Escribe Mónica Xavier
Otra vez la pelota en la casa de las mujeres pobres…
Y otra vez es Lafigliola, uno de los portavoces de la campaña anti derechos, ahora amparado en el pensamiento del presidente Luis Lacalle Pou -y de todo el gobierno según él-, quién propone limitar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en ASSE. Se definen como un gobierno “pro vida”.
En primer lugar, no le damos la derecha a nadie en la defensa de la salud y la vida. La mortalidad materna y la mortalidad infantil descendieron como nunca en nuestro país, alcanzando las metas de Naciones Unidas en menos tiempo de lo estipulado.
En segundo lugar, recordar que Uruguay saldó este tema mediante la Ley N°18.987 del año 2012 y luego con un recurso de referéndum contra la misma que no prosperó.
Durante los 15 años de gobiernos frenteamplistas se dio un proceso de generación de marcos legislativos y políticas públicas que en materia sanitaria tuvo logros muy significativos, ya en el año 2008 se sancionó la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva N°18.426, cuyo capítulo referido al aborto es vetado por el Pte. Tabaré Vázquez, lo cual lleva a legislar nuevamente respecto al tema con la Ley que actualmente nos rige.
En tercer lugar, la Ley garantiza el derecho a la procreación consciente y responsable. No obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo y sí protege a aquellas mujeres que, decidiendo interrumpirlo, no tenían las garantías sanitarias y se sometían a riesgos que pagaban con su vida o con su calidad de vida.
Contrariamente a lo que pronosticaban quienes estaban en contra de legislar, la mortalidad por aborto inseguro prácticamente desapareció, la primera muerte desde la aplicación de la ley que se conozca, ocurrió a fines del 2020, un penoso caso de una adolescente de 14 años que falleció durante un procedimiento legal en el interior del país. El Covid también tuvo su impacto en la salud reproductiva, con diferimientos de controles y con la propia infección en mujeres embarazadas con una significativa mortalidad. Con estos ejemplos queremos señalar que aún persisten déficits en la implementación de la Ley, ni que hablar del insuficiente registro de profesionales objetores de conciencia en todos las instituciones en que se desempeñan, por la falta de cruzamiento de datos por parte de las autoridades.
Volviendo a la propuesta de “desestimular” los abortos en el prestador ASSE, es atacar a esas usuarias, mujeres con mayor vulnerabilidad social o económica. Diferenciar el ejercicio de un derecho en razón de ser mujeres pobres resulta inaceptablemente, clasista y degradante !!!
La ley y su reglamentación son claras, así como el Manual de procedimiento para el manejo sanitario de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que detalla cada paso que debe dar el equipo de salud.
El equipo interdisciplinario deberá informar a la mujer de lo establecido en la ley -en 4 consultas-, de las características de la interrupción y eventuales riesgos, así como de las alternativas al aborto provocado, incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico o la posibilidad de decidir la adoptabilidad del niño/a. Este equipo multidisciplinario deberá estar constituido por ginecólogo/a, otro/a profesional especialista en el área de la salud psíquica y otro/a en el área social. Por tanto ¿a qué se refiere el Sr. Iafigliola, cuando dice que se deben dar alternativas, si las mismas ya están previstas en la Ley? También está garantizado en el art 4° de la Ley que, “el proceso de decisión de la mujer permanezca exento de presiones de terceros sea para continuar o interrumpir el embarazo”, que seguramente sea el verdadero objetivo que persigue. Menospreciar a las mujeres dando por válido que no pueden tomar decisiones responsables por sí mismas, es retroceder a siglos pasados y a una visión que no reconoce los derechos y la dignidad de las personas.
Rechazamos esta iniciativa inaceptablemente, clasista y degradante; defendemos la Ley vigente y reiteramos que en un Estado laico como lo es el uruguayo, lo que para un creyente puede ser un pecado, no debe considerarse delito para toda la sociedad.
