Escribe: Ramiro García
En 1968, el ensayista, teórico y político socialista Vivian Trías, escribía sobre el gabinete ministerial de Pacheco Areco, el cual tenía un tinte netamente empresarial, “En este elenco figuran hombres de notoria capacidad y de los más ricos y estrechamente asociados al capital extranjero que reside en el país. A medida que la tormenta arrecia, la oligarquía se desprende de los intermediarios[…]y “agarra la manija” de la conducción gubernamental directamente.” Si bien la frase puede ser rápidamente enmarcada en la dinámica de la época y tomada con fines propagandísticos y políticos, contiene dentro de sí una cuestión tratada ampliamente por el marxismo, la Ciencia Política y las ciencias sociales en general: la discusión acerca de la autonomía del estado.
Esta discusión busca responder una pregunta simple pero a la vez muy compleja, ¿qué es el estado? ¿Es un conjunto de instituciones neutrales, desde donde los distintos grupos de la sociedad actúan para solucionar los conflictos y armonizar la vida en sociedad? ¿Es una creación de la clase dominante para perpetuar y legitimar su dominación? La teoría marxista -a la cual Trías por supuesto adhería- históricamente sostuvo lo segundo, concibiendo al estado, y todo de lo que él surge, como instrumentos de dominación burgueses, existiendo así términos como estado burgués, parlamento burgués, democracia burguesa. Sin embargo, el marxismo estructuralista francés de mediados del siglo pasado, contemporáneo a Trías, complejiza y aggiorna esta definición del marxismo clásico a la realidad de la posguerra y en un contexto de auge del keynesianismo, y sus máximos exponentes como Althuser o Poulantzas comienzan a hablar de un estado relativamente autónomo.
La autonomía relativa del estado sostiene, a grandes rasgos, que en algunas coyunturas históricas de corto, mediano o largo plazo (como sería la coyuntura uruguaya), la clase dominante se retira del control directo del Estado, y deja la administración del mismo a un elenco político con cierta autonomía de la clase dominante. Esto genera la sensación de que el estado no responde a los intereses de una clase, sin embargo esta clase dominante mantiene una estrecha vigilancia del poder político, y al no involucrarse directamente, logra su dominación de una forma mucho más eficaz y racional. Cuando Trías habla de una “…oligarquía [que] se desprende de los intermediarios[…]y “agarra la manija” de la conducción gubernamental directamente.” se está refiriendo al proceso de finalización de una coyuntura histórica de este tipo. Ese elenco político, que se mueve de manera aparentemente autónoma, es el mismo que refiere Trías llamándolos “intermediarios”. Cuando se da una “tormenta que arrecia”, como el contexto uruguayo de la década del 60, se rompe la coyuntura histórica donde la dirección del estado se distancia relativamente de la clase dominante, y esta clase -para Trías la oligarquía- agarra la manija de la conducción gubernamental directamente.
Propongo entonces hacer un recorrido histórico del accionar de la clase dominante uruguaya, sobretodo haciendo énfasis en la relación de la misma con el estado, para así demostrar la validez del certero análisis de Trías.
Ya desde la época de la colonia existía una élite económica que concentraba la tierra, los cargos políticos y administrativos o el comercio. Sin embargo, esta elite económica tenía debilidades, las más importantes eran la indeterminación de la propiedad de la tierra y el vacío demográfico, que sumado a la super abundancia de ganado, privó a estas élites de mano de obra sobre la cual establecer vínculos de dominación fuertes. Este problema continuó tras la independencia, donde debido a la debilidad del nuevo estado, los caudillos tuvieron el poder real en el territorio surgida por la capacidad de estos en aglutinar grandes contingentes de personas y usarlos como ejército, creó inestabilidad política pero a la vez produjo bandos -divisas- políticas estables y fuertemente arraigados a la sociedad, bandos a los cuales la élite económica no les quedó otra que sumarse, pero debido a su debilidad relativa frente a los caudillos, nunca los llegó a dominar totalmente. Este hecho será fundamental, debido a que de esta imposibilidad se generará a futuro el carácter policlasista de los partidos tradicionales, el cual determinará el modo de actuación de la oligarquía.
Tras la Guerra Grande, el rol de las divisas tradicionales comenzó a ser cuestionado por movimientos como el principismo, el fusionismo o el militarismo, y en este contexto se da la creación de los primeros gremios oligárquicos importantes, como la Cámara Nacional de Comercio (1867) y la ARU (1871). Esta activación política oligárquica a través de los gremios debe de ser entendida como un intento de poner en entredicho a las divisas tradicionales, con el fin de cooptar el Estado directamente, como sucedía en otros países de la región. De esta manera las élites económicas llegan a colaborar estrechamente con los gobiernos militaristas de Latorre y Santos. La colaboración es tal que incluso desde el gobierno se le encomienda a la ARU la redacción del Código Rural, que acompañado con otras medidas gubernamentales, como la medianería forzosa, terminarían de consolidar los derechos de propiedad de la tierra, hecho fundamental para la formación de un capitalismo estable.
Agotado el militarismo y con la vuelta de los partidos políticos a la centralidad estatal las clases dominantes volvieron a desistir en imponerse totalmente en el control de los mismos. Es necesario enfatizar que las divisas tradicionales, y sus caudillos, ya estaban fuertemente arraigadas en la sociedad uruguaya, por lo que la oligarquía jamás pudo acabar con ellos o controlarlos totalmente. Con la normalización y el comienzo de la pacificación del país, comenzó a gestarse una clase política relativamente autónoma, la cual adquirió cierta distancia de los poderes empresariales. Sin embargo, durante la segunda presidencia de Batlle, la oligarquía, sobretodo la terrateniente, se volvió a activar políticamente, debido a detectó que desde el batllismo estaba surgiendo un fuerte enemigo que podía amenazar incluso los derechos de propiedad, y por tanto se encomendó como misión principal la derrota y el freno al batllismo. En este contexto, es creada la Federación Rural del Uruguay, la hermana menor de la ARU, ambas hasta el día de hoy son instrumentos de actuación de la oligarquía. Luego de operar políticamente por años, la clase dominante, aglutinada en una gran coalición anti batllista con el sector mayoritario del Partido Nacional y las facciones no batllistas del Partido Colorado, logran la derrota del batllismo en las elecciones de 1916, y posteriormente el famoso Alto de Viera, en donde el presidente Viera sostiene que las reformas han ido muy lejos y era momento de detenerlas.
En consonancia con esto, politólogos, historiadores y ensayistas de la talla de Gerardo Caetano, Carlos Real de Azúa, o Jorge Lanzaro, coinciden en que estas élites han podido ejercer un fuerte poder de veto cuando se lo han propuesto, en momentos en donde la dirección gubernamental se va de los cauces que la clase dominante entiende correctos. Esta noción de poder de veto, que refiere a la capacidad de la oligarquía de no solamente influir en el proceso político, sino de detenerlo y redireccionarlo hacia los lugares que requieren sus intereses de clase -como sucedió durante el batllismo-, es una de las nociones que nos acercan fuertemente al concepto de autonomía relativa. No se trata de un estado cooptado por las élites empresariales, tampoco y mucho menos de un estado totalmente autónomo, sino de un estado dirigido por intermediarios políticos, que son relativamente autónomos, dado que no responden directamente a los lineamientos de la oligarquía, pero si reciben una permanente y estrecha vigilancia por parte de estos, que siempre ha estado vinculada a través de lazos informales con el elenco político. Todo esto hizo que el gran ensayista Carlos Real de Azúa, al hablar de la burguesía, se refiera a ella como “una clase más dominante que dirigente”. Domina, pero no dirige, sino que tiene intermediarios que lo hacen por ella.
Sin embargo, la crisis del modelo de desarrollo de sustitución de importaciones, comenzada a mediados de los 50, hizo que la oligarquía saliera de sus discretas posiciones y comenzara a tomar espacios en la conducción política. En la década de 1960, se profundizó dicha crisis, y los intereses de clase de la oligarquía jamás se habían visto tan amenazados. La izquierda radicalizó sus posturas y comenzó a activarse políticamente como nunca antes y todavía sonando los ecos de la revolución cubana, se dan procesos que llevaron el terror al seno de la oligarquía, como la unificación sindical y la creación de la CNT, la emergencia de la lucha armada a través del MLN, o la fundación del Frente Amplio. En consonancia con esto, en un contexto de crisis económica y de activación de la izquierda, la oligarquía gradualmente abandonó su rol de vigilancia, perdió la confianza en el elenco político, percibió nuevamente una amenaza, esta vez mucho mayor, por lo que comenzó a tomar posiciones directas. Tal es así que en un estudio de Stofolovich y Rodriguez, que recoge el politólogo Felipe Monestier, se sostiene que entre 1951 y 1958, el 26,3% de los integrantes del Poder Ejecutivo tenía vínculos directos con la actividad empresarial, pero entre 1959 y 1966 la proporción creció a 49,3%.
Este proceso de toma de posiciones llegó a su momento culmine con el gobierno de Pacheco Areco, en donde a través del denominado gabinete empresarial -donde un importante número de ministros eran poderosos y reputados empresarios- se impulsó un plan económico en donde se congelaron los precios y salarios, se produjeron devaluaciones con una frecuencia inédita, y paralelamente se aumentó exponencialmente la represión a hacia la izquierda y al movimiento obrero organizado. En otras palabras, se produjo un gobierno por y para la oligarquía.
Vivian Trías, en pleno 1968, sostenía que “el bloque de poder que nutre al pachequismo es una alianza de banqueros, con grandes latifundistas y sectores de la industria, especialmente frigorífica.”. Además, de ello, Trías hace un recuento de cada uno de los ministros con vínculos empresariales que forman parte del gabinete. Se encontraban: Carlos Frick Davies como ministro de Ganadería y Agricultura. Frick fue abogado de frigoríficos extranjeros, y en su labor impidió incautaciones de documentación de empresas frigoríficas por parte del Parlamento. Integraba el Directorio del Banco de Crédito y el de 9 Estancias y Agropecuarias. José Serrato Aguirre, a cargo del Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Turismo, integraba la firma Sampson-Serrato, empresa constructora. Además, también integraba el Directorio de Ferrosmalt y de Cristalerías Uruguay. Jorge Peirano Facio, ministro de Industria y Comercio, presidió el Directorio del Banco Mercantil. El ministro de relaciones exteriores, Venancio Flores, estaba casado con María Elena Ferrés, miembro de la familia Ferrés, con intereses en la tierra, la banca y la industria, y dueña de 20 mil has. César Charlone, ministro de Hacienda, fue fundador del Banco Internacional y miembro del Directorio de EFCSA. Por último Walter Pintos Risso, ministro de Obras Públicas, era empresario de la construcción, fundador de la empresa Pintos Risso y vicepresidente del Directorio de Horacio Torrendel S.A.
Por supuesto, además de tener fuertes vínculos y trayectorias empresariales, estos empresarios eran también dirigentes de los gremios oligárquicos, como las cámaras empresariales o rurales. Y el que estos empresarios-ministros, fueran a su vez connotados dirigentes de estos principales gremios, habla de que estas designaciones ministeriales no se dieron aisladamente de las configuraciones del poder empresarial, sino que respondieron a ellas.
El control siempre estuvo ahí, y tal fue así que en apenas pocos años, la clase dominante logró direccionar al estado para que los aparatos represivos y burocráticos del mismo defiendan sus intereses de clase. El cenit de esto fue el gobierno pachequista. En consonancia, Trías dirá que “No será un Estado liberal, de “laissez faire, laissez passer” para la empresa privada. Por el contrario, será un Estado muy intervencionista en materia económica, pero en favor de los grandes intereses. Interviene para preservar el poder de los monopolios, del latifundio, de la banca, […]”
Si bien desde aquellas épocas hasta hoy día pasó mucha agua bajo el puente, nada indica que esta autonomía relativa haya desaparecido. Al contrario, tras quince años de gobiernos frenteamplistas podríamos aventurarnos y afirmar que la misma se ha reforzado, dado que ha pasado una prueba de fuego con gran éxito. Los derechos de propiedad jamás fueron discutidos y la izquierda gobernante a lo único que pudo aspirar es a redistribuir las sobras que la oligarquía cedía al estado de su abismal tasa de ganancia para apaciguar la lucha de clases y asegurar su perpetuación. Por tanto, hoy día, donde la izquierda parece totalmente dócil y resignada a tomar realmente el poder del estado y los medios de producción, se vuelve obligación la lectura y relectura militante de los clásicos del marxismo, y sobre todo de nuestro marxismo, a través de autores como Vivian Trías, que pueden darnos luz en tanta oscuridad.
