Escribe Mónica Xavier
La movilización popular reunió más de ochocientas mil firmas, contra viento y marea, para responderle al gobierno, de la manera más democrática existente, que la democracia es tarea de todos y que el atropello a los uruguayos no nos va.
La gesta de la convocatoria al referéndum para la derogación de 135 artículos de la LUC, fue definida por una senadora oficialista como “un golpe” al gobierno. Inaudito. Nada nuevo. La derecha apela a la desinformación y el miedo como sus principales argumentos de campaña. Los ejemplos sobran. El ministro del Interior afirmó que se tendrían que abrir las cárceles en caso de ganar el SÍ y hasta los fantasmas del régimen soviético agitó el ministro de Educación y Cultura. Nada ingenuos estos exabruptos.
Desde 1986 se promovieron 12 Leyes de Urgente Consideración y entraron en vigor ocho de ellas con un acumulado de 249 artículos aprobados. La actual consta de 476 artículos y se está promoviendo la derogación de 135, poco más de la cuarta parte.
En su momento se le negaron a la recolección de firmas el uso de cadena de radio y televisión, la publicidad en el estadio centenario y ahora se cercena el auspicio de la fiesta popular por antonomasia como lo es el carnaval, temerosos de ser blanco de sus históricas sátiras y críticas.
El presidente y sus ministros están nerviosos y le prestan más tiempo a la campaña que a las tareas propias de gobierno. Sin embargo le rehúyen al debate. Se negaron a debatir en el Parlamento, se negaron a debatir en el proceso de recolección de firmas y se niegan a debatir ahora. Porque no tienen argumentos, están plagados de contradicciones y ahogados en dogmatismos.
- Restricciones al Derecho de Huelga
- Modificaciones en la regulación del combustible que incide directamente en la viabilidad de ANCAP y el descontrol en el precio del combustible que no para de subir contradiciendo las promesas de campaña. Con la repercusión en el aumento de precios, cuando salarios y jubilaciones pierden poder de compra.
- Imposición a la fuerza de modificaciones en el ámbito educativo en detrimento de la educación pública.
- Modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera totalmente a contrapelo de la transparencia, se propone reincorporar el pago en efectivo tanto para los trabajadores en relación de dependencia como para los independientes.
- Eliminación de la intervención notarial en las transacciones inmobiliarias referidas a los medios de pago. No sólo los pagos se podrán hacer en efectivo, sino que ya no será necesario que quede constancia en el título el medio de pago.
Todos temas que marcan un camino de retroceso en transparencia y garantías, y que ambientan un clima de conflictividad. Confunden urgencia con atropello.
Siempre vamos a luchar contra el dogmatismo conservador, porque implica precariedad, opacidad y pérdida de derechos, que costaron décadas de diálogo, legislación e institucionalidad para ser conquistados y consagrados legalmente.
La raíz del asunto es que las leyes de urgencia no fueron incluidas en nuestra Constitución para implementar planes de gobierno, tal como señaló el ex presidente Sanguinetti, en un lapsus a sus intereses circunstanciales.
A través de esta ley, la coalición de gobierno le puso un palo en la rueda a lo avanzado en derechos, libertades, garantías colectivas e individuales y transparencia. Esta es la cruda realidad y por eso en marzo debemos votar Sí a la anulación de sus 135 peores artículos con la papeleta rosada.
