Unos 600.000 uruguayos ya accedieron gratuitamente al sistema financiero, lo que incluye una cuenta bancaria o un instrumento de dinero electrónico, y la mitad de las cuentas nuevas fueron emitidas por instituciones financieras no bancarias.
A esto se suma que el Gobierno subsidia la instalación de puntos de extracción de dinero en efectivo y de pago de servicios, con hasta el 75 % de la inversión realizada, con un máximo de US$ 2.500.
Además, cabe destacar que el arrendamiento del dispositivo para efectuar las transacciones electrónicas (POS) más económico es de $316 al mes.
Estos datos fueron aportados por el responsable del programa, Martín Vallcorba.
Más allá de esto, en las últimas semanas se anunció que varios de los partidos de la oposición, especialmente el Nacional, Colorado y de la Gente han manifestado que apoyarán y harán campaña para que se concrete la realización de un referéndum para derogar la ley de Inclusión Financiera.
En ese contexto, LA REPÚBLICA consultó al dirigente de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) e integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Fernando Gambera, quien manifestó que “la derogación no le soluciona nada a los comerciantes, porque inexorablemente el uso del plástico no pasa por la ley sino por la tecnología, y esos comerciantes van a tener que ajustarse a lo que pasa en la sociedad y ese acostumbramiento al uso de este sistema por varios aspectos, como ser seguridad”.
¿Campaña electoral?
Enfatizó el sindicalista que “le están vendiendo un gran tranvía a los comerciantes con esta propuesta, y montando una campaña electoral en sintonía, pero ese es un problema de los partidos políticos y no del movimiento sindical del cual hago parte”.
Aseveró que este sistema “es más democrático y acerca a toda la sociedad al sistema financiero y al sistema financiero a toda la sociedad”.
Gambera añadió que “nos da la opción a los trabajadores de elegir que institución financiera nos brinda mejor servicios, como ser acceso al crédito y no que sea el patrón quien decida”.
En otro orden destacó que la obligatoriedad lo que hace “es obligar a los empresarios a registrar todos los negocios que hacen. Ataca la evasión y me da a mi trabajador, que soy la parte débil del sistema, un poco más de certeza de ejercer mis derechos”.
El dirigente fue más allá al sostener que “la otra cuestión conceptual importante es que agrega registración, control y formalidad al sistema, y eso le hace bien al país, y va a favor de los más débiles”.
Las ventajas de la ley
Al preguntársele si el movimiento sindical va a levar adelante una campaña para desestimular que las personas apoyen este referéndum, Gambera indicó que “no tenemos aún pensado hacer algo en contra, lo que si vamos a seguir haciendo, porque lo hacíamos desde antes de que se aprobara, es ir a sindicatos, empresas y donde nos soliciten, a dar charlas explicativas sobre este programa. A dar nuestro punto de vista de cuáles son las ventajas de esta ley”.
Concluyó remarcando que “estamos convencidos que no es con la derogación de esta ley que se solucionan las cosas, sino volveríamos a un estado anterior donde perderíamos todos. Es una puja electoral, donde no nos vamos a meter. Que quede claro a los trabajadores que hoy tiene más libertad en el tema, que no es como quieren hacerlos creer juntando sus firmas”.
Fuente: La República
26/7/2017