Escribe: Manuel Laguarda. Miembro del Comité Ejecutivo y del Comité Central del Partido Socialista
Nuestra actitud como oposición debe combinar varios aspectos:
Sentido republicano de lealtad con las instituciones y con los intereses nacionales;
Reconocimiento de las competencias y de la autoridad del gobierno; Talante constructivo y de aporte ( en el entendido que no se parte de punto cero sino de lo construido en los años anteriores con sus aciertos y errores).
Tanto en política como en la vida siempre van a estar presentes las diferentes opciones, y detrás de ellas, los valores y las orientaciones ideológicas, también el señalamiento y la crítica de las discrepancias, sobre todo cuando tienen que ver con el manejo de la emergencia actual y de sus consecuencias futuras.
El gobierno ha convocado a respetables científicos para que lo asesoren en el plano de las orientaciones sanitarias, pero, más allá de lo acertado de las mismas, siempre van a estar condicionadas por las medidas económicas de apoyo a las poblaciones afectadas.
Ahora, la reciente extensión de la pandemia a los asentamientos pone a prueba y marca cuáles son los límites de las políticas del gobierno.
El aislamiento social apela a la solidaridad y al apoyo de la red más cercana que es la familiar, pero esto tiene límites cuando las condiciones habitacionales lo impiden, cuando hay que salir a la calle a hacer la changa de todos los días o cuando hay situaciones de abuso y violencia intrafamiliar.
Para poder contrarrestar esto, se requieren diversas acciones estatales y parece insuficiente el aporte de una canasta de 1.200 pesos.
En contraposición, se podría adoptar el testeo de toda la población, generar espacios físicos para el aislamiento, generar mecanismos de protección contra la violencia, mayor alcance del seguro de paro y trasferencias monetarias directas del tipo del SMN como reclama el PIT CNT, Udelar y el FA. Además, se debe apuntar a gestionar una renta básica para esas familias.
Todo esto es posible contando con la base de datos de las poblaciones que atiende el Mides, como los mono tributistas y PYMES del BPS, y el conocimiento que se tiene según los últimos datos de solicitudes de adhesión al seguro de desempleo.
Todas estas acciones representan, obviamente, más gastos, y allí aparecen los límites de las opciones del gobierno. Por sus orientaciones ideológicas e intereses de clase que elige defender, se rehúsa a gravar al capital y a los que más tienen, lo que genera contradicciones en las políticas destinadas a cuidar a la población de la pandemia.
El mismo razonamiento vale para la otra situación detectada en estos días en relación con la aparición de casos de COVID 19 en los residenciales de ancianos.
Además del testeo a todos los internados y trabajadores, la fiscalización y vacunación, hay que continuar ejecutando las líneas de trabajo del gobierno anterior, fortaleciendo al Sistema Nacional de Cuidados, y no sustrayéndole recursos como ha sucedido recientemente.
También se vuelve necesario profundizar la política de préstamos blandos para mejorar infraestructura y apostar a la formación del personal como ya se realizaba a través de INEFOP.
Otro de los desafíos a los que nos enfrentamos es lo expresado en la recientemente presentada Ley de Urgente Consideración, y es la desmantelación del Instituto del Adulto Mayor.
Siguiendo en el análisis de cómo se enfrenta en Uruguay esta pandemia de alcance mundial, y que llegó a nuestro país con los primeros casos en el mes de marzo, se debe insistir en cuáles son las orientaciones estratégicas dadas por el gobierno.
Desde el Poder Ejecutivo se apela a la libertad responsable de los ciudadanos, pero por otro lado se rehúsa a conformar un espacio de diálogo y acuerdo nacional con todas las fuerzas sociales y políticas.
El modo de relacionamiento asumido por el gobierno es a través de conferencias de prensa, pero sin mediaciones con la ciudadanía.
El fortalecimiento del Poder Ejecutivo en situaciones de crisis se ve reforzado y agravado por el envío de la LUC al Parlamento.
Con esta medida, el Poder Ejecutivo abusa del recurso de enviar una ley de urgente consideración que contiene 501 artículos y abarca todas las materias, con temas dispares e imposibles de tratar en el plazo exiguo de 90 días.
La cantidad de artículos y el corto tiempo para su abordaje, implica apostar a la aprobación ficta de la voluntad presidencial y a su vez, retacearle al Parlamento y a la sociedad, la oportunidad de expresarse de forma adecuada debido a las restricciones ocasionadas por la pandemia.
Muchos temas contenidos en la LUC son importantes. Otros, no tanto. En su mayoría, no mantienen ningún vínculo con las urgencias reales que vive el país, y menos aún con la pandemia.
La urgencia del gobierno es imponer su programa mientras aguanta su coalición y se mantiene la obligada desmovilización social y el reforzamiento del rol y aprobación del Poder Ejecutivo ante la opinión pública.
Analizando esta situación, se puede señalar una contradicción en la apelación a la libertad, y la limitación del despliegue de todas las posibilidades de la democracia en lo que respecta al Parlamento y a la sociedad.
Respecto a los contenidos de la LUC, se percibe un giro autoritario, posibilitando el abuso policial, el recorte de garantías, la ampliación de la acción de los militares en temas de seguridad e inteligencia, sin contar la última perla que pide como regalo Cabildo Abierto que es aprobar el porte de armas a los retirados de las FFAA.
El gobierno pisa el acelerador para imponer su programa abusando de la coyuntura presente.
Su programa no es solamente el siempre proclamado neoliberalismo. Tiene ribetes autoritarios en flagrante contradicción con las apelaciones a la libertad.
Salvo que el resultado final sea libertad para los mercados y restricciones para los ciudadanos, esto nos lleva a la última de las contradicciones del gobierno: La situación nacional y mundial pone de manifiesto que cualquier salida que implique salvar y cuidar vidas es incompatible con la lógica del mercado orientada exclusivamente al beneficio económico de las empresas y a aumentar su tasa de ganancia.
Las metas sociales, la valoración de la vida y de la salud pública, se oponen a las ortodoxias neoliberales y colocan a la democracia y a la política conduciendo a la economía y al mercado.
Cuando Lacalle en la Agraciada el 19 de abril trata de articular el valor de la salud con “la libertad económica, de poder subsistir, de poder trabajar, de poder sustentarse y mantenerse”, le faltó decir que si se está pensando en los trabajadores, hacer real esa libertad o más aun alcanzar la igual libertad de todos, requiere en nuestro país, en el mundo, y en la hora actual más que nunca, que los recursos se vuelquen a la salud, a la educación, a la alimentación, a la vivienda, y a sostener las urgencias de las poblaciones con menos recursos.
Esos criterios de adjudicación en base a la racionalidad y la justicia, que inevitablemente implican afectar los intereses de los sectores más privilegiados y poderosos, nunca lo va a hacer la mera libertad del mercado, y sólo lo podrá hacer la libertad de elección de la sociedad expresada en el orden jurídico que emane del estado democrático .
