Escribe Estefanía Yacosa
Fotografía tomada por Carlos Saavedra
¿Qué son los falsos positivos?
La palabra positivos se utiliza en la jerga militar para referirse al éxito obtenido en una misión. En esta línea, se dice que algo es falso positivo cuando se muestra cómo exitosa una baja que no ha sido ni en combate, ni en persona beligerante en cualquier conflicto. Así fue como los medios de comunicación crearon el término «falsos positivos»: con el objetivo de señalar que los asesinados como guerrilleros no eran tales, sino ciudadanos inocentes. Así es que se conoce como falsos positivos a los 6402 colombianos asesinados entre los años 2002 y 2008, producto de la estrategia política de “seguridad democrática”, adoptada durante las presidencias de Álvaro Uribe, que consistía en disfrazar a civiles muertos para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combates con el Ejército, siendo este un hallazgo de la investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz. En efecto, estos crímenes no son otra cosa que ejecuciones extrajudiciales.
¿Cómo se llevó a cabo?
Según el coronel Gabriel Rincón, no existían capturas de guerrilleros en esta política de seguridad democrática: lo que se exigía eran muertos en combate. Esa era la orden del comandante del ejército Mario Montoya, obtenerlos a como diera lugar. En esta línea, también encontramos las declaraciones de Adolfo Guevara, alias 101, quien señaló que Montoya estaba asociado con las Autodefensas[1] para maquillar las cifras de ejecuciones extrajudiciales. Para Guevara, nada más y nada menos que el entonces presidente Álvaro Uribe era quien estaba tras este accionar.
En este terrorismo de Estado fue clave el Batallón La Popa, lugar donde se inició la política de seguridad democrática uribista. Allí no sólo se llevó adelante el acto inaugural de dicha política, sino que a posterioridad se planearon, ejecutaron y encubrieron al menos 146 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2005. Para el teniente coronel Heber Hernán, el Batallón era la mismísima maquinaria de guerra, según las instrucciones recibidas. Allí había que ganar la guerra, con resultados operacionales. Esa era la orden.
Políticas de recompensas monetarias
Si los resultados de la política de seguridad durante las presidencias de Uribe eran medidos en términos de cuerpos sin vida, el incentivo para lograrlo era poner a disposición un sistema de recompensas. Así es que se aprueba la Directiva secreta 29/2005, por la cual se dispone un precio por tipo de cabeza entregada. Un precio para los dirigentes de organizaciones armadas ilegales, otro para miembros rasos, y otro por la entrega de armas. Según el periodista Julián F. Martínez, en octubre de 2008 el Estado colombiano desembolsó 29,5 millones de pesos colombianos en recompensas, para más de 2 millones de informantes.
En términos estrictamente legales, los funcionarios de las fuerzas estatales no estaban autorizados a recibir dichas recompensas, lo que propició alianzas entre militares y criminales. Por otro lado, cabe tomar nota de que era realmente fácil plantar pruebas inventadas: no existía cadena de custodia. Lo común era montar una escena, colocándole distintivos de organizaciones armadas ilegales al muerto, junto con un arma. Efectivamente, lo que estaba instaurado era un sistema de fabricación de cadáveres. Podríamos hipotetizar que para estos criminales no era redituable capturar y matar miembros de organizaciones subversivas, sino que por el contrario, lo mejor para el sostenimiento de la corrupción generalizada era mantener la ilegalidad: si acababa la guerra acababa el negocio.
El destape mediático
Fue recién en el año 2008, cuando jóvenes de la localidad de Ciudad Bolívar y del municipio de Soacha desaparecieron y sus madres no tenían ninguna señal de su paradero. Días después de su desaparición, se encontraron sus cuerpos sin vida en Ocaña. Se halló que las víctimas habían sido engañadas con falsas promesas de empleo[2], trasladadas, asesinadas y presentadas por el Ejército de Ocaña como guerrilleros muertos en combate, es decir como falsos positivos. Meses después, buscando verdad y justicia, las madres y familiares de los desaparecidos y asesinados crearon la Fundación Madres de Falsos Positivos en Colombia (MAFAPO). Allí nucleadas, estas mujeres llevan más de 13 años en su lucha. Parte de este colectivo fue eventualmente recibido en la Casa de gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, quien como dijimos, estaba implicado en estos sucesos. Luego de la visita, estas mujeres fueron objeto de injurias públicas por parte de Uribe, quien declaró que ellas habían reconocido en la reunión que sus hijos eran criminales, para plantar argumento suficiente para los asesinatos llevados a cabo. Afortunadamente, años más tarde Uribe es obligado por tribunales de justicia a pedir disculpas y rectificarse ante tales calumnias.
Por otro lado, a fines de 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz encontró la primera fosa común de falsos positivos en Antioquia, donde se encontraron 50 muertos civiles que fueron asesinados por unidades del Ejército Nacional durante el gobierno de Uribe, entre los años 2006 y 2008. Asimismo, se halló responsables de cavar las tumbas a soldados de la Cuarta Brigada de Medellín. En este sentido, es curioso señalar que Uribe ha pedido en reiteradas ocasiones que se disuelva esta Jurisdicción Especial para la Paz que investiga los falsos positivos ya que, para él, tiene muchas deficiencias.
Según datos de El Espectador de Colombia, se estima que en todo el país hay entre 3500 y 10000 víctimas de falsos positivos, en lo que la organización internacional Human Rights Watch ha calificado como un caso de violación de Derechos Humanos inédita en el mundo, donde el Ejército nacional asesinó a sus propios civiles para hacerlos pasar como enemigos muertos en combate. Por otro lado, en 2009 se conoció un documento desclasificado de la CIA que reveló que los nexos entre las Fuerzas Militares y los grupos paramilitares eran conocidos por el gobierno de Estados Unidos desde el año 1994 y que los falsos positivos eran una práctica usual dentro del Ejército Nacional.
El discurso oficial
Cuando empezaron a darse las primeras condenas a soldados incriminados en los asesinatos, se construyó la idea de que el ejército estaba siendo víctima de las FARC, y que los abogados que denunciaban casos de falsos positivos, junto con organizaciones internacionales de derechos humanos eran parte de una conspiración ideológica en contra del gobierno.
Una esperanza de futuro
Gustavo Petro, candidato a la Presidencia de Colombia en las próximas elecciones de finales de mayo, criticó lo que él considera que es la doctrina del enemigo interno en Colombia, sosteniendo que “La doctrina del enemigo interno ha llevado a la Fuerza Pública a ser juzgada, y a sus integrantes a ser procesados por crímenes de guerra” (El Tiempo, 2/03/2022). En este sentido, Petro expuso su propuesta de una seguridad humana, en donde la efectividad no se cuente en muertos -como en la política de seguridad democrática- sino en vidas salvadas, y una justicia restaurativa, en la que las víctimas de diferentes delitos reciban una reparación efectiva. También sostuvo una perspectiva de conciliación, afirmando que “No se puede construir una seguridad humana, sino se mira humanamente al soldado y al policía” (idem).
Fuentes
Julián F. Martínez: El rastro del horror de los falsos positivos. Publicado el 7 abril de 2021. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=BMGuruvY1tw&ab_channel=Juli%C3%A1nF.Mart%C3%ADnez
Madres de “falsos positivos” conmemoran 12 años en búsqueda de la verdad. Publicado el
20/09/20205:09 p. m. Recuperado de: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/madres-de-falsos-positivos-conmemoran-12-anos-en-busqueda-de-la-verdad-article/
Directiva 29/2005 del Estado colombiano. Recuperado de: https://drive.google.com/file/d/1gXdc38McPXfgvtdJbVNu-Zw-vl79QJSG/view
El Tiempo (2/03/2022).Militar que confesó falsos positivos, entre reservistas que apoyan a Petro. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/colombia/cali/militar-que-confeso-falsos-positivos-entre-reservistas-que-apoyan-a-petro-669206
[1]Las Autodefensas Unidas de Colombia fueron una organización paramilitar, terrorista, narcotraficante y contrainsurgente de extrema derecha que participó en el conflicto armado interno en Colombia.
[2] Por las que se les pagarían 800 mil pesos colombianos: es importante notar que se trataba de personas pobres
