Escribe: Gonzalo Civila | Sec. Gral. del PS
En estos tres últimos años el gobierno nacional ha promovido una brutal transferencia de ingresos de los sectores más pobres y asalariados a los sectores más ricos de la población. La fiesta de unos pocos es la crisis de la mayoría, y los efectos -que se ven en barrios y pueblos a lo largo y ancho de todo el país- son especialmente graves para las mujeres trabajadoras.
Las y los socialistas no hemos dejado de denunciar esta realidad que es un grito social atronador y que puede también resumirse así: mientras la economía crece –o sea mientras el país genera más riqueza por el trabajo de su gente– los salarios y las jubilaciones caen, y la inversión del Estado para atender políticas de alta relevancia social también decae. La mayoría de la población, y particularmente los sectores más vulnerados, pierden por todos lados, mientras los más ricos concentran más y más recursos.
Por si esto fuera poco el gobierno pretende dejarnos un presente griego: la llamada “reforma de la seguridad social” que no es más que un ajuste con alcances de mediano y largo plazo, que compromete a actuales y futuras generaciones y que prolonga –mucho más allá de los límites de este quinquenio– el modelo económico que se está ejecutando.
Las clases dominantes del Uruguay buscan, a través de su brazo político, dejar la huella indeleble de su poder por la vía de este ajuste y de otra apuesta que trasciende la coyuntura: la llamada “transformación educativa”, componente central de su ofensiva ideológica. Las más afectadas, aunque no las únicas, son las generaciones más jóvenes, vía educación y vía trabajo. Transitarán por un sistema educativo formal con una propuesta más adaptacionista, menos crítica, y a su vez deberán trabajar más años para jubilarse con menos dinero. En definitiva, serán menos libres. Los cambios educativos a su vez son funcionales al mercado y a sus ganadores, y la ausencia de un debate abierto y participativo sobre la pretendida reforma tiene por propósito evitar la discusión desde otras perspectivas menos funcionales a los dueños del país.
Los beneficiarios son los mismos sectores del capital concentrado ya beneficiados por las políticas del gobierno: el proyecto de ley de reforma jubilatoria no discute sus contribuciones (que podrían ser mayores y más justas) ni los cambios en el mundo del trabajo, a la vez que extiende el negocio inaceptable de las AFAPs. Es como si el gran capital y los recursos que desarrolla o incorpora para multiplicar sus ganancias, no existieran, o al menos no pudieran someterse al escrutinio público. Es que la dictadura del poder económico funciona así: con el capital blindado por una especie de cono de sombra, es decir oculto u opacado por las sombras que proyecta, las que lo ponen a salvo del debate democrático.
La estafa jubilatoria y la imposición educativa son dos proyectos de largo aliento, hechos a la medida de los ricos y por ende perjudiciales para la enorme mayoría de la sociedad. Nuestra denuncia debe ir acompañada de propuesta: más aportes de los que más tienen para financiar mejores prestaciones y servicios de seguridad social; educación para la libertad construida desde las comunidades y los actores implicados. Menos individualismo, competencia y lucro, más vida digna, cooperación y felicidad.
La inteligencia y la creatividad de nuestro pueblo, su movilización y su lucha, pueden cambiar los ejes del debate y hacer visible lo que se quiere invisibilizar. Si lo logramos estaremos contribuyendo a ensanchar la democracia. Confiemos en nuestra propia fuerza.
