Manuel Laguarda
De acuerdo a la clásica conceptualización de Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Esto implica la democracia política como su presupuesto inicial y su progresiva extensión a la dimensión económica y social. Sin esto último la primera no puede realizarse y a la vez, sin democracia política, sin la posibilidad de que el pueblo elija sus gobernantes, los titulares del poder emplearán éste para explotar a la población en su beneficio. Se perderá así toda posibilidad democrática en la vida económica y social como demostró la experiencia histórica del fracaso del llamado socialismo real.
A veces esto se formula planteando la articulación de la libertad y de la igualdad; se trata de posibilitar la igual libertad para todos o de articular las libertades negativas con las libertades positivas, es decir, poder hacer realidad los proyectos de vida.
Durante los 15 años de gobiernos del FA hemos avanzado en esas direcciones. Reinó siempre el más claro estado de derecho y se consagraron una serie de conquistas sociales que nos acercaron a construir una democracia más plena.
Lamentablemente podemos pensar que el gobierno que asume en marzo, va a querer imponer un retroceso en esas dimensiones.
Su programa tiene un neto sentido clasista. Es el programa de las cámaras empresariales, el de la burguesía, que para torcer el proceso de acumulación deteniendo el proceso de pérdida de la tasa de sus ganancias, va a imponer un ajuste a expensas del pueblo trabajador.
Los famosos 900 millones de dólares que prometieron ahorrar para el 1 de marzo de 2021 van a ser a expensas de salarios y políticas sociales. Para lograr el objetivo, tendrán que desarticular las conquistas del ciclo progresista e imponer restricciones a la propia democracia política.
El neoliberalismo apuesta a que el mercado le quite espacio a la decisión y construcción deliberada de la vida social y a que la propia democracia política, quede recortada para poder controlar la protesta social. Esto determinará un estado débil en lo social y fuerte en la represión y limitación de las libertades.
Es la izquierda y no la derecha quien asume a cabalidad el ideal democrático.
En el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) existen capítulos que van en esa dirección de recorte de la democracia.
Un reciente artículo de López Goldaracena mostraba claramente esos riesgos a propósito de las propuestas en materia penal, en el accionar de la policía y en la ampliación del instituto de la legítima defensa.
La policía podrá efectuar controles de identidad sin causa ni motivo, podrá realizar el registro de cualquier persona invocando un procedimiento rutinario preventivo y se aumentará el tiempo de retención para quienes lo desobedezcan.
Con la aprobación de la Ley, la indagatoria policial podrá realizarse a espaldas del fiscal, se ampliará la habilitación al uso de la fuerza por parte de la policía y se establece la presunción simple de inocencia para su accionar.
Al mismo tiempo, se amplía la legítima defensa y la posibilidad de que alguien cometa un homicidio para defender sus propiedades.
También podemos agregar que la LUC le otorga a la Secretaría de Inteligencia tareas operativas .Al mismo tiempo los futuros responsables de esa área y del Ministerio de Defensa, priorizan el trabajo hacia la seguridad interna, lo que deja la puerta abierta a más control y más represión.
La consecuencia de esto podría ser terrible si tomamos en cuenta que contribuye a ampliar o legitimar una suerte de fascismo social, de justicia por mano propia, de agresión a aquellos cuya supuesta apariencia los transforme en blanco del miedo o rechazo.
En éste punto cabe recordar que el Ministro designado de Ganadería, tuvo expresiones para nada felices o poco constructivas al referirse a la muerte, hace pocos días, de un adolescente que entrara en contacto con un alambre conectado directamente a 220.
El proyecto de LUC tiene además otros capítulos que apuntan a controlar y limitar la protesta social y el derecho de huelga a través de la represión en los piquetes, si entiende que se perturba el orden público.
Si lo vinculamos al capítulo anterior, resulta que puede invocarse la presunción subjetiva de estos funcionarios de que se está perturbando el orden público, para así aplicar la violencia ante cualquier forma de manifestación y poder reprimir y decidir qué alcance va a tener esa acción represiva .
Más allá de la LUC, cabe recordar que un componente de la coalición que nos va a gobernar, es un partido de ultraderecha cuyos integrantes han sido protagonistas de una serie de episodios en los últimos meses que hacen dudar de su adhesión a la democracia y de su condena a la siniestra dictadura que el país padeció.
En el período que se abre con el nuevo gobierno, habrá que combinar adecuadamente la defensa de la democracia con la defensa en lo económico y social de las mayorías nacionales y los trabajadores. En el fondo, es la misma cuestión.
Otra posibilidad que podría plantearse es que la ultraderecha llegue a crear situaciones de riesgo para la democracia. En ese caso seriamos nosotros los más consecuentes defensores de la democracia, sin dejar de resguardar nuestro programa y a las mayorías sociales.
Sobre esta articulación de la cuestión democrática y la social, no hay recetas. Habrá que tener una gran capacidad política y considerar los contextos, las coyunturas y las correlaciones de fuerza. Habrá que llamar al diálogo con la sociedad y con todo el espectro político, convocar a la participación y a la movilización para aislar a la ultraderecha, derrotar el proyecto neoliberal, salvaguardar la democracia y los derechos de la sociedad, cuidando y potenciando las herramientas y la unidad del campo popular, tanto en lo político como en lo social.
Éstas son algunas de las tareas que tenemos por delante, y en ese contexto, hay que ubicar la importancia y el alcance de la votación que obtenga el Frente Amplio en la próxima instancia electoral del 10 de mayo.
