El gobierno multicolor de derecha encabezado por el presidente Lacalle Pou está abocado a una cruzada restauradora exprés, da cuenta de ello la “troika” conformada por: el proyecto de Ley de Urgente Consideración, el Proyecto de Ley de Medios y la ley de Presupuestos. El plan neoliberal está en marcha a toda velocidad.
Lo cierto es que el actual gobierno multicolor todo cuanto puede retroceder en materia de derechos lo está haciendo, y los ejemplos se multiplican: laboral, salarial, sindical, género, inclusión y por si no bastara con todo lo anterior, también en cuanto a concentración de medios de comunicación y libertad de expresión.
Apenas iniciado este período de gobierno, en plena pandemia, bajo el lógico y sigiloso silencio de los medios hegemónicos, el Poder Ejecutivo remitió, el 24 de abril, un Proyecto de Ley para derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (19.307) aprobada en 2014. Ley que sustituyera la normativa proveniente de la última dictadura cívica militar, elaborada en permanente consulta y audiencias con todas las partes, durante años, tendiente a incorporar la normativa internacional para la democratización de medios, que contó con los mejores valoraciones de las relatorías de los organismos internacionales que velan por las libertades ciudadanas y las garantías institucionales. El nuevo proyecto arrasa con todo lo avanzado, lo que constituye un ataque liso y llano a la calidad de nuestra democracia. Es gravísimo.
El artículo 89 del proyecto a consideración del legislativo indica expresamente que se derogue la ley 19.307, con lo cual se eliminan los avances logrados en la misma para garantizar la libertad de expresión y los derechos ciudadanos, el pluralismo y la diversidad de medios, la transparencia y la participación ciudadana, la promoción de la producción audiovisual nacional. El proyecto multicolor propone eliminar el derecho a la no discriminación y la protección a la infancia y la adolescencia, quita el artículo que habilita a los periodistas a ejercer su libertad de consciencia y de negarse a firmar artículos editados. Suprime institucionalidad, eliminando la Defensoría del Público asignado a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo; suprime la participación y audiencias públicas, así como el Consejo de Comunicación Audiovisual y la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual ante instancias de otorgamiento de licencias; suprime el Fondo de Promoción para promoción audiovisual y además eleva de tres a ocho la cantidad de licencias de radio y televisión que una misma persona física o jurídica puede acumular; elimina el otorgamiento de publicidad electoral gratuita en los servicios de radio y televisión abierta, los servicios de televisión para abonados en sus señales propias y las señales de televisión establecidas en Uruguay que sean difundidas o distribuidas por servicios para abonados con licencia para actuar en el país en las campañas electorales. Todo a contrapelo de lo que un sistema democrático republicano necesita.
Además este Proyecto restaurador de puro cúneo neoliberal consagra el derecho para los titulares de licencias de servicios de difusión de contenido audiovisual de televisión para abonados que operan mediante cable, a solicitar licencias para prestar simultáneamente servicios de banda ancha y acceso a Internet mediante el empleo de sus redes propias o de recurso que contraten con terceros; a todo lo cual establece obligación para los operadores públicos de telecomunicaciones que sean titulares de infraestructura y redes de prestar servicios mayoristas de los mismos a los prestadores de servicios de televisión por abonados que operan mediante cable.
Y por si todo lo anterior no bastara ni fuera suficiente el nuevo proyecto no hace referencia alguna a costo de licencias y precio por derecho de uso de espectro radioeléctrico que está expresamente previsto en la ley vigente. El proyecto de Ley procura eliminar cualquier tipo de pago que tengan que realizar los grandes medios, producto del uso del espectro, incluso un canon que aportaban a un Fondo de Producción Audiovisual, tal como informó el experto en libertad de expresión y regulación de medios, telecomunicaciones e Internet, director Ejecutivo de OBSERVACOM y ex titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL), Gustavo Gómez.
Nada es casualidad ni hay que ser un especialista en la materia ni tener el ingenio muy afinado para comprender que con este Proyecto de Ley se está favoreciendo a los mismos grupos económicos y mediales que desde hace 70 años dominan el espectro comunicacional uruguayo.
La pluralidad e institucionalidad de la que tanto se ufana el presidente y sus acólitos es avasallada por su propio puño y letra a través de este proyecto restaurador que vuelve a privilegiar la concentración, desechar la pluralidad y, en consecuencia, carecer de legitimidad democrática.
Mónica Xavier, Secretaria Nacional de Gobierno, Partido Socialista de Uruguay
