El Comité Central del Partido Socialista se reunió en el día de hoy para intercambiar sobre la situación social y política del país y sobre la realidad del Frente Amplio.
En el curso de la reunión de la que participaron compañeras y compañeros de todo el país se abordaron múltiples temas de la realidad nacional.
En un contexto de profundización de la crisis económica y social, de cambio en la situación local de la pandemia y de movilización creciente de la sociedad, coincidimos en señalar la transformación relevante del escenario que significó la recolección de firmas para habilitar un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, así como la actitud más clara y decidida de las bancadas parlamentarias del Frente Amplio a partir de las interpelaciones desarrolladas a lo largo de este año. Como ya lo hemos manifestado, entendemos que el proceso de la recolección de firmas significó una verdadera autocrítica en la práctica, signada por la primacía del trabajo de base, la construcción articulada entre movimientos sociales populares e izquierda política, la audacia para generar nuevas condiciones a partir de la iniciativa y la lucha, y la construcción colectiva sin caudillos ni verticalismos.
En estos últimos meses vienen quedando en evidencia las consecuencias sociales nefastas del modelo burgués y liberal que implementa el gobierno el cual tiene entre sus componentes principales la LUC, el presupuesto nacional y la rendición de cuentas, las pautas salariales, y las iniciativas privatizadoras y de debilitamiento de las empresas públicas, que como también hemos señalado se articulan con una política criminalizadora de la protesta social y de persecución antisindical. El marco LUC es el marco del proyecto político de la derecha y las únicas consecuencias posibles de las políticas promovidas por este modelo son más desigualdad y pobreza, junto con retroceso en conquistas democráticas y libertades. Las angustias de la mayoría de nuestro pueblo pasan hoy por la desesperanza, la insatisfacción de necesidades básicas, el desempleo, la caída del salario y las jubilaciones reales, el aumento de los precios y la tarifas, y el debilitamiento de políticas y oportunidadespara los colectivos más vulnerados en una sociedad cada vez más fragmentada. Esta realidad seguirá profundizándose si se mantiene la línea de acción del actual gobierno que ha quedado ratificada en la Rendición de Cuentas recientemente aprobada en la Cámara de Representantes. Se trata de una profundización del ajuste con transferencia de ingresos de los sectores más pobres y asalariados a los sectores más ricos de la población, de una política antinacional y de entrega de soberanía, y de la ausencia absoluta de un plan de futuro que queda relegado a la autorregulación del mercado. La política aplicada y ratificada afecta a trabajadores, jubilados, capas medias, pequeños empresarios, y a una amplia gama de sectores sociales.
En el marco de esta caracterización general valoramos que la campaña hacia el referéndum debe asumir los aprendizajes del proceso de recolección de firmas, dentro de los que enfatizamos en la importancia de un enfoque amplio, con fuerte participación no sólo del Frente Amplio sino también de los movimientos sociales y organizaciones o agrupaciones políticas despuestas a sumarse, desplegando desde ya toda nuestra militancia para esta tarea de diálogo con el conjunto de nuestro pueblo. En ese camino debemos asumir el conflicto y la contradicción entre modelos, en un debate que incluye la denuncia de las consecuencias antipopulares de la política general del gobierno. El rol de nuestro Partido y del Frente Amplio no es de amortiguación o contención, sino de canalización democrática, pacífica y global de múltiples luchas sustantivas para el cambio social que deben profundizarse y anudarse también en esta campaña.
Valorando la realidad de la movilización social saludamos las importantes manifestaciones de los últimos días, desde las promovidas por FUCVAM, los sindicatos de las empresas públicas y los de la educación, la marcha desde Bella Unión y muchas iniciativas de diversas organizaciones sindicales y sociales, como la realizada por los colectivos de ollas populares que denuncian el agravamiento de una situación social y alimentaria cada vez más crítica.
La semana pasada hemos asistido a una interpelación al ex Ministro de Transporte por el acuerdo con la empresa Katoen Natie. En la misma ha quedado clara la metodología aplicada: bajo amenaza de un juicio sin fundamentos y con un monto que por si mismo genera descrédito, con exceso de reserva, sin información en el ámbito del Directorio de la ANP, ni en el ámbito político, sin fundamentos jurídicos ni económicos. También surge que el Acuerdo otorgado es inconstitucional e ilegal ya que establece un monopolio en el negocio de los contenedores sin haberse dictado una ley votada por dos tercios del total de componentes de cada Cámara, y porque además entra en contradicción con la ley de puertos vigente y con la ley de creación de la sociedad terminal Cuenca del Plata. El Partido Socialista entiende imprescindible evaluar junto con el conjunto del Frente Amplio la pertinencia de presentar a la Justicia todos los antecedentes y solicitar la anulación del acuerdo, determinando las responsabilidades políticas pertinentes. En este punto rechazamos también el deterioro deliberado de la ANP como autoridad portuaria y condenamos firmemente este acto de entrega por entenderlo inconstitucional, ilegal, inconveniente y contrario a los intereses del país y sus trabajadores/as. Señalamos a su vez que esta iniciativa no es ajena a otras como las que ya hemos denunciado en relación al proceso de debilitamiento de ANCAP con el cierre de emprendimientos productivos y la entrega al capital privado de áreas estratégicas del Ente.
En otro orden, manifestamos también nuestra preocupación por la falta de asignación de los recursos presupuestales imprescindiblespara la Educación, no llegando siquiera a lo solicitado por la ANEP con mayoría oficialista. En este marco, denunciamos eldesmantelamiento de programas educativos. A modo de ejemplo, el cierre de grupos del plan Formación Profesional Básica de UTU, una modalidad de educación media básica con un enfoque tecnológico que elegían miles de adolescentes al finalizar primaria. En el mismo sentido, se evidencia un deterioro de diversos servicios y políticas sociales universales en las áreas de salud y vivienda.
En cuanto a la anunciada reforma de la seguridad social volvemos a reiterar nuestro horizonte de construcción de una seguridad social de solidaridad intergeneracional, pública y no lucrativa, y reiteramos nuestra posición en defensa de los derechos de las y los trabajadores/as y jubiladas/os.
En lo que respecta a otro tema central como es la administración de justicia, recibimos con mucha preocupación la acordada dictada por la Suprema Corte de Justicia el 12 de agosto, donde determina que a partir del 1 de octubre de 2021, 20 ciudades y pueblos de 12 departamentos se quedan sin jueces de paz. El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental y por tanto se impone la obligación de garantizar el mismo a todas las personas. Esta decisión fue totalmente inconsulta y afecta fundamentalmente a los sectores mas necesitados y a las y los trabajadores del Poder Judicial. Reclamamos una suspensión de dicha reestructura, hasta tanto se dialogue y se busquen otras soluciones.
Ante esta realidad en la que se abren estos y muchos más problemas y frentes de organización y movilización, y con la prioridad de la campaña hacia el referéndum, el Partido Socialista ratifica la línea de trabajar denodadamente para reivindicar la política contrahegemónica y el debate de ideas, apegados a valores y causas de justicia y libertad, a su vez reafirmamos la importancia de que nuestras y nuestros militantes se involucren cada vez más en frentes sociales.
En este marco, nos proponemos continuar con las líneas de acción de nuestro plan político, que incluyen la creación de una Fundación “Casa del Pueblo” para contribuir a promover un proceso de diálogo abierto y permanente entre lo social y lo político, y programas de formación en educación popular así como de difusión de ideas y debates. En el mismo sentido nos planteamos iniciativas de tipo territorial y la continuidad del Encuentro de Militantes Sociales al que dimos inicio el año pasado, tendiendo puentes con todo tipo de comunidades y colectivos con objetivos emancipatorios
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Valoramos a su vez la necesidad de promover la generación de un nuevo Congreso del Pueblo que aporte a la construcción de una nueva unidad social que también redundará en una nueva, fuerte y diversa unidad política, que entre otras cosas incorpore definitivamente miradas antipatriarcales, antiracistas y comprometidas con la justicia ambiental, asumiendo nuevas claves de interpelación de una realidad que ha cambiado y seguirá cambiando.
Finalmente, convencidos de que los cambios profundos requieren de la adhesión de las mayorías ciudadanas, retomaremos nuestra línea de trabajo sobre la necesidad de promover una Reforma Constitucional que transforme la estructura jurídico-institucional del país en un sentido de mayor democracia, igualdad y justicia.
Comité Central, 22 de agosto de 2021
