El 27 de marzo las uruguayas y los uruguayos votaremos Si para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.
La LUC, en particular dichos 135 artículos son un eslabón clave en la política económica y social de este gobierno.
La LUC es parte de un modelo social y económico junto a la ley de presupuesto y sus rendiciones de cuenta por un lado y la política salarial y jubilatoria por otro, cuyos objetivos centrales se refieren a reducir al mínimo el papel del Estado en la Economía y contribuir a concentrar la riqueza.
¿Qué nos dicen estos dos años?
Nos dicen en primer lugar que al finalizar los dos años de gobierno se ha producido una caída relevante de los ingresos de las y los trabajadores y por ende de las y los jubilados.
Ello en un contexto de muy alto crecimiento de las exportaciones que supera largamente el del año 2019 y crecimiento de algunos sectores de la economía en particular como la agro industria por el rol de estas cadenas productivas en las exportaciones.
El grafico 1 nos muestra el aumento acumulado en dos años de salarios (tomando como base un ingreso salarial de un trabajador público y un privado) jubilaciones e inflación. La conclusión es clara:
Es de hacer notar además que hasta julio para los trabajadores privados y hasta enero de 2023 para trabajadores públicos y jubilados no habrá aumento mientras que los precios seguirán creciendo.
El gráfico 2 nos muestra que una familia de dos trabajadores asalariados (en esta caso un/una cajera de supermercado y un/una docente de ANEP grado 4 de 30 horas) deben destinar a una canasta alimentaria, de productos de higiene y de cocina y calefacción más porcentaje de sus ingresos que en febrero de 2020. Hoy deben destinar más parte de sus ingresos para comprar lo mismo. Por lo tanto se deben sacrificar consumos gracias a la política salarial del gobierno.
Y esto como siempre es un promedio, ya que rubros como el arroz, los fideos, la carne o el super gas fueron los que más se dispararon en el acumulado de los dos años.
Y es evidente la influencia de esta reducción de salarios en la desigualdad y al mismo tiempo la reducción de salarios es la explicación fundamental del importante aumento del empleo que se ha generado. La caída de los salarios y por ende del costo del trabajo es el que ha posibilitado aumentar la tasa de ganancia a niveles claramente superiores a los años previos a 2020.
Nos dicen en segundo lugar que 2022 arranca con un gasto público social más reducido tanto en salud, como en educación como en los fondos destinados al Fondo Nacional de Vivienda. En 2020 la caída en estos gastos sociales universales fue del orden de 6 mil millones pesos y en 2021 aun no estando los datos finales, es clara una reducción de dichos presupuestos.
Nos dicen en tercer lugar que frente a las consecuencias del COVID primero y de sus propias medidas en los económico y lo social, el gasto adicional ha sido mínimo en dos años, como muestra el cuadro 1. Gasto que nos ubica entre los peores en proporción al PBI de América Latina y del mundo.
Nos dicen que la Inversión pública ha sido sacrificada como muestra el gráfico 3, en aras del ajuste fiscal. El ajuste fiscal ha sido la principal y casi única política en estos dos años en materia fiscal y se sustenta, digámoslo una vez más, en la caída de salarios, de pasividades, de gasto social y de inversión pública.
Nos dicen que el gobierno ha impulsado una política comercial exterior de desprecio al MERCOUR (una piedra en el camino o algo parecido la han llamado) con intención de dar rienda suelta a una apertura externa irrestricta y llenarnos de Tratados de Libre Comercio. Para beneficio de unos pocos grandes exportadores y seguramente para daño de la industria nacional y el empleo.
Nos dicen además que para sostener estas transformaciones de claro corte antipopular y de clase, el gobierno ha incrementado los niveles de represión en la sociedad y ha buscado deslegitimar la acción sindical.
¿Qué tiene que ver la LUC?
La LUC es esencial en este esquema de política social y económica concentradora y desestatizadora.
Primero, por la regla fiscal.
La regla fiscal restringe el rol del Estado en cuanto al gasto, independientemente de las posibilidades de solventarlo que marquen los ingresos fiscales. Así, se limita la posibilidad de llevar adelante políticas públicas que atiendan a la dinamización de la economía y sostengan a los más desprotegidos, en particular en el marco de la salida de una crisis que afectó, como he mostrado, sobre todo a trabajadores y jubilados y a los que no se los invita a los frutos de la salida. Es la frase que acuñamos al menos en los dos ciclos de crecimiento previos al FA que culminaron en crisis (1973 a 1981 y 1990 a 1998): Socializar las pérdidas, privatizar las ganancias.
Sus efectos se hacen perceptibles a partir de las restricciones que la regla impone sobre la reducción del gasto, la recuperación salarial de los trabajadores públicos y los ajustes anuales de los gastos corrientes, todos los que quedan supeditados al cumplimiento de la regla.
Segundo, por la aplicación de las normas de aumento mensual de los combustibles (un poco dejada de lado por el interés electoral del referéndum) que como muestra el gráfico ha hecho que los aumentos de tres combustibles estén en estos dos años muy por encima de los aumentos de salarios y jubilaciones.
Tercero, por la desinclusión financiera ya que la LUC derogó la obligatoriedad del pago de las remuneraciones a través de cuentas bancarias e instrumentos de dinero electrónico. Nuevamente, apelando a la libertad del trabajador de acordar con el empleador al momento de la contratación la forma de pago, las modificaciones realizadas permiten que esta sea en efectivo. Es claro que al momento de acordar las condiciones de trabajo, el trabajador está en una situación de clara desventaja frente al empleador y por tanto acordará las condiciones que el último le plantee. Para éste, los pagos en efectivo permiten la evasión, pagos parte por planilla y parte por fuera y limitan la posibilidad de que se realicen mayores controles sobre la actividad.
Cuarto, porque la LUC ha puesto en marcha un proceso de debate entre “expertos” de la seguridad social y del combustibles cuyas conclusiones en ambos han ido en línea de menos Estado, con propuestas de eliminación de subsidios por ejemplo al super gas o en el caso de la seguridad social aumentando la edad de retiro y reduciendo los montos a cobrar. Es verdad que ahora están en un cajón, pero prontos a salir en cualquier momento.
En síntesis nos encontramos en una etapa de desarrollo de un modelo de Estado Mínimo, de concentración de la riqueza y los ingresos, de liberalización plena en las relaciones económicas internacionales, de desprecio a la participación social organizada y ampliación de la capacidad represiva del Estado.
Por todo ello, el 27 de marzo es una fecha clave en el proceso de resistencia a dicho modelo y de confrontación con un modelo de ricos y para ricos.
