Escribe Liliana Queijo | Senadora suplente PS FA
Las y los socialistas sostenemos que es incompatible la vida digna con el capitalismo.
Consideramos incompatible la vida digna con la pobreza y sabemos que es incompatible la pobreza con la salud. También que las políticas económicas y sociales que caracterizan al modelo concentrador del gobierno profundizan las desigualdades, repercuten sobre la calidad de vida de la población y afectan en especial a las y los más vulnerables.
Pocas cosas evidencian tan claramente estas afirmaciones como las medidas de atención a la salud, que van desde la promoción de la salud y prevención de las enfermedades hasta el tratamiento y rehabilitación, porque pueden rápidamente determinar resultados trágicos que se miden en enfermedad y muertes prematuras.
Bajo esta óptica, se debe valorar y condenar la actitud de los parlamentarios que en la pasada Rendición de Cuentas tomaron la decisión de no acompañar las iniciativas del MSP para prevenir la adicción al tabaco.
Una de las iniciativas del MSP proponía gravar con impuestos a los sucedáneos del tabaco -cigarrillos electrónicos, tabaco calentado- a los que el mismo gobierno habilitó la entrada al mercado. Considerando que subir los costos limita el consumo, esta medida tiene especial énfasis en adolescentes que no cuentan con recursos propios. La otra, pretendía prohibir la venta de cigarrillos adicionados con ingredientes de gustos agradables que disminuyen el efecto irritante del tabaco. Este invento fruto de la creatividad homicida de las empresas tiene por objetivo mantener el nivel de consumo haciéndolo más atractivo a quienes comienzan el camino de la adicción Está dirigido a promover que fumen niños y adolescentes sustentado en disminuir en forma engañosa la percepción de riesgo.
Al pretender analizar este comportamiento surge claramente que no se trata de un hecho aislado. Es coherente con todas las acciones de gobierno, que relativizan la responsabilidad del Estado en el cuidado de la salud de la población y la prevención de enfermedades.
En este sentido podemos mencionar:
- La actitud negligente durante la pandemia. La frivolidad evidenciada en el uso hasta el tedio de los medios de comunicación al servicio del personalismo del Presidente, mientras los resultados fueron favorables. Y luego, cuando los valores cambiaron de signo y las muertes llegaron a los porcentajes más altos del mundo, no se explicó la demora en el comienzo de la vacunación, ni por qué Uruguay destinó tan pobres recursos para asegurar el bienestar de la población y siguió en plena pandemia con las política de ajustes. Da escalofríos pensar que hubiera ocurrido si esta epidemia hubiera acontecido antes del 2005 cuando la atención a la salud pública fruto de la acción de los partidos tradicionales era francamente lastimosa.
- El gobierno no se hizo -ni se hace- cargo de las alertas gravísimas sobre la inseguridad alimentaria de la población y trasladó a la sociedad civil la responsabilidad de nutrir a ciudadanos en ollas populares y merenderos, que siguen cubriendo las necesidades de miles de uruguayas y uruguayos.
- Se cambiaron los valores del etiquetado frontal, flexibilizándolos en favor de la industria y también bajando la apreciación del riesgo en forma tramposa. Aún hay cantidad de productos sin etiquetar en la oferta al público. El exceso de azúcar, sal, grasas y grasas saturadas son responsables de las enfermedades crónicas más prevalentes en nuestro país, que causan muertes prematuras.
- Se intentaron aumentar los valores de alcohol en sangre para manejar. Con exposiciones públicas de actores del gobierno relativizando el conocimiento científico y generando incertidumbre en la población.
- Se autorizó el ingreso y venta de sucedáneos del tabaco.
- Durante la sequía, hubo marchas y contramarchas en la información con respecto a la sal y otros productos que convirtieron en nociva el agua de consumo, generando confusión y tomando medidas insuficientes que dejaron por fuera de las mismas a amplios sectores de población.
- La surrealista discusión sobre el exceso de velocidad. No es menor que un político con la investidura de Senador plantee que no cumple e instigue a no cumplir con los reglamentos. Ya había antecedentes similares en la discusión sobre el uso del casco desde una injustificable falta de conocimientos.
Buscando explicar todo lo anterior, podríamos pensar que quienes nos gobiernan en mayoría tienen una sorprendente ignorancia ya que no estamos hablando de novedades científicas. En la década del 50 del siglo pasado, Doll Y Hill demostraron la relación entre tabaco y cáncer y desde hace muchos años se conocen otras innumerables enfermedades vinculadas a la adicción al tabaco. Por lo pronto, las más prevalentes en nuestro país. Se sabe que los fumadores tienen una expectativa de vida 10 años menor que el resto de la población.
Son archiconocidos los estragos que produce la adicción al alcohol, que es la droga de mayor consumo. Y ni que hablar de la determinación sobre la salud de una alimentación inadecuada en calidad y cantidad.
La falta de competencia podría de paso explicar también la escasa profundidad en la discusión y los agravios y la grosería que en más de una ocasión son los recursos discursivos de algunos integrantes del parlamento Sin embargo, esto no explica por sí solo la coherencia de las políticas de salud con el resto de las políticas que ha puesto en práctica el Presidente y su coalición.
Y ahora, al no votar estos artículos de la Rendición de Cuentas, dieron un paso más pasando de un postura frívola e irresponsable, a una postura proactiva permitiendo a las tabacaleras atentar sobre la salud de la población, en particular de las y los más jóvenes ¿o acaso les vamos a pedir a los niños que hagan uso de su libertad responsable para cuidar su salud?
Seguramente la explicación tiene que ver con lo planteado al inicio. Hay en juego dos modelos. Uno de ellos que privilegia al mercado aún a costa del bienestar del pueblo y atenta contra la dignidad y la vida. A este se adhiere la coalición donde todos están implicados por acción o por omisión.
El Presidente, sus ministros, parlamentarios y funcionarios con responsabilidades sobre la salud de la población, tendrían que explicar ahora mismo a quiénes benefician con estas políticas y por qué. Asimismo, qué beneficio reciben ellos. Porque siempre alguno se beneficia más allá del dolor otras y otros. No los redime inaugurar hospitales para tratar a quienes se enferman, después de hacer añicos la política de prevención que se instaló trabajosamente en el país durante los años de gobierno del Frente Amplio.
A Lacalle que parece tan ocupado en su cuidado personal, tan preocupado por aparentar un aspecto saludable y juvenil, por su imagen, sus descansos, ¿no le aflige gobernar una sociedad cada día más insalubre?
