Escribe Mauricio Zunino
La crisis sanitaria generada en 2020 a partir de la pandemia del COVID 19, generó un proceso de crisis económica muy profundo en casi todas las economías del mundo. Uruguay no fue ajeno a este proceso. Pero dichas crisis no fueron iguales en magnitud, velocidad de recuperación y efectos sociales de la misma, siendo en estos aspectos el diferencial la actitud gubernamental mediante las políticas públicas las que generaron efectos disímiles.
La caída del PIB en Uruguay en 2020, fue de una magnitud importante, alcanzando 6,1% lo que implica una caída real de aproximadamente unos USD 3500 millones que dejaron de estar disponibles para asignar entre los diferentes estratos. Si bien la recuperación en 2021, fue superior a los pronósticos iniciales, todavía nos encontramos lejos de los niveles pre pandemia, por lo que el efecto de recuperación del PIB se terminará concretando en 2022.
La caída y recuperación también ha generado importantes desequilibrios sectoriales, ya que la magnitud de la caída afectó mucho más a los sectores no transables, que además son los más intensivos en trabajo, repercutiendo fuertemente sobre el nivel de empleo en 2020; y donde la recuperación también viene siendo mucho más lenta en estos sectores. Señalamos que en buena medida estos efectos tienen mucho que ver con el esquema de política económica desarrollado. Muchos países utilizaron medidas típicamente keynesianas para amortiguar la caída del PIB, donde la expansión del gasto público generó un freno a la caída y la generación de ingresos que se trasmitían vía multiplicador keynesiano al resto de los sectores en particular a los no transables. Este no fue el caso de Uruguay, que generó una mínima intervención, siendo uno de los que menos incrementó el gasto público en estos años tal como muestran las comparaciones realizadas por diversos organismos internacionales.
La visión ideológica del actual Gobierno es coherente con esos resultados, de tal forma reivindica los ahorros fiscales obtenidos en un año de crisis económica. Pero donde también confía en el ajuste que el propio sistema genera cuando se dan procesos de caída económica que reestructure los sectores y donde aquellos que tengan ventajas comparativas sean los que dinamicen la nueva fase de crecimiento, aunque esto genere rezagos o exclusiones, que para la visión liberal serán temporarios y el propio derrame compensará a largo plazo.
Las crisis económicas suelen generar efectos sociales importantes. Donde además no todos los estratos sociales tienen las mismas posibilidades de enfrentar las mismas; haciendo que los estratos más pobres son los más afectados por estas. Los procesos de concentración y centralización del capital se profundizan en estas fases del ciclo.
También en este caso cumple un rol decisivo para ver las consecuencias sociales el rol que el Estado tome. La baja intervención generada para enfrentar las consecuencias de la crisis generó en los primeros meses del 2020 la aparición de 100.000 nuevos pobres según las estimaciones del Instituto de Economía, y que la recuperación económica actual deja hoy 65.000 pobres por encima del 2019.
La caída del PIB como dijimos se centra en sectores intensivos en mano de obra, por lo que la caída de empleo en 2020 fue muy importante batiendo record de seguros de desempleo. Si bien la dinámica del empleo se ha venido recuperando durante el 2021, la nueva estructuración se hace bajo una pérdida de salario real y mayor precarización del empleo.
Las pautas de ajustes salariales de 2020 y 2021 junto con los incrementos salariales del sector público, han implicado una caída de los ingresos reales de los trabajadores, que de manera diferida afecta los ajustes de jubilaciones. La pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población ha generado una mayor desigualdad ya que a pesar de la recuperación económica de 2021, una mayoría de la población no accede a los beneficios de esta.
La caída del PIB comienza a revertirse en 2021, primero de manera lenta en el primer semestre, pero con una rápida acelerada en el segundo semestre, que llevó a que la tasa de crecimiento se ubicara por encima de los pronósticos de las consultoras de coyuntura e incluso de los oficiales. La reactivación comenzó a partir de los sectores transables, en particular en el sector primario.
Los sectores agroexportadores fueron los que menos sintieron el retroceso de 2020 y los que mayor incremento tuvieron durante el 2021. La reactivación mundial al inicio y algunos conflictos geopolíticos internacionales derivaron en un fuerte incremento de los commodities y alimentos; factor que aprovecharon varias ramas productivas para obtener un crecimiento acelerado y altas rentabilidades.
Este sector tiene bajo encadenamiento con el resto de la economía y ocupa poco personal, por lo que la estrategia del derrame si los sectores dinámicos son los agroexportadores se dará (en caso de que exista) a cuenta gotas. Los sectores no transables, sobre todo vinculados a servicios han tenido una recuperación mucho más lenta, producto de la caída de los ingresos reales de la mayoría de los uruguayos. Es de esperar que mientras se continúen generando caídas en los ingresos reales no se generen efectos significativos sobre el consumo y por ende estos sectores permanezcan relativamente estancados.
A nivel del mercado de trabajo, ha existido una importante reactivación, en la que también han incidido la generación de los programas públicos de empleo que se realizaron por parte del gobierno nacional y los gobiernos departamentales. Aunque esta reactivación de la dinámica de empleo, tiene varios elementos que nos permiten plantear que buena parte de los mismos tiene problemas de calidad de empleo (formalización, precariedad, subempleo). Los programas públicos de empleo han contribuido en una tercera parte de la creación de empleos formales, llegando incluso en algunos departamentos a más del 80% de los mismos; esto plantea que buena parte de los nuevos puestos de trabajo creados no son formales. Pero además dentro de los formales buena parte son de carácter transitorios, por lo tanto, precarios lo que también plantea problemas en la dinámica laboral.
Lo anterior es consistente con un modo de acumulación que pretende que las propias leyes y dinámicas de los mercados rijan el proceso de crecimiento y donde la existencia de una mano invisible conducirá a generar los equilibrios posteriores. Aún sin considerar la veracidad de este modelo de largo plazo, la situación de corto plazo implica ajustes que en algunos sectores verían sumamente deterioradas las condiciones de vida hasta que no se procesaran estos nuevos equilibrios. Por lo que la aplicación irrestricta de este modelo de acumulación plantea la contracara del deterioro de las condiciones laborales y caídas de salarios, elementos necesarios para generar la acumulación de ganancias que permita las inversiones posteriores, y consecuencia de esto el aumento de los niveles de pobreza y exclusión.
La dinámica del crecimiento económico requiere la existencia de una demanda sostenida que permita desarrollar la expansión de la oferta. En el esquema de ajuste y reestructura del modelo de acumulación que estamos viviendo, la demanda interna debería caer tanto por la caída del consumo privado, como por el recorte del gasto público; y si bien se puede prever un incremento de la inversión privada, su variación relativa debería ser muy grande para compensar los otros componentes del PIB. Por lo que la apuesta está en la demanda externa que en la coyuntura actual ha servido para dinamizar determinados sectores económicos, pero que nos deja expuestos a las oscilaciones de los precios internacionales, de gran volatilidad.
El crecimiento económico en 2021 fue explicado principalmente por las exportaciones cuya incidencia llega casi al 50%. Lo que como explicamos tiene que ver con condiciones favorables del contexto internacional, precios y cantidades demandadas. Como también señalamos el sector exportador tiene una alta concentración siendo pocas empresas las que concentran la mayor parte de las mismas y en pocos productos. Lo que nos deja expuestos como economía a los riesgos de los shocks generados en la coyuntura internacional. Durante muchos años se ha planteado desde la derecha que el crecimiento del PIB en los primeros años de los gobiernos frenteamplista fue “viento de cola” (afirmación discutible, y desde mi punto de vista incorrecta); pero hoy se apuesta como salvación a lo que ocurra en los mercados internacionales, por lo que como señala Carlos Grau en una reciente columna atamos el crecimiento a “como soplen los vientos”, lo que nos deja por lo menos con una estrategia muy vulnerable.
La política llevada adelante por parte del actual gobierno ha generado un esquema de crecimiento desigual, profundizando estas desigualdades a partir de las medidas adoptadas. Al ya mencionado esquema de política salarial que implicó una caída de los ingresos reales de los trabajadores, podemos agregar, el ajuste de la BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones) por IMS (Índice Medio de Salario) en vez de hacerlo por el IPC lo que generó un aumento de los contribuyentes de IRPF e IASS, aun cayendo los ingresos reales.
También al inicio del período del gobierno se redujo el descuento de IVA en compras realizadas por medios electrónicos de pago, lo que implicó un aumento de la carga efectiva de IVA pagado por los consumidores. Como los impuestos al consumo afectan de manera más importante a los hogares de menores ingresos esta política implica un deterioro del poder de compra con un efecto regresivo en la distribución del ingreso. En la misma dirección se puede considerar el impuesto generado a los salarios de los empleados públicos.
Este set de medidas ha generado que el consumo de los hogares haya caído más en 2020 que el PIB (6,9% en relación al 6,1% del PIB) y el crecimiento del consumo en 2021 esta en la mitad del crecimiento global.
Las consecuencias sociales de este modelo de acumulación no son nuevas en Uruguay, el patrón de crecimiento es muy similar al desarrollado en los 90, donde factiblemente debemos esperar un incremento de la desigualdad de ingresos y esto en la cola de ingresos bajos, probablemente lleve a la caída de muchos hogares bajo la línea de pobreza.
En los próximos años se proyectan tasas moderadas de crecimiento, que, junto con el retroceso en materia de distribución del ingreso y el retiro del Estado de áreas significativas, nos pronostica un escenario de mayores desigualdades donde algunos sectores se beneficien del modelo de acumulación actual, los que el gobierno llama “malla oro” y donde empiezan a quedar rezagados otra porción de la población. El desafío de corto plazo que tenemos los sectores populares y de izquierda es generar acciones de resistencia a la profundización de este modelo. Si bien el esquema reactivo no va a propiciar mejoras significativas, implicará disminuir los retrocesos de forma de que el nuevo punto de partida de un modelo inclusivo sea lo más cercano a las situaciones encontradas en 2019.
Durante los gobiernos frenteamplistas la tasa de crecimiento promedio fue del 5,1% cuando los promedios históricos de largo plazo según la mayoría de las estimaciones sitúan algo por encima del 2%. Pero además este fue un crecimiento redistributivo ya que permitió mejorar la distribución y ello se refleja en el crecimiento del consumo de los hogares cuyas tasas siempre estuvieron por encima de la tasa de crecimiento global.
La definición de un nuevo patrón de acumulación que permita generar crecimiento económico, pero que a su vez pueda desarrollar un proceso de mejora en las condiciones de vida de las grandes mayorías, es el desafío de la izquierda para cuando vuelva a ser gobierno. Pero además deberá profundizar este proceso de manera más acelerada ya que los incrementos de los niveles de pobreza que se proyectan deberán ser revertidos rápidamente, de manera de que cambien las condiciones de vida de esta población.
