Escribe * Dra. Mónica Xavier
Transparentar el financiamiento de la actividad política, democratizar los medios de comunicación y las campañas electorales, apoyar la paridad, confluyen en un mismo objetivo: incrementar la calidad de la democracia.
En el Parlamento estamos trabajando en una comisión especial a nivel del Senado para que el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales proyecte la mayor cristalinidad. Nuestra propuesta es que tengamos campañas electorales económicamente austeras en las que tomen protagonismo las ideas que se ponen a consideración de la ciudadanía.
Sin dudas la actual regulación tiene mucho para mejorar: no faltan los ejemplos que evidencian manejos opacos, y no solo de dineros, también en las pautas publicitarias políticas en televisión ha imperado la más absoluta discrecionalidad.
Al respecto estamos proponiendo fijar topes a los gastos de campaña electoral. Y para instrumentarlo – entre otras ideas – se plantea que los Partidos no puedan gastar más del 50% por encima de los aportes del Estado, además de acotar los gastos se logra generar mayor control sobre la procedencia de financiación de la actividad política. La mitad de los aportes para la campaña electoral de 2014 está compuesta en igual medida por aportes de empresas y aportes sin registro de procedencia. Esto no puede seguir así.
“Uruguay es un caso atípico en financiamiento de la actividad política en América Latina. Hay libertad total para el financiamiento de la actividad política”[1], ya indicaba sobre principios de siglo un análisis comparativo de la OEA.
A nuestro juicio, todo esto justifica prohibir la donación o aportes de personas jurídicas (empresas), y que las donaciones se realicen exclusivamente por personas físicas, de forma nominativa, topeada y realizada por mecanismo bancario.
Esto implica que dichos aportes deberán realizarse conforme a la ley de inclusión financiera (19.210), es decir: transferencias o depósitos bancarios o financieros. De este modo se podrá generar trazabilidad del dinero aportado y en definitiva permitir un mejor contralor para la prevención y detección de delitos, como el de lavado de activos (debería incluirse en la normativa vigente sobre Prevención de Lavado de Activos a los Partidos Políticos como sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas al B.C.U.).
Para sumar a la cristalinidad, también debemos ampliar la nómina de candidatos obligados a realizar declaración jurada de bienes ante la JUTEP –que no solo se límite a quienes encabezan las listas-, a la misma vez de exigir a los Partidos un balance anual con auditoría externa para contralor del Tribunal de Cuentas de la República y de la Corte Electoral.
La publicidad electoral es la otra gran pata del sistema electoral, y en la cual también debemos garantizar reglas de juego claras. El informe técnico sobre transparencia y financiación de los partidos políticos[2] realizado por la Universidad Católica, el periodístico No toquen nada, Fesur y Uruguay transparente, demuestra que al cruzar datos de pauta con los ingresos declarados ante la Corte Electoral, los canales privados manejan tarifas diferenciadas para los distintos partidos y eso puede ser “considerado una donación económica encubierta de los medios a los partidos favorecidos con segundos más baratos o gratis”. La otra hipótesis que maneja el mismo estudio “es que exista una subdeclaración de gastos en medios de comunicación que podrían funcionar como forma de equilibrar las declaraciones juradas que se hacen ante la Corte Electoral”. Ninguna de las dos posibilidades resulta inocua, ni saludable, ni asegura reglas de juego claras y parejas para todas las partes, ni tampoco nadie desmintió ninguno de estos graves hechos.
Por tanto nuestra propuesta sería que no exista publicidad electoral paga en televisión
Por tanto nuestra propuesta sería que no exista publicidad electoral paga en televisión. Pero no es tarea sencilla generar consenso sobre esto. Por ello otra de las ideas que está a consideración es la tarifa plana para la propaganda electoral en televisión, tanto de aire como de cable, mediando una institución como la Corte Electoral para su gestión.
Hay que recordar que la ley sobre prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual (art. 142 ley 19.307) ya establece una franja gratuita para publicidad electoral. En efecto, dicho artículo prevé que el 60% de los minutos destinados por los canales a publicidad serán otorgados en forma gratuita a los Partidos Políticos para sus campañas electorales, el que creemos debe ser en horario central.
La financiación de la actividad política también debe promover la mayor participación política de la mujer, para alcanzar la paridad – tal como defendemos los Socialistas en todos los órdenes – y de acuerdo a lo que claramente expresa el programa de nuestro Frente Amplio cuan señala “seguir trabajando en la búsqueda de la paridad como objetivo de profundización democrática” (p. 108)
Por ello proponemos que la contribución económica del Estado (art. 20 ley 18.485) estimule las listas encabezadas por mujeres y que efectivamente ocupen los cargos. Así se marca una actitud determinada en el sentido de la igualdad de oportunidades y de la justa representación.
Es imperativo que los procesos para transparentar la actividad política electoral los recorramos con tanta determinación como amplitud. Solamente así terminaremos con la opacidad de los mismos y con la creciente desconfianza ciudadana[3].
*Médica Cardióloga, Senadora de la Repùblica. Secretaria General del Partido Socialista de Uruguay.
