Declaración
1) El Partido Socialista continúa acompañando con mucha preocupación la situación social y económica que afecta a las y los trabajadores del país.
Ya son decenas de miles las y los uruguayos que comen en ollas populares y la solidaridad de nuestro pueblo no es suficiente para atender este drama, ya que los esfuerzos que sostienen estas iniciativas también se ven afectados por la crisis. En este marco, volvemos a reclamar al gobierno una respuesta rápida y eficaz para atender esta situación. El costo humano y económico de no hacerlo será infinitamente mayor al de asumir su responsabilidad y tomar las decisiones correspondientes.
A quienes participamos de distintas maneras en las iniciativas solidarias que se despliegan en todo el territorio nacional, además de persistir en esa tarea, nos corresponde trabajar intensamente para articular un movimiento potente a favor de un ingreso ciudadano o renta básica de emergencia, medida esencial para atender los graves efectos de esta situación sobre el empleo, los ingresos y las condiciones de vida de la clase trabajadora.
2) En el día de hoy conocimos las pautas salariales del gobierno para el sector público. Las mismas, con el claro objetivo de licuar el déficit fiscal, implican una pérdida segura de salario real de las y los trabajadores del Estado para el año próximo, vulnerando normas vigentes. Eso, sumado a las pautas del sector privado que también implican pérdida del salario, redundará en una disminución del valor real de las jubilaciones por al menos dos años.
Reclamamos al Poder Ejecutivo la revisión de estos lineamientos, surgidos de un enfoque de clase, que – contrariamente a lo anunciado en la campaña electoral- pretende descargar sobre los hombros de quienes viven de una salario o una jubilación el mayor peso de la crisis, mientras se cuida a los que el Presidente de la República denomina “malla oro”, es decir a los sectores más ricos de la sociedad, a cuenta de una recuperación posterior del empleo y los ingresos de las mayorías. De mantenerse esta orientación la caída del consumo popular afectará también directamente las posibilidades de recuperación de la economía y la desigualdad aumentará.
3) A su vez durante estos meses, vía decreto y con varias marchas y contramarchas, se han efectuado recortes sobre el gasto público. En ese marco, y en contradicción con los compromisos electorales asumidos por las fuerzas del actual gobierno, se han afectado también programas sociales. Todo esto, sumado a una discurso errático sobre el ajuste o expansión del gasto y la inversión pública, nos alerta sobre el futuro proyecto de presupuesto nacional, al que daremos especial seguimiento.
También se han conocido varias iniciativas de algunos actores de la coalición gobernante tendientes a recortar conquistas democráticas, regular la actividad sindical y garantizar impunidad a criminales de lesa humanidad, y se observa una tendencia marcada al incremento de la discrecionalidad y el abuso policial. Estos intentos, que rechazamos absolutamente, afectan directamente la calidad democrática del país y potencian los discursos de odio y las acciones de estigmatización y violencia contra los pobres, las y los jóvenes y los sectores que en la sociedad se organizan para participar y luchar por su dignidad y derechos.
4) Finalmente insistimos con la necesidad de fortalecer y multiplicar los espacios de encuentro entre todos los actores sociales y políticos populares, para la definición de acciones convergentes que nos permitan enfrentar los principales componentes del modelo de concentración y exclusión (LUC, pautas salariales, Presupuesto, etc.) que despliega el actual gobierno. Continuaremos impulsando, en todos los ámbitos, la definición de nuestro Comité Central del pasado 11 de julio: “Proponerle al Frente Amplio y al conjunto del movimiento popular la creación de un espacio de coordinación entre todas las organizaciones sociales y políticas que se oponen a este modelo, que tenga entre sus primeras tareas el análisis y la difusión de las consecuencias de la ley de urgente consideración, recientemente aprobada, evaluando en unidad los caminos a tomar para enfrentarlas”
CEP, 24 de agosto de 2020.
