El mundo se enfrenta en estos días a una crisis global sin precedentes. La irrupción del coronavirus ha provocado un intenso debate político entre las y los más importantes líderes, así también como entre intelectuales mundiales, interviniendo como prueba de que la situación es mucho más que la enfermedad, sino civilizacional.
Es una crisis de carácter sanitaria por el contagio masivo de la enfermedad COVID-19, pero también una crisis con profundos impactos económicos y de carácter social, dadas las alteraciones de los flujos, intercambios y contestaciones de los grupos humanos en plena sociedad del conocimiento. En un instante, la globalización se ha visto afectada y ha traído de vuelta al Estado-nación, las comunidades y las bases como estructuradores de las respuestas.
Si bien todas las personas están expuestas al contagio del virus, no todas ellas están protegidas de la misma manera ante su amenaza. Los principales focos de afectación de esta calamidad hasta el momento se hallan en países con fuerte capacidad estatal y sistemas sanitarios consolidados (China, Estados Unidos y Unión Europea, fundamentalmente), sin embargo, el virus ha llegado también al sur global, en donde prima la inequidad social y la fragilidad del Estado en asegurar derechos como la salud.
Esta crisis ha puesto sobre el centro de la discusión la importancia y el rol del Estado: no solo por la capacidad para diagnosticar y atender a personas contagiadas por el virus a través de los sistemas públicos de salud, sino en evidenciar que aún hay mucha ciudadanía que no percibe ingresos –o que recibe muy poco dinero mensual a través de políticas focalizadas de asistencia–, y deben aislarse del mismo modo que aquellos que sí cuentan con recursos para hacerlo. En eso, los planes de contingencia para proteger a las y los trabajadores formales y de la economía popular, y las medidas económicas para movilizar recursos, han resultado primordiales.
En tiempos en donde el proyecto neoliberal retomaba impulso y se tornaba más agresivo, la contingencia nos ha obligado a volver la mirada sobre el resultado del pacto social llamado Estado. Sin embargo, no basta con el reconocimiento de su importancia, sino con el desafío de preguntarnos ampliamente sobre qué tipo de Estado queremos para afrontar los desafíos de las próximas décadas, a partir de experiencias como las que atravesamos ahora.
La amenaza, sin embargo, no es solo la pandemia, sino la condición politica a la cual nos enfrentaremos el día después de su fin. Está latente la posibilidad de que las democracias se degraden a tal punto que sus libertades fundamentales pasen a segundo plano ante la inminencia de los problemas, en pos de cierta eficiencia, paz y orden en los países. Hoy existe un interés general a proteger, valorando la solidaridad en todos los niveles, pero no podemos normalizar los efectos tóxicos de los estados duraderos de excepción constitucional.
Por ello, la situación de aislamiento social que atraviesan la mayor cantidad de países bajo toques de queda o cuarentenas obligatorias no puede ser excusa para que se vulneren los derechos humanos. Las instituciones de control local así como las instancias internacionales deben cautelar que no ocurran excesos por parte de las fuerzas del orden público y seguridad. Al mismo tiempo, es importante mantener fuertes los lazos entre países y no ocupar la pandemia para decretar el cierre de fronteras para siempre.
Asimismo, en este escenario de confinamiento masivo se hacen más latente los episodios de violencia de género. Instamos a que los gobiernos a que se desplieguen acciones concretas para combatir esta realidad, con herramientas de asistencia inmediata, espacios seguros, sistemas de justicia habilitados para denuncias, etc.
De la misma manera, esta interrumpida normalidad no nos puede llevar a profundizar las discriminaciones a la comunidad LGBT, los sesgos xenófobos hacia migrantes y la precariedad de las personas discapacitadas. Tenemos que apelar a la robustez de la sociedad civil y de los movimientos sociales para enfrentar esos miedos, siendo esencial su rol en tiempos donde la participación es exigida.
En consecuencia, en un contexto previo donde existía un profundo cuestionamiento al orden mundial liberal, las izquierdas debemos estar atentas para tomar nota de las disputas que se expresan en esta contingencia. No nos podemos regocijar con la idea de la agonía del neoliberalismo, cuando ella no es la muerte del capitalismo moderno, sino una de sus posibles formas de organización. Necesitamos leer con fineza este momento, donde se pide más acción del Estado, mayor solidaridad y ampliación de las protecciones a quienes son vulnerables, como también se oyen alertas autoritarias, militaristas y punitivas.
Por lo anterior, llamamos a los líderes políticos del mundo a aunar esfuerzos para combatir esta amenaza global que es el COVID-19. Para ello se requiere que las fuerzas con mayor peso a nivel geopolítico aseguren la movilización de todos los recursos necesarios para proteger lo más humano, la vida y el interés común por sobre el capital y el interés particular.
Este problema global debe encontrar una respuesta multilateral, que posibilite la reactivación pronta de las economías nacionales. No se pueden replicar dinámicas de asfixia financiera y ajuste estructural en países periféricos, mientras en aquellos centrales empiezan a encaminar grandes inyecciones de recursos, distanciándose así del fantasma de la austeridad. Igualmente, deben desplegarse con mayor intensidad políticas de cooperación técnica, médica y científica que reduzcan el impacto de esta enfermedad, sobre todo en países con menores recursos y capacidad propia de hacerlo.
Que esta crisis no termine con más víctimas humanas ni ampliando la marcada desigualdad social ya existente aun está en nuestras manos. Que sea, más bien, una oportunidad para impulsar un nuevo horizonte civilizatorio, más justo social, cultural y ambientalmente, es algo que debe estar nuestro quehacer y visión. Recuperemos la importancia de la mejor tradición socialista: la que piensa desde la organización social, con radicalidad democrática, en el bien común del pueblo por medio del actuar del Estado.
Extraído de https://iusy.org/category/home/iusys-statement-on-covid-19/
