Escribe: Gonzalo Civila López – Secretario General del Partido Socialista, Diputado por Montevideo
En estos días estamos comenzando el análisis del proyecto de presupuesto quinquenal presentado por el Poder Ejecutivo. No se trata de cualquier proyecto. El mensaje presupuestal da cuenta del país que el gobierno pretende construir, y de muchos de los medios que elige para intentar hacerlo posible. Al decir de la Ministra de Economía en su comparecencia ante la Comisión integrada de Presupuesto con Hacienda de la Cámara de Diputados, es la expresión del “modelo filosófico y económico” del gobierno que asumió este año. Se trata, por otra parte, de un proyecto que se formula en un contexto muy particular, y no sólo por el cambio de gobierno. El mundo, la región y el Uruguay viven los primeros y graves efectos de una emergencia sanitaria, precedida a su vez por una profunda crisis capitalista global con varios puntos álgidos en los últimos años. Todo tiende a maximizar las desigualdades y en el caso de nuestro país la emergencia social se agrava con escasa o nula respuesta del Estado.
Un proyecto tan vasto como el de presupuesto merece un análisis profundo y riguroso, por esa razón no ingresaremos aquí en detalles que todavía estamos estudiando, pero hay algunos rasgos de este mensaje presupuestal que saltan a la vista y marcan una inflexión. Para decirlo tomando las palabras del Presidente de la República, se trata de un proyecto elaborado en función de los “malla oro”, es decir de aquellos sectores que se encuentran en situación de mayor ventaja, de los más ricos y poderosos de las sociedad. La concepción filosófica y económica a la que se refería la Ministra en la Comisión, a juzgar por los contenidos del proyecto y por las acciones de política pública que el gobierno viene desplegando hasta ahora, es aquella que sostiene que solamente privilegiando a los privilegiados se podrá ingresar en una senda de crecimiento y que, en todo caso, la mejora de las condiciones de vida de los sectores estructuralmente oprimidos y por ende más golpeados por la crisis, debe esperar al derrame que, según sus proyecciones, se producirá sobre el final del período de gobierno. Nada nuevo, un modelo archiconocido que a las y los trabajadores les exige sacrificios prometiendo un futuro promisorio que, como indica la experiencia histórica, nunca llega.
Dicho esto no ingresaremos aquí en las medidas que el gobierno nacional ha tomado (ni en las que no ha tomado) desde que asumió, sino que nos remitiremos estrictamente al presupuesto. Vale decir que el keynesianismo prometido, como anticipamos en su momento, no llega, no llegó y no llegará. No se propone un comportamiento contracíclico del gasto público (como se había anunciado hace apenas dos meses) sino un ajuste liberal típico, y se hace en medio de una recesión económica. Ese ajuste que se expresa falazmente como “un sacrificio del gobierno central” se pagará nada más y nada menos que con un creciente deterioro de las condiciones de vida de la enorme mayoría de la sociedad. Mientras se congelan o recortan componentes centrales de la inversión social, y el Estado no hace ningún esfuerzo relevante por incidir directamente a favor de la reactivación de la economía, se propone un obsceno aumento para altos sueldos de jerarcas designados políticamente. Una austeridad selectiva que se aplica como un mazazo sobre las mayorías, mientras otros países del mundo (incluso con gobiernos conservadores) dejan en un segundo plano sus objetivos fiscales y dogmatismos ideológicos para poner el foco en el abordaje de la emergencia sanitaria, económica y social.
Como muestra de la lógica elegida por el gobierno, en una primera lectura del presupuesto podemos también observar tres movimientos muy elocuentes que presentamos a modo de ejemplo:
– una engañosa operación contable que transfiere al MIDES partidas de asignaciones familiares actualmente radicadas en BPS. Este artilugio es utilizado para afirmar (sin vergüenza) que se duplica el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social;
– aumentos sustantivos e incrementos en la plantilla de funcionarios públicos en los incisos de Defensa e Interior, fortaleciendo los aparatos represivos y beneficiando también a la interna a sectores privilegiados, mientras por otro lado se toman medidas restrictivas sobre el resto de los funcionarios públicos;
– una burda intervención del gobierno central sobre la UAM, proyecto en el que la Intendencia de Montevideo ha invertido más de 90 millones de dólares, pretendiendo tomar el control del mismo, lo que constituye un avasallamiento que da cuenta de la “filosofía” del actual gobierno en cuanto a los procesos de descentralización y particularmente a su relación con los gobiernos departamentales que no están encabezados por la coalición de derecha.
Los resultados de este plan engañoso y concentrador, que incluye una caída garantizada del salario y las jubilaciones reales por al menos dos años, sólo pueden ser ruinosos para las mayorías y alimentar un espiral recesivo en la economía que más temprano que tarde ocasionará también mucho más gastos al Estado. Un completo desastre.
¿La explicación de alguna de estas situaciones está en el peso de Cabildo Abierto en la coalición gobernante como se ha sostenido por estos días? Decididamente no. Toda la coalición debe hacerse responsable por presentar el proyecto de presupuesto más regresivo que se haya visto en muchos años en Uruguay. La opción por fortalecer las botas y los palos mientras se congela el gasto social o la de hacer caer los salarios de los trabajadores mientras se incrementan sueldos de privilegio, no es una opción de un partido político integrante de la coalición, es del gobierno en su conjunto. Esta opción obedece, como dijo la Ministra, a una orientación filosófica muy clara, consistente con las peores normas aprobadas en la LUC, con todas y cada una de las medidas que se han tomado en estos meses, y también con las que han decidido no tomar, mientras miles de uruguayas y uruguayos necesitan asistencia hasta para comer.
El cinismo que ha invadido los discursos del gobierno tiene un nombre para esta “tormenta perfecta”: le dicen “un presupuesto centrado en las personas”. Lo que se olvidan de especificar es en qué personas, pero creo que ya va quedando claro.
¿Cuáles son los principales desafíos del movimiento popular en este contexto y con estas perspectivas?
Algunas las he desarrollado en columnas anteriores, pero sólo a efectos de resumir y sistematizar propongo aquí cinco tareas:
1) La organización de la solidaridad y la cercanía con las necesidades y urgencias reales de nuestro pueblo;
2) La crítica y la autocrítica sincera sobre cómo llegamos a esta situación, que no debe postergarse ni relegarse a una segundo plano;
3) La expresión clara, con firmeza democrática, de una oposición honesta y frontal a las políticas antipopulares del gobierno, que debemos enfrentar, no por objetivos electorales o partidistas sino por fidelidad a las mayorías sociales;
4) La formulación de propuestas y de una perspectiva alternativa, que incluye no sólo enunciados programáticos sino también otros modos de hacer política, abiertos y colectivos, de abajo para arriba, con las y los trabajadores organizados y transformando su propia vida;
5) La defensa del proyecto frenteamplista en los gobiernos departamentales y municipales, nunca disociando la encrucijada electoral de todas las demás tareas, y transformando nuestra forma de gobernar para mostrar una alternativa nítida y real que de respuesta a las necesidades verdaderas de los sectores más oprimidos de las sociedad.
Todas estas tareas exigen una relación de nuevo tipo entre organizaciones políticas y movimientos sociales y un restablecimiento del erosionado vínculo del Frente Amplio con la base social que le de verdadero sustento a la esperanza. Tal vez los cinco capítulos pueden sintetizarse en un solo desafío: recrear el proyecto de la dignidad humana, la justicia y la radicalización democrática en Uruguay, desde la escucha y la cercanía, para parar el atropello de los poderosos. Ahí estaremos las y los socialistas.
