Escribe Santiago Soto
Adjunto a la Secretaría General del Partido Socialista de Uruguay
En el año 2002 el país sufrió la peor crisis económica y social de su historia. Para tener una idea de la magnitud de esta crisis, el Producto Bruto Interno (PBI) del país cayó únicamente en ese año un 7,7%, cuando ya había caído en los tres años anteriores 3,8% en 2001 y 1,9% en 2000 e igual caída en 1999 (ver gráfico aquí). Y ni que hablar de los impactos de dicha crisis en el desempleo, el salario real, la pobreza, la desigualdad o cualquier otra dimensión que refleje el bienestar social.
En ese contexto, en el mes de noviembre de 2002 el líder de la oposición, Tabaré Vázquez, pidió una reunión al entonces Presidente de la República Jorge Batlle. A la salida de dicha reunión, Tabaré expresó: «Esta situación que estamos viviendo amerita que todos aunemos los esfuerzos para salir adelante, y en esto hay un compromiso firme de nuestra fuerza política a trabajar en esa dirección» (ver nota completa aquí).
Siempre es bueno mantener la memoria. En los últimos tiempos, envalentonados por los recientes cambios políticos en los países vecinos, los principales líderes de la oposición local y algunos de sus seguidores, han emprendido el peligroso camino de intentar sugerir la conveniencia de la culminación anticipada del gobierno actual mediante declaraciones fuera del tono habitual que caracteriza a la tradición institucional uruguaya.
Para señalar algunas de esas declaraciones, el Senador Lacalle Pou expresó “Tenemos un gobierno en retirada que tenemos que ayudar a terminar bien”, el Coronel retirado y dirigente local del Partido Nacional en Florida Ruben Hartmann dijo “comenzamos a volver” y la última intervención de Pedro Bordaberry, en un ataque sincericida, instó a llamar a elecciones parlamentarias anticipadas (ver compilado aquí).
El Frente Amplio, a través de la declaración de nuestro Presidente Javier Miranda, y el Partido Socialista, vía Mónica Xavier, hacen bien en no dejar pasar estas declaraciones como si fueran una declaración más en la discusión razonable del juego democrático. Hablemos de los temas que importan, manifestemos las diferencias y discrepancias que tenemos los partidos políticos en nuestras visiones económicas, políticas y sociales. Discutamos por qué el país ha pasado de cerca de 4 mil presos en 1999 a más de 10 mil en la actualidad (ver gráfico aquí) y cómo ese fenómeno no ha mejorado la seguridad pública y cómo debemos seguir trabajando en mejorar la respuesta policial y judicial al tiempo que desarrollamos un proyecto de país con oportunidades para todos y todas. Pero cuestionar la legitimidad de un gobierno que apenas lleva año y medio en el poder es cruzar un límite peligroso.
Nuestro país vivió en su historia reciente horas muy duras de situaciones sociales realmente explosivas, las expresiones de la oposición frente a una desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía nacional y aparentes cambios coyunturales en las encuestas de opinión pública muestran la peor faceta de la política, que es supeditar los medios a los fines, que en este caso aparentemente implica obtener el poder a cualquier precio. En el marco de una crisis internacional y regional muy profunda, el Uruguay debe seguir transitando este camino comenzado de avanzar en derechos para todos y todas. Como dicen en el barrio, “No te ates los cordones, que es foto carné”.