Atravesamos una situación sanitaria y social dramática. La ausencia de políticas públicas integrales y adecuadas junto con la aplicación de un brutal ajuste en el peor momento, han convertido nuestras capacidades y ventajas en un verdadero desastre. Uruguay exhibe dos de los peores récords: somos el país del mundo con más contagios COVID por millón de habitantes, y nos contamos entre los que menos han invertido para afrontar las consecuencias de la pandemia. Es la tormenta perfecta. Pobreza en aumento, incremento exponencial de los contagios, decenas de muertes diarias, un sistema de salud saturado, y devastadoras consecuencias de angustia y miedo.
Ante esta situación hemos hecho un llamado reiterado al cuidado y el autocuidado, y también a un diálogo amplio sobre la base de un gran valor: la preservación de la vida. Pero esa convocatoria no puede ser abstracta, tampoco se trata de apelaciones vacías a la “unidad nacional” que hagan recaer la responsabilidad sobre quienes todos los días se ven obligados a continuar con sus actividades, en medio del desconcierto y la incertidumbre.
Es deber del Estado garantizarle a los ciudadanos y ciudadanas condiciones reales para cuidarse y cuidar a los demás. El proyecto de clase del actual gobierno, y su ideología liberal e individualista, lo están impidiendo.
La coalición gobernante, si no quiere cargar sobre sus hombros la peor crisis sanitaria, económica y social del país, debe escuchar y tener iniciativa. Escuchar a la comunidad científica, a los trabajadores y trabajadoras que están más expuestos, a los profesionales de la salud, a las organizaciones sociales, a las fuerzas políticas de oposición, a la contundente evidencia nacional e internacional, a la realidad. Se trata de una razón humanitaria.
En este sentido ya nos hemos expresado, sin ningún eco por parte del gobierno, sobre las recomendaciones de asociaciones científicas y profesionales, así como del propio GACH, en relación con la reducción drástica de la movilidad y la protección económica y social que la haga posible. También hemos insistido en la necesidad de un cambio urgente en la política salarial y en una distribución justa de las cargas gravando a a las grandes fortunas y a sectores del capital que han incrementado sus ganancias durante la pandemia.
En los últimos días ha surgido un pedido claro y justo de la Comisión Nacional pro-referéndum para la anulación de 135 artículos de la LUC, sobre el que también queremos manifestarnos. El mismo, que ha tenido escasa repercusión mediática, se refiere a la extensión del plazo para la recolección de firmas a favor de este recurso.
Uruguay aprobó en plena emergencia sanitaria y con la mayoría parlamentaria del gobierno, una ley de casi 500 artículos que modificó decenas de leyes anteriores, recortando derechos y conquistas democráticas. Empleando un mecanismo express y con la cobertura de la pandemia se aprobaron, con escaso conocimiento por parte de la población y casi nulas posibilidades de movilización y discusión pública, un paquete de normas regresivas y antipopulares. En estos meses hemos constatado la enorme desinformación que existe en la ciudadanía sobre la LUC y sus alcances, a pesar de que los mismos comprometen el futuro del país.
La única alternativa que tiene nuestro pueblo para debatir y resolver democráticamente sobre esta ley es la del referéndum.
La comisión y nuestros/as militantes han sido criticados por recolectar firmas en plena pandemia, a pesar de haber tomado siempre las precauciones sanitarias correspondientes. A su vez actores del gobierno han optado por ningunear la iniciativa, a punto tal de negarse a discutir públicamente sobre la LUC, en lo que parece ser una apelación deliberada a la desinformación y el no debate para blindar una ley que se convertiría así en un triple símbolo del retroceso democrático: por su aprobación súbita en plena pandemia, por sus contenidos, y por la indiferencia de sus impulsores frente a la iniciativa de debate público posterior y referéndum.
En estos meses de inacción gubernamental sobre una situación sanitaria descontrolada, se ha reglamentado el derecho de reunión con una formulación arbitraria y discrecional, habilitando la intervención de la fuerza pública. Además, a la vez que se opta por ajustar salarios y jubilaciones, no invertir en protección social y no regular actividades económicas privadas, se ha pretendido culpabilizar a la sociedad organizada -la misma que sostiene ollas populares y lucha por el cumplimiento de protocolos mínimos en los ámbitos de trabajo- de todos los males.
En este marco, la Comisión Pro-referéndum asumiendo el agravamiento de la situación sanitaria ha convocado a evitar cualquier actividad que implique riesgo de contagios, y le ha solicitado a todos los partidos políticos que consideren la posibilidad de extender el plazo constitucional para la recolección de firmas, apelando a un principio general según el cual al impedido por justa causa no le corren plazos. El antecedente de postergación de las elecciones departamentales y municipales en un contexto sanitario mucho menos grave que el actual, con el acuerdo de todos los partidos, es una muestra fehaciente de que el pedido es razonable y además es perfectamente viable. Sólo hace falta voluntad política.
En estos días se han escuchado voces oficialistas que han expresado su negativa a acceder a esta prórroga, argumentando que las firmas se pueden juntar igual, como si nada pasara. Esperamos que estas expresiones sean solamente reacciones individuales.
Desde el Partido Socialista queremos hacer un urgente llamado a la reflexión.
Hoy las fuerzas del gobierno tienen la posibilidad de demostrar que su intención no es valerse una vez más de la pandemia para negar un debate democrático, y que la preocupación por el cuidado sanitario no está subordinada a cálculos oportunistas.
En la sociedad existen intereses diversos y contrapuestos, pero la apuesta al bien común tiene dos mínimos fundamentales: el cuidado de la vida de todas y todos, y la posibilidad de debatir libre y democráticamente sobre la convivencia que queremos. Ambos exigen la responsabilidad e iniciativa indelegable del gobierno que puede tender un puente o seguir dividiendo a la sociedad.
Comité Ejecutivo Nacional, 6 de abril de 2021.
