Un análisis del poder económico y político de las clases dominantes uruguayas.
Escriben: Federica Blanco y Ramiro García | JSU
Hoy en día abundan investigaciones acerca de la desigualdad con una óptica desde la pobreza, siendo escasos los estudios de la misma desde la perspectiva de la riqueza. Es debido a esto, que un grupo de académicos deciden realizar una investigación sobre la acumulación desigual de la riqueza y a su vez, de los grupos sociales que detentan esta acumulación en nuestro país. Es en base a esa indagación, titulada Los de Arriba: estudios sobre la riqueza en Uruguay, coordinada por Juan Geymonat y editada por FUCVAM, que realizamos este artículo, con el objetivo de dar un breve pantallazo sobre ese 1% más rico de la sociedad, y determinar cómo el poder económico que detentan estos grupos sociales les permite hacerse de poder político. De manera que, una estructura desigual de ingresos y riqueza se traduce en una estructura desigual de poder en la sociedad, lo que permite que, al tener estos sectores una gran influencia sobre el Estado y el sistema político, la desigualdad continúe perpetuándose.
La desigualdad es un fenómeno global que de mayor o menor manera repercute en todas partes del mundo. Teniendo en cuenta el desarrollo económico que la humanidad ha logrado luego de la revolución industrial, podríamos decir que muchos, posiblemente la mayor parte, de los problemas sociales tienen su origen en la desigualdad, más específicamente en la redistribución de los frutos de la economía. Centrando así la problemática en una cuestión ya no de escasez, sino de distribución. Por tanto, el estudio de la desigualdad es un elemento clave en la comprensión de las problemáticas sociales.
Nuestro país no es ajeno a este problema, y si bien comparativamente con la región posee niveles de desigualdad más bajos, la desigualdad actual sigue siendo inaceptable. Esto es así ya que la misma debe de ser entendida como la principal causante de las mayores problemáticas sociales de nuestro país, como la pobreza, la precariedad, la inseguridad, entre tantos otros. Hoy en día las fuerzas productivas del Uruguay son capaces de generar la suficiente riqueza material -16.000 dólares per cápita anuales- para que toda su población logre cumplir con creces sus necesidades básicas. Sin embargo, este hecho sigue pareciendo muy lejano, por no decir imposible.
Dicho esto, según estudios, en los últimos 15 años la desigualdad parece haber caído en todo el continente y Uruguay no fue la excepción. Mejor dicho, parece haber sido de los países que más redujo la desigualdad de ingresos. Esto se puede explicar teniendo en cuenta lo que ocurrió en décadas anteriores.
En primer lugar, en la década de 1990 fue un período de fuerte crecimiento económico, sin embargo la desigualdad se mantuvo estable y luego comenzó a crecer al inicio de la segunda mitad de la década. Durante el cambio de siglo, la economía entró en recesión, y la desigualdad continuó ascendiendo, hasta el período en que la recesión se transformó en crisis. Incluso, en el año 2004 cuando la economía se recuperó, la desigualdad no dejó de crecer. Por tanto, tenemos una economía en crecimiento, pero que sin embargo no logra disminuir sus desigualdades, más bien al contrario, y luego profundiza este proceso de acentuación de desigualdades en los momentos recesivos.
Es así que, en el año 2007 en el marco de la recuperación y el crecimiento económico, se le pone fin a la tendencia de incremento de la desigualdad de ingresos. El índice de Gini, indicador para medir la desigualdad, que varía entre 0 (perfecta igualdad) y 1 (perfecta desigualdad), experimentó una caída de 0,07 puntos en cuatro años. Pero, ¿qué ocurrió para que este violento cambio tuviera lugar? Por un lado, la participación de la masa salarial en relación al producto creció fuertemente como resultado del incremento del empleo y los salarios junto con la recuperación económica luego de 2004. El cambio en la participación de los ingresos de los trabajadores se dio por el crecimiento del empleo y de los salarios, como resultado de la reimplantación de la Negociación Colectiva y del aumento del Salario Mínimo Nacional, generando que el conjunto de la masa salarial aumentara, pero en particular los salarios de quienes recibían menores remuneraciones. A su vez, la implementación de algunas políticas públicas, como el IRPF o la creación del MIDES ayudaron en este proceso.
Estos distintos ciclos demuestran que no solamente basta con crecimiento económico para disminuir la desigualdad. Sin la presencia de un Estado con políticas públicas fuertes, es posible que la economía crezca pero que los frutos de la misma se los apropie la burguesía, y de una manera cada vez mayor, como ocurrió en la década de 1990.
Sin embargo, este avance redistributivo que se produjo con los gobiernos frenteamplistas es matizado en el capítulo escrito por Jorge Notaro. El autor sostiene que el Índice de Gini presenta errores metodológicos importantes, que implican que no se mida correctamente la distribución del ingreso. Si la metodología se ajusta a identificar ingresos con información tributaria y no con la Encuesta de Hogares que realiza INE (de donde se obtienen los datos para el Índice de Gini), los resultados cambian y la reducción de la desigualdad es puesta en duda, o al menos se matiza.
Midiendo los ingresos del capital y del trabajo con datos tributarios, en el período 2008-2013 (supuestamente el período donde más bajó la desigualdad de ingreso), Notaro nos muestra que los porcentajes apropiados por los sectores de la economía -capital y trabajo- siguieron siendo muy similares.
Esta diferencia entre mediciones, más allá de cuestiones metodológicas, puede darse debido a que Notaro observa cómo se dan las apropiaciones entre los capitalistas y los asalariados, pero no observa qué ocurre al interior de las clases. Por ejemplo, la clase obrera se ha diversificado a niveles difíciles de imaginar, al punto tal que al interior de la misma persisten diferencias salariales muy grandes, por lo que si se aplican políticas redistributivas a esos ingresos -como el IRPF-, las mismas pueden generar importantes resultados distributivos sin tocar de manera importante los intereses capitalistas.
Por tanto, es necesario problematizar y relativizar -sin quitarle importancia- la ofensiva igualitarista dada en los gobiernos del Frente Amplio. Mauricio De Rosa sostiene “Recorrimos un tercio de la distancia [que nos separa de los países más igualitarios], pero fue el tercio fácil, y de no poner nuevas fuerzas en juego nada asegura que avancemos ni un milímetro más.” Entendemos que esta facilidad está referida a la posibilidad de disminuir la desigualdad sin tocar seriamente intereses de clase, como aquellos que van en claro desmedro de la tasa de ganancia y de la acumulación de capital, por no mencionar directamente los derechos de propiedad. Hablamos entonces de márgenes para políticas públicas redistributivas que resultan aceptables para una burguesía con una tasa de ganancia en aumento y con resultados económicos extremadamente favorables. Sin embargo, cuando se hace necesario poner nuevas fuerzas en juego, los poderes dominantes defienden con mucho éxito la imposibilidad de esas reformas, lo que demuestra en última instancia el carácter burgués del Estado y del sistema político. Dos cosas ejemplifican esto, la posibilidad de ofensivas igualitaristas únicamente cuando la economía está en importante crecimiento -véase lo ocurrido en el último mandato del FA- y la inexistencia de políticas públicas impositivas que graven seriamente la ganancia.
En cuanto a las características de esta clase dominante -quienes son, su estructura económica de ingresos, sus espacios de actuación-, podemos comenzar por el capítulo de Oyahntçabal, que hace una necesaria diferenciación con el fin de poder ordenar con mejor claridad quiénes son los sectores dominantes dentro de la economía agroindustrial. Priorizamos este sector teniendo en cuenta su importancia en la estructura económica nacional, sobre todo en su matriz exportadora.
La primera determinación debe de ser cómo está distribuida la propiedad de la tierra.
En esta tabla, el autor refiere a cómo se ha distribuido la renta de la tierra en los diferentes actores de la economía agroindustrial. Con terratenientes, el autor hace referencia a quienes son poseedores de tierra pero la arriendan. Por otro lado, los capitalistas refieren a aquellos sectores que también son dueños de la tierra pero no la arriendan, sino que le insertan valor agregado a través de empresas propias. Por último, tenemos a los productores familiares (el sector más numeroso y el menos favorecido) y al Estado, ambos actores marginales.
Del análisis del autor surgen muchas conclusiones. Entre las que creemos más importantes podemos destacar por ejemplo, que la desigualdad también se ve plasmada en la distribución de la propiedad de la tierra. Podemos ver que más del 80% de la renta, y más del 12% de la plusvalía nacional es apropiada por actores -terratenientes y capitalistas- que numéricamente son pequeños, pero que sin embargo, poseen grandes extensiones de tierra, capital económico y por tanto poder político. Cabe destacar también cómo los terratenientes, obtienen más de un tercio del total de la renta sin participar del proceso productivo, por el solo hecho de tener propiedad.
En palabras del Oyhantcabal “los terratenientes agrarios, [terratenientes puros y capitalistas] siguen siendo un actor central en la dinámica de clases del Uruguay, y por lo tanto su comprensión es clave para tener una panorama más completo del poder económico y político en nuestro país”. De todas maneras, el autor también hace referencia a que estos esquemas pueden verse modificados por los procesos de extranjerización de la tierra y otros tipos de propiedad y de explotación agrícola que han ganado importancia -empresas forestales, inversores extranjeros, sociedades anónimas, fondos de inversión-, lo cual en cierto punto debilita o desplaza a las antiguas clases dominantes criollas. Esto lo que hace es complejizar aún más el esquema de comprensión del poder en el país, pero de ninguna manera quita el hecho de que la propiedad de la tierra sigue siendo una fuente de poder muy importante para la burguesía agraria, y que por más que esta se diversifique, se extranjerice o se complejice, sigue siendo un actor muy poderoso en el esquema de poder del Uruguay.
Miguel Serna y Juan Geymonat narran cómo es que esta clase dominante -ya no solo la terrateniente sino también la industrial y comercial- actúa en los planos económicos, políticos y culturales. Creemos que son estos tres los planos en los que la burguesía desarrolla sus esquemas de dominación, actuando no solamente en el plano económico, donde reproduce diariamente la acumulación de capital, causante de la gran desigualdad que hablamos al principio, sino también en el plano político, como un poderosísimo -aunque disperso, contradictorio y muchas veces mal organizado- actor con poder de veto, y sobre todo en el plano cultural o ideológico, donde también hace presente su dominación.
En el plano económico hay varios puntos destacables, por ejemplo Serna sostiene que la estructura de una economía de tamaño pequeña y dependiente ha hecho difícil la conservación de la propiedad de los medios de producción en manos locales, dándose una creciente extranjerización de la propiedad burguesa, lo cual se da también en la propiedad de la tierra como mencionamos brevemente en párrafos anteriores. Esto hace que el capital nacional se vea retirado de muchos sectores de la economía -aquellos donde la tasa de ganancia es mayor-, obligándolos a convertirse en empresarios domésticos o asociarse, en inferioridad de condiciones, con las grandes multinacionales. Esto genera un sector empresarial complejizado, con contradicciones internas y difícil de rastrear. Sin embargo, las conclusiones siguen siendo las mismas, y es que si bien es fundamental conocer cómo está compuesta internamente, sus problemas o sus divisiones, la burguesía -nacional y extranjera- continúa siendo un actor político clave, y esto se lo da su gran poderío económico.
Sin embargo en un esquema de lucha de clases como el uruguayo, con una clase obrera bien organizada en sindicatos y partidos, a la burguesía no le bastan sus derechos de propiedad para asegurar su dominación, y debe también actuar activamente en el plano político para perpetuarse. Podría decirse que las clases dominantes se desenvuelven a través de distintos gremios que históricamente han ejercido una gran influencia sobre las decisiones y agenda pública de los gobiernos. En el ámbito de las asociaciones colectivas del empresariado local, se encuentran las tradicionales cámaras gremiales nacionales, la asociación y la federación rural, la cámara de industrias, la cámara nacional de comercio y de servicio, y la cámara mercantil de productos. También, se podría mencionar a una variedad de asociaciones gremiales a nivel de sectores de actividad específicos.
Asimismo, es importante hacer referencia a los dirigentes empresariales que incursionan en la política, y de esa manera, ejercen cierta presión sobre el sistema político para que sus intereses no sean perjudicados. De esta manera es que este grupo de élites se agrupa de distinta forma, ya sea a través de organizaciones partidarias, ocupación de cargos políticos o puestos de dirección en la alta gestión pública de la administración o del sector empresarial del Estado. Aunque cabe destacar que si bien los grupos empresariales históricamente han tenido y tienen hasta nuestros días una gran visibilidad en la agenda pública, el rol central de los partidos políticos en el sistema político uruguayo ha hecho que esta influencia se minimice. De todos modos, en época de crisis, la participación política del campo empresarial es significativa.
Las lógicas concentradoras de poder económico en las elites uruguayas es lo que les permite ejercer una gran influencia sobre la toma de decisiones del gobierno y sobre la agenda pública. En cuanto a esto, es fundamental la noción de poder de veto que tiene la clase dominante ante aquellas políticas y orientaciones que creen nocivas a sus intereses. Si bien esto debe de ser integrado al juego político, existe una constante orientación a salvaguardar sus privilegios en el control de las fuentes de poder económico. De esta forma, se perpetúa la dominación en el Estado capitalista, como resultado de las relaciones que mantienen las clases dominantes y de cómo estas se legitiman mediante el aparato del Estado -sobretodo sus aparatos ideológicos-. De esta manera es que, los grupos económicos dominantes logran generar la aceptación de sus propias posiciones ideológicas sobre los sectores dominados.
Este planteo integra los postulados teóricos del “Estado burgués” de Marx y la “hegemonía” de Gramsci. Por un lado, la concepción marxista del Estado, surge de la crítica que realiza Marx a la concepción hegeliana del Estado. Hegel entendía al Estado Moderno como el encargado de configurar el orden social, por el hecho de que la “sociedad civil” no es capaz de poder realizarlo por sí misma, por eso necesita de la guía del Estado que está por encima de ella, para adquirir sentido. Por esta razón, es que el Estado se presenta como la encarnación de lo racional, pues sus intereses son generales, no garantiza los intereses de determinados individuos ni de clases sociales. Marx considera erróneo este planteo debido a que el interés general representado por el Estado, es una concepción ilusoria, ideológica. Por el simple hecho de que no existe un interés general-universal, sino que se trata del interés común de un grupo -la clase dominate-, que es presentado como de toda la sociedad. De esta forma es que la concepción marxista entiende al Estado no sólo como un instrumento de la clase dominante, sino como una arena política para perpetuar su poder y para presentar sus intereses como generales. Por el hecho de que, al estar la sociedad civil dividida, necesita de un Estado que cumpla la función de garantizar la continuidad de las relaciones de dominación.
Pero, como mencionamos anteriormente, en el Estado y en el sistema político uruguayo, no solo observamos a la élite participando en organizaciones partidarias o en la ocupación de cargos políticos, sino que sus ideales y su manera de concebir la realidad social se reproduce a través de cierto de poder simbólico o cultural que detenta. Esta noción de dominación ideológica es profundizada por Gramsci a través del concepto de hegemonía. La misma es entendida como una construcción cultural realizada por las clases dominantes con el fin de lograr el consenso, en sustitución de la coerción, en el marco de las relaciones sociales de dominación.
En este sentido, Geymonat sostiene que los grupos propietarios tienden a confluir en proyectos de clase comunes para incidir en la vida política y social del país. En la propia acción política, se dan confluencias en fundaciones think tanks -CERES, Fundación Atlas, etc.-, que tienen como objetivo implantar ideas liberales. Por otro lado, estas clases ostentan la propiedad de la mayoría de medios de comunicación -radio, televisión y diario-, con todo lo que ello implica en la construcción hegemónica del sentido común. Sin embargo, vale la pena mencionar que los aparatos ideológicos de la clase dominante, o en términos gramscianos la construcción de hegemonía, trasciende ampliamente estos ámbitos. El proceso en donde se moldea la conciencia y se la hace afín a la ideología imperante comienza desde la primera socialización y abarca aparatos ideológicos más profundos y complejos.
A modo de síntesis, la desigualdad existente es producida por el accionar de la clase dominante, que tiene como objetivo perpetuar sus derechos de propiedad y las relaciones de producción. Esta clase dominante, que si bien es el 1% de la sociedad, posee el 99% de la riqueza empresarial, el 80% de la riqueza financiera y el 55% de la riqueza inmobiliaria, y no solamente se mueve en el mundo económico, sino que también debe de actuar en los planos políticos y culturales. De esta manera, la supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos: como dominio y como dirección intelectual y moral, configurando así, hegemonía. Es decir, utilizando el consenso para la dominación, los dos elementos de coerción del Estado, para seguir perpetuando su hegemonía en la sociedad, y de esta forma, continuar generando las condiciones para la reproducción de la desigualdad.
Vemos así, la importancia de estudiar el fenómeno de la desigualdad desde el lado en que realmente es generado.
