187 años atrás, el 18 de julio de 1830, se juró nuestra primera Constitución. Allí quedó finalmente definida la condición de Estado soberano e independiente de todo poder extranjero y se consagraron algunos derechos fundamentales. “La afirmación de derechos personales, la distribución de poderes, las garantías para su funcionamiento, fueron rasgos positivos de esta Constitución, que la hicieron perdurable. Estuvo por encima de los caudillos y luego de los partidos, y todos fueron conscientes de que muchos males de la República derivaban de su no acatamiento.” (Nahum, 1998: 56).
Uno de los signos negativos de aquella primera Constitución fue que no otorgaba derechos ciudadanos a los analfabetos ni a los peones jornaleros, en una sociedad cuyo índice de alfabetización era bajo y el porcentaje de peones era alto. Aquel Uruguay incipiente tenía una población que era 45 veces menor a la actual: solo 74.000 habitantes, de los cuales 14.000 vivían en Montevideo y 60.000 en una veintena de poblados en el resto del territorio.
A lo largo de los casi dos siglos que nos distancian de aquellos tiempos fundacionales, han ido evolucionando muchísimas cosas en nuestra sociedad. La oleada de derechos consagrados a principios de siglo XX, décadas después el voto femenino y los consejos de salarios, y hasta la propia conquista de Maracaná nos reflejaban en un espejo que nos devolvía la imagen de la superación. Sin embargo la segunda mitad del siglo XX representa un tedioso freno al impulso vanguardista acumulado: sobrevino el estancamiento económico, la falta de ideas gobernantes, la caída del salario, la desocupación, la pérdida de las libertades, la destrucción de derechos. El inicio del nuevo siglo XXI continuó la inercia y nos expuso a la peor crisis de la historia que registre nuestro país.
Recién en esta última década revertimos drásticamente ese largo estancamiento, dinamizamos la economía, implementamos una nueva oleada de consagración de derechos – hay quienes la dimensionan al nivel de la de principios del siglo pasado – que abarca todas las áreas y se refleja en la mejora de las condiciones de vida de las grandes mayorías. El soporte a estos cambios tiene su arquitectura en las reformas laborales, educativas, sanitarias, tributarias, nueva agenda de derechos.
Pero todo lo logrado, pierde sentido si vuelve a detenerse como ya sucedió en el pasado con políticas retardatarias. Por delante tenemos un camino de necesaria superación para terminar definitivamente con las exclusiones y universalizar las oportunidades.
Para profundizar en esta dirección es necesario reformar la Constitución. Algunos contenidos de dicha Reforma Constitucional, propuestos en las Tesis Partidarias del PS son los siguientes: consagrar el voto en el exterior; revisar el balotaje y mantenerlo en función de una diferencia mayor de los primeros candidatos; mantener la separación de las elecciones, las departamentales y municipales a mitad del mandato, y en hojas separadas; desarrollar los derechos sociales y los llamados derechos de tercera generación (ejemplo, medio ambiente).
Estas propuestas, junto a otras tantas de otros sectores de la fuerza política, se están considerando a nivel de Comisión de Reforma Constitucional del Frente Amplio. Todo coherente a lo resuelto en el último Plenario del Frente Amplio, de fecha 8 de julio, en el que se resolvió profundizar la propuesta de contenidos, desde la concepción de un trabajo que se debe realizar junto con las organizaciones sociales, que constituya la plataforma de sustentación del proceso de Reforma Constitucional con miras al próximo período de gobierno. A grandes trazos existe acuerdo en diez bloques temáticos: 1.Dignidad y derechos humanos. 2. Nacionalidad y ciudadanía. 3. Democracia y Poder Legislativo. 4. Justicia y Poder Judicial. 5. Equilibrio y relación entre los Poderes. 6. Ética y Transparencia Pública. 7. Descentralización y Tercer Nivel de Gobierno. 8. El Ambiente y su protección. 9. Integración regional e inserción internacional. 10. Modernización del derecho de propiedad incorporando las nuevas realidades.
La historia está plagada de ejemplos de lo que significa la puja entre los conservadores de privilegios – esos que ante cada intento reformista, advierten horrorizados que la Constitución no debe ser modificada, al exclamar: “no toquen nada” y quienes, desde otra concepción ideológica totalmente distinta, luchamos por el bien común. Uruguay tiene por delante reformas tan necesarias como impostergables. La democracia de este tiempo así lo exige.