Escribe Enzo Malán | Diputado por Soriano
En el año 2021 asistimos a la creación de una Comisión investigadora parlamentaria que desde su inicio (desde su nominación) prejuzga y señala a la Federación de Profesores (FENAPES) como responsable de otorgar licencias irregulares… Sólo se puede entender, esta acción, en el marco de intentar lesionar o debilitar la organización de los trabajadores.
La bancada del Frente Amplio desde el inicio sostuvo la improcedencia de dicha comisión por varios motivos entre ellos el apartamiento de lo que la ley indica como motivos para la creación de comisiones investigadoras. Por otro lado, en el caso de que hubiera uno profesor o varios que hayan incurrido en presentar una solicitud de licencia que no se refrende en un justificativo válido, quien debe actuar autónomamente es la ANEP, en este caso Secundaria. Es ilógico que por cada supuesta irregularidad de algún funcionario de la ANEP deba actuar el parlamento para dilucidar si fue o no irregular, además la propia DGES ha iniciado una investigación administrativa sobre estos casos.
Todo esto sería un sin sentido, a no ser que lo que se buscara fuera tener “pantallas” para amplificar y reiterar una y otra vez que los sindicatos tenían un poder extraordinario y que buscaban poner el palo en la rueda a la educación. Es decir, para desprestigiar el instrumento sindical, propio de los que tienen “alergia” a todo lo que sea compartir cuotas de poder, a todo lo que tenga que ver con la participación de los y las trabajadoras en las distintas instancias que sin duda son imprescindibles para avanzar.
No te gusta… dos platos.
Llegado el fin del plazo establecido para finalizar la investigadora, el oficialismo votó la extensión por seis meses más. Lo cual es totalmente descabellado, salvo si se enmarca en una estrategia de show, prensa, desprestigio o persecución sindical… Decíamos en diciembre que la carpa del circo se desarmaba. Con esta extensión, el gobierno, logra tener seis meses más de “funciones mediáticas”.
¿Por qué el FA no votó la extensión? Dos son los motivos fundamentales.
Uno, la del origen, la improcedencia de una comisión con estas características investigando si un profesor faltó o no, si justificó adecuadamente o no una licencia.
Dos, y lo más importante, es que no hay nada que investigar. Ya se recibió a profesores, directores, inspectores, ex jerarcas de secundaria y a FENAPES… es decir, a todo el espectro educativo y la información recibida fue contundente.
A continuación buscaré profundizar en esto:
La investigadora inició a raíz de que “aparecieron” (sin duda una estrategia enmarcada en lo dicho anteriormente) algunas solicitudes de licencia por parte de docentes sindicalizados con un documento que establecía lo siguiente: “se solicita la justificación de inasistencias según el art 70.10 del Estatuto del Funcionario Docente de acuerdo al convenio firmado CODICEN-CSEU”
¿El convenio existe?
En el año 2005 se creó un grupo de trabajo para estudiar lo referido a fuero sindical. En el mismo se establecen varias cosas: que el ejercicio de la huelga no afecte la carrera (actividad computada) ni otros beneficios del trabajador. En ese marco se trabajó y se acordó un convenio de reglamentación que luego fue homologado por la ANEP. Se acordó que cada sindicato autorregulará el tiempo remunerado destinado a la actividad sindical, que podrá ser total, parcial u ocasional. Cada sindicato acordará con su desconcentrado (es decir, con Primaria, Secundaria, “UTU”) los regímenes de licencias pero siempre en el marco de no afectar al trabajador, entendiendo que la actividad sindical no es “licencia” sino trabajo (como participar en comisiones bipartitas, formación, resolución de conflictos, etc.). En estas negociaciones participaron delegados sindicales de todos los sindicatos de la educación (en ANEP). Entre los firmantes de ese convenio de reglamentación estuvo nuestro querido compañero, el maestro, Abilio Sanguinetti (quien lo hizo representando a la FUM-TEP) y podrá dar fe de ello.
Dicho esto, ¿cómo se hace para “liberar” a un docente para participar de una actividad ocasional sindical, sin perjudicar su carrera docente ni los beneficios que pudiera obtener por presentismo, etc.? No existe otra posibilidad que, concederle licencia amparándolo en los art. 70.10 o en su caso el 70.13, porque el director no le va a conceder licencia por duelo o maternidad cuando va a atender un conflicto o participar de una instancia de formación, sería ridículo.
Entonces, no hay nada anormal en que un docente sindicalista presente una nota refiriendo a este convenio, que a la postre se terminó homologando y fue firmando por la ANEP en el 2006, lo que se conoce como acta 90.
Si hubiera algún docente que hiciera uso abusivo de este marco, la responsabilidad de advertirlo es del propio sistema educativo. Es decir, si un docente falta reiteradas veces, debe la dirección llamarle la atención, debe intervenir la inspección etc. El propio sistema educativo debe evacuar y resolver el conflicto a través de diversos mecanismos como la reposición de horas, pasar a descuento, sumario, etc.
Todo esto quedó meridianamente claro en lo que va de la comisión, quedó dicho contundentemente por directores, inspectores y jerarcas.
¿Por qué el FA no está asistiendo a esa comisión que extendió el plazo hasta junio?
a. Por lo dicho anteriormente. O sea ya está, ya fue suficientemente esclarecida cualquier posible duda documental, de los procedimientos y de las responsabilidades.
b. Por el actuar del oficialismo en la comisión, que aplicó la aplanadora siempre. Jamás acordó con nuestra bancada una lista de invitados. Convocó a su antojo, cambiando los invitados sin comunicar a los representantes del Frente Amplio. Ninguneo total. Sin mencionar los destratos hacia nuestra bancada, atacando a la compañera Lilian Galán (que motivó una cuestión de fueros en la cámara) o diciéndonos cómo debíamos preguntar o no. En esas condiciones es imposible seguir.
Dedicándonos a lo trascendente, por qué SÍ nos importa la educación.
Realmente estamos muy preocupados por la situación que está pasando la educación pública, por tanto estamos trabajando en los temas que sí son trascendentes y que tienen que ver con las resoluciones cotidianas que se van dando. Decisiones como solicitar información de funcionarios docentes de todo el país a través de empresa privada (DAC) , desechando al Correo Uruguayo, el impresionante recorte en grupos y en horas docentes, que afectan sin duda a los trabajadores de la educación pero también a los alumnos y sus familias.
También es tiempo de un trabajo de defensa de la educación militando por la derogación de los 135 artículos de la LUC (Ley 19889), algunos que en educación ni siquiera se han puesto en marcha por lo nefastos que son. Por ejemplo, que los directores de los centros docentes puedan decidir qué docente continúa en ese centro y cual no, y cual sí aceptar (esto está escrito en el art. 193). Una lógica de gestión privada de la educación, que se evidencia en varios de los artículos de dicha ley.
Por tato desde nuestro actual rol de Representante Nacional seguiré alerta y atento, junto a nuestra bancada parlamentaria, en una lucha constante por no retroceder y por acompañar a tantos uruguayos y uruguayas cuyos derechos día a día se ven debilitados. De aquí al 27 de marzo la prioridad es esta: “no pasarán”.
