Escribe Javier Gutiérrez | edil departamental. San José
El actual oficialismo hizo campaña planteando la rebaja de los combustibles y de las tarifas públicas, y planteando también que en materia impositiva no habría aumentos. Sin embargo, las promesas de campaña electoral se han vuelto un búmeran.
Gran parte del período de la pasada administración, el actual oficialismo, afirmaba que el ajuste de las tarifas públicas era prácticamente lo mismo que un aumento impositivo y acusaba de despilfarro, clientelismo y financiamiento de la burocracia estatal. Una vez llegado al gobierno el discurso cambió, ahora el aumento de las tarifas es simplemente un ajuste y con el argumento de que el mismo está por debajo de lo que debería haber sido. Se trata de elaborar un relato que intenta culpabilizar a las anteriores administraciones, pero el trasfondo es ideológico y la verdadera intención es la deslegitimación de ANCAP como empresa pública, preparando el terreno para una posible desmonopolización.
Junto al anuncio de la suba de precio de los combustibles, el gobierno informó que pone en marcha un nuevo régimen para la fijación de precios. Originalmente, este nuevo régimen, estaba incluido en la Ley de Urgente Consideración (LUC), pero luego fue retirado por falta de acuerdo en la coalición. En esa oportunidad, se planteaba la desmonopolización de los combustibles, pero se optó por fijar los valores al público ajustando al precio de paridad de importación (PPI).
¿Qué es el precio de paridad de importación PPI? Es un ejercicio teórico que simula los costos a los que un privado abastecería el mercado y es la nueva referencia que fijó el gobierno, porque, supuestamente, su evolución acompaña los costos de ANCAP.
Con la política de fijación de precios a través de las PPI vemos nuevamente la concepción del gobierno con respecto a las empresas públicas. Empresas que se asemejen o compitan en el mercado y que dejen de tener el rol de desarrollo integral de la sociedad uruguaya. Para contraponer modelos basta con ver el proyecto ALUR que más allá de toda la mala prensa generada, sus efectos en la comunidad de Bella Unión son incontrastables. Tanto es así, que la Comisión de Desarrollo y Agro de la Junta Departamental de San José, en legislaturas pasadas, hizo una visita a la Planta de ALUR y a Bella Unión y comprobó in situ el efecto positivo que tuvo en la comunidad, cosa que era reconocida por Ediles del Partido Nacional (obviamente en privado). Sin embargo, hoy se discute si es necesario mantener el componente de etanol en los combustibles porque lo encarece y eso hace que el proyecto ALUR pierda viabilidad. En definitiva, hay un modelo que pone el centro en la gente y en su bienestar y otro pone el acento en el mercado.
Yo me quedo con el modelo que pone el centro en la gente. Para defender ese modelo es necesario darnos cuenta que lo que hubo en Uruguay no fue un simple aumento de tarifas de los combustibles, hubo un cambio de paradigma con respecto a la concepción de esta empresa pública en particular, que a mi modo de ver comienza a transitar el camino deseado por algunos integrantes del gobierno: el camino a la desmonopolización.
A mi entender, por este motivo es que algunos “actores sociales” como Un Solo Uruguay no han emitido juicio con respecto al aumento de tarifas. Porque en el fondo se contempla su aspiración, que es que la empresa pública se desmonopolice y comience a competir “libremente” en el mercado. Quizás algunos de esos actores, que tanto apelan a la libertad de mercado, lo hacen sabiendo que son un sector de la economía protegido y que siempre han sido contemplados por el Estado, aún siendo conscientes que otros no tienen la misma suerte. Por lo tanto, a mi no me extraña el silencio de esos “actores sociales” que en 2018 pusieron el grito en el cielo y cortaron rutas protestando por el aumento de $1 en las naftas, y en el 2021 prácticamente no han hablado luego de un aumento de $7 de las naftas, de $5 en el Gas Oil y de $79 en las garrafas de 13 kilos de gas. Debemos recordar que desde el 2018 no subía el Gas Oil, producto de una política implementada por el gobierno anterior, que priorizaba las sostenibilidad de precio de ese combustible, que es utilizado por el aparato productivo.
Con esta realidad instalada, la bancada de diputados del Frente Amplio promovió la citación, a la Comisión de Industria, del Ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. La comparecencia de las autoridades al Parlamento, es necesaria para dar explicaciones de por qué se da el aumento, pero sobre todo para saber cuál es el rumbo que va a tomar el gobierno con respecto a las empresas públicas y despejar o confirmar la duda de si la fijación de las tarifas de los combustibles a través del precio de paridad de importación (PPI), es el camino a la desmonopolización.
Para terminar quisiera hacer referencia al demarque político que está haciendo Cabildo Abierto y su perfilismo en la coalición de gobierno. Al parecer, el líder de ese partido político, el Senador Manini Ríos, manifestó no estar de acuerdo con la decisión del gobierno de aumentar los combustibles, lo que se suma a otras iniciativas o posturas en las que empieza a tener diversos roces con el resto de los socios de la coalición, como por ejemplo en la ley de medios y la ley forestal. A mi entender, no cabe dudas que lo que hace Cabildo Abierto es nada y más y nada menos que circo político para la tribuna. Mientras dice no estar de acuerdo, negocia cargos en la coalición y es parte de la toma de decisiones. Si no está de acuerdo con la política de gobierno se debería retirar, sin embargo no parece tener muchas intenciones, más bien sigue solicitando que más cabildantes ingresen a cargos políticos.
La estrategia de tener discursos antagónicos en el gobierno es muy conocida y esperemos que la gente no se distraiga y mientras que por la prensa se dan discusiones banales, en otros ámbitos se decide la privatización de las empresas públicas tan defendidas, queridas y necesarias para el pueblo uruguayo.
