histórico. Y si bien ahora ha crecido levemente aún la tasa de desempleo de 2018 es inferior al promedio de toda la década de los 90.
Pero además mejoró la calidad del empleo. Las cotizaciones al BPS aumentaron en 550 mil, es decir los nuevos trabajos y 300 mil personas que pasaron de la informalidad a la formalidad.
Y otra vez esto no fue fruto de la casualidad, ni del mero crecimiento económico. Fue transformar ese crecimiento en mayores empleos. Y allí contribuyó la forma en que reglamentamos en 2007 la ley de inversiones, dándole prioridad a la generación de empleo y a la localización (para promover el empleo en las zonas más desfavorecidas de la economía del país).
También las políticas de capacitación desde que transformamos la Junta Nacional de Empleo y creamos el INEFOP con apoyos muy relevantes a los sectores con menores oportunidades de conseguir empleo.
Y obvio que también la negociación colectiva, que incidió para formalizar a los trabajadores.
Un tercer tema se refiere al acceso a los servicios sociales.
Por un lado, si sumamos los servicios de salud del estado, los de educación, las políticas para niños y adolescentes y el Fondo Nacional de Vivienda, pasamos de 950 a 5300 millones de dólares entre todos. Un date trascendente, solo ASSE hoy gasta más los que gastaban los gobiernos tradicionales en toda su política social sumada.
Los datos nos lo trae la siguiente tabla
| GASTO SOCIAL | ||
| Prim 2000/2004 | Prom 2015/2018 | |
| ASSE | 214.593 | 1.060.175 |
| UDELAR | 97.160 | 455.673 |
| ANEP | 398.015 | 1.871.756 |
| INAU | 64.031 | 408.856 |
| FNV | 58.349 | 232.023 |
| AFAM | 4.000 | 16.000 |
| Total | 836.148 | 4.044.483 |
Es claro que sin dinero no hay políticas sociales, pero ello no es lo único que importa. Importa el acceso, la justicia social y la universalidad de dichas políticas.
Por ello importa como factor de orden gravitante el diseño de la reforma de salud con la que generamos acceso universal con justicia social.
Por eso, nuestro lema tan caro para las y los socialistas:
“De cada quien según su ingreso a cada quien según sus necesidades”, que expresa nuestra máxima de justicia.
Con la reforma de salud transformamos el viejo seguro social DISSE, que solamente incluía a las y los trabajadores privados (unas 600 mil personas) a un FONASA que incluye a todos los trabajadores, todos los jubilados, cuentapropistas, profesionales y además a sus familias, pasando de las 600 mil personas en DISSE a 2.600.000 en FONASA.
Y al mismo tiempo en el caso de ASSE desarrollamos una enorme infraestructura, transformando hospitales en desuso en verdaderos centros de salud, incorporando tecnología de primer nivel y desarrollando en el territorio un primer nivel muy bueno.
En vivienda hemos invertido como muestra el cuadro, pero además hemos realizado 40 mil viviendas nuevas y hay 10 mil en proceso y la mitad son bajo el sistema cooperativo, sistema solidario, y creador de barrio, de lazos entre las personas y reflejo del modelo que queremos construir.
Y al mismo tiempo incorporamos un subsidio, que consiste en que si una persona, se encuentra en dificultades para pagar su cuota de vivienda no la pierda, como ocurría antes, porque el Estado se hace cargo de la diferencia.
En el caso de educación recordemos que el gasto educativo supera los 3 mil millones de dólares, habiendo pasado de 3.2 al 5,2% del PBI.
Y este mayor presupuesto significó, en primer lugar un aumento real del salario docente del 90%.
En segundo lugar ahora se pueden dar clases en mejores condiciones. Pasamos de 1 funcionario cada 15 alumnos a 1 cada 8, es decir la mitad de alumnos y ello hizo que el gasto por alumno a pesos de hoy, se incrementara de 2.500 pesos por mes a 7.000.
En tercer lugar un aumento de la construcción de infraestructura educativa que implicó 151 CAIF, 109 jardines y escuelas, 42 liceos, 44 UTU, 3 centros de formación y 3 UTEC.
En cuarto lugar, en términos de inclusión educativa veamos algunos datos:
En educación preescolar hoy cubrimos 100% en 5 años, 95% en 4 años; 75% en 3 años; 60% en 2 años.
Los CAIF en 2004 cubrían 26 mil niños y hoy cubren 61.500 a lo que hay que sumar el importante crecimiento de la propia ANEP en 3 y 4 años.
En UTU además de su incremento presupuestal, pasó de 69 mil a casi 100 mil estudiantes, 10000 de ellos en educación terciaria.
Veamos ahora educación terciaria.
En ANEP pasamos de 12 a 74 las carreras terciarias.
En la UDELAR, un 54% de los estudiantes son primera generación de universitarios.
Se creó la UTEC radicada en Interior.
Todo ello sustentado en medidas sociales como la gratuidad para todas y todos del boleto y un gran aumento de becas.
Hubo más plata pero sobre todo hubo mayor inclusión educativa.
Para terminar quisiera decir que además de los aspectos económicos, la generación de derechos es clave.
Los derechos laborales como negociación colectiva, el fuero sindical que permite que un dirigente sindical no sea echado sin más o el acortamiento de años a 6 meses de los juicios laborales.
Los derechos sexuales y reproductivos entre ellos la interrupción voluntaria del embarazo.
Los derechos de poblaciones discriminadas y muchos otros derechos que han sido la base de la construcción de una sociedad de iguales.
Quiero culminar con esta reflexión que sintetiza lo que he venido planteando y es nuestra tesis central:
Para transformar el crecimiento en distribución la única cuestión es que se realicen políticas públicas incluyentes que regulen la desigualdad propia de la economía.
La economía produce, la política distribuye.
En definitiva construimos una red de contención económica y social para los trabajadores del país, y esta red de contención está en riesgo con un triunfo de la oposición.
Y lo están por historia, por su ideología, por su programa y por los modelos que los deslumbran. Sino miremos Chile.
