Dra. Mónica Xavier
Senadora
Sec. Gral del Partido Socialista
En nuestra sociedad se ha instalado la idea que la mayoría de los delitos son cometidos por menores, cuando la realidad indica que menos de uno de cada 10 (8%) son efectivamente cometidos por menores de18 años. Esta idea tan desfasada de la realidad debe encender tantas alarmas como también dar respuestas a las interrogantes que encierra la conformación de la misma. Por ejemplo: ¿Cómo se está informando a la sociedad? ¿Cuánto pesa ese estado de opinión en el trato que esa misma sociedad le da a la juventud? ¿Qué hacemos por la verdadera recuperación de los jóvenes en conflicto con la ley?
Esta última pregunta debe enmarcarse en que “las respuestas a las infracciones a las leyes y los desafíos de integración social y no reincidencia de los adolescentes representa un área de máxima tensión para los Estados y un reto a la consiguiente formulación de las leyes, políticas y adecuación de los sistemas de justicia y ejecución penal” (Palummo, J – UNICEF 2014).
En el 2011 se creó el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), que tuvo como una de sus prioridades ponerle freno a las históricas fugas del INAU. Luego se crearon otras leyes 18.777 y 18.778 para la penalización de infracciones gravísimas y que se mantuvieran los antecedentes penales de adolescentes en casos de rapiña, copamiento, secuestro, homicidio intencional, y también fue ajustada la legislación (Ley 19055) con mínimos de reclusión para los casos de mayor gravedad.
Ninguna de estas últimas leyes nos resultó fácil de votar. Debemos tener presente la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la cual exige que la privación de libertad de menores se utilice “tan solo como medida de último recurso” y que se prevean “las posibilidades alternativas a las internaciones en instituciones” (Artículos 37.b y 40.4).
Coherente a ello sí hay en marcha experiencias que hacen irrefutable la importancia del trabajo para su recuperación y son varias las organizaciones que han dado oportunidades a los jóvenes que egresaron del sistema de reclusión juvenil. La inserción laboral como antídoto al ciclo delictivo.
En este sentido, a nivel legislativo debemos atender lo que aportan instituciones como UNICEF, y evitar demagógicos atajos disfrazados de soluciones que no han traído nada bueno en ninguna parte del mundo. Debemos encontrar soluciones de fondo a temas de tanta sensibilidad y trascendencia social sin que sean tratados como mercancía electoral, ni tampoco al influjo de la crónica roja, que goza de abundante destaque tanto en la prensa escrita como en los informativos centrales – corresponde señalar que no es así en la TNU -.
Adicionalmente, es preciso recordar que los informativos de televisión son la primera fuente de información que elije nuestra sociedad, que inexorablemente incide en su opinión, y que supone una determinantes explicación a tan groseros errores de percepción de la realidad – como el que referimos al comienzo de esta columna-.
Por todo lo anterior, no debemos seguir la tendencia a la inflación punitiva ni tampoco seguir tolerando más show mediático bajo la consigna “es lo que la gente quiere ver”. Para ello existen – al menos – dos grandes desafíos. El primero: expandir medidas alternativas y reducir el confinamiento carcelario de los menores infractores. El segundo: no admitir la desinformación – es un asunto de responsabilidad ética -.
El próximo sábado se realizará la sexta edición del “SER JOVEN NO ES DELITO”, una de las múltiples actividades que permanentemente realiza el INJU, con el objetivo de contribuir a la inclusión y terminar con la estigmatización juvenil. Sin dudas, una iniciativa que nos debe convocar a todos, y a la que ya se han sumado 33.000 jóvenes, de los cuales 24.000 son del interior del país.
Fuente: Prensa90
13 de setiembre 2016
