Desde el año pasado, y fruto de la lucha de quienes militamos la dignidad humana, nuestro país cuenta con una Ley Integral para personas Trans.
Las personas trans no constituyen, tras la aprobación de la ley, una población que goce de privilegios en relación al resto de la sociedad, sino todo lo contrario. Sobre sus espaldas cargan con una serie de exclusiones de las que son y han sido objeto, con el estigma de una identidad menospreciada, el sufrimiento derivado de diseñar estrategias de sobrevivencia desde los márgenes de la sociedad y la mirada inquisidora de quienes con hipocresía las instrumentalizan y las consideran objetos.
Este domingo, a través de la herramienta del pre-referéndum, los sectores conservadores buscan derogar esta ley y con ese objetivo recurren a una campaña de mentiras y desinformación con la que nos interesa debatir.
Los recursos a los que apelamos para hacer política hablan de nuestra perspectiva ética y para las y los socialistas tergiversar, confundir e incitar al odio entre uruguayos y uruguayas nunca fue ni será una opción.
1) La ley sólo garantiza derechos básicos como el de identidad y acceso al empleo, educación, salud y vivienda.
2) La pensión reparatoria se restringe a aquellas personas trans nacidas antes de 1976 que puedan demostrar fehacientemente que por su condición de tales fueron víctimas de violencia institucional por parte del Estado durante la dictadura y primeros años de democracia. Hasta ahora se han concedido solamente 7 pensiones y se proyecta que pueda concretarse otra cantidad similar. Con una expectativa de vida que apenas supera los 40 años en América Latina son pocas las personas trans que podrían llegar a acogerse a esta reparación.
3) La ley garantiza el acompañamiento y la atención integral de salud para quienes resuelvan transicionar y no deban recurrir en la clandestinidad a productos que pongan en riesgo su vida. Los procesos de hormonización son supervisados por equipos multidisciplinarios y no se preveé que menores de edad puedan realizarse intervenciones quirúrgicas sin anuencia de sus padres o representantes legales.
4) La ley se ampara en el Código de la Niñez y la Adolescencia en lo que a la autonomía progresiva de los menores refiere y no amenaza en absoluto la patria potestad como se quiere transmitir.
Para quienes estamos movidos por la vocación de justicia, el avance hacia una sociedad de nuevo tipo exige identificarnos con las personas más vulneradas, desprivatizando su sufrimiento y pensando la realidad desde las periferias hacia el centro, no en una perspectiva asimétrica y paternalista, sino desde la crítica colectiva al poder dominante y la solidaridad efectiva de una lucha común.
La mirada liberadora de la relación interpersonal debe inspirar nuestra actitud colectiva frente a las estructuras que consolidan y reproducen el menosprecio, el desprecio y la desigualdad.
El domingo nos jugamos el camino hacia el Uruguay que busca construir igualdad real en la diversidad, el que apuesta a empujar a su gente a que pueda desarrollarse en su plenitud, y es por eso que convocamos a NO VOTAR.
¡La dignidad no se plebiscita!
