Izquierda Y Libertad

I.  RAÍCES Y REFERENCIAS

Al presentar esta corriente de ideas y acción, en medio de múltiples tensiones sociales y políticas, intentamos contribuir a colocar en el centro de la discusión de la izquierda y de la sociedad el debate sobre la libertad y la vida digna, y también a recoger y apuntalar las praxis transformadoras que se proponen construir una sociedad de personas libres, iguales y solidarias. Lo hacemos porque apostamos a cambios profundos y porque confiamos en la pluralidad de ideas. Lo hacemos porque creemos que la discusión sobre los proyectos de sociedad debe ocupar un lugar mucho más relevante en la agenda pública. Lo hacemos porque las miradas y las prácticas que nos inspiran y constituyen, emergen de la memoria, el sufrimiento, la organización y las esperanzas de nuestro pueblo.

Poner en el centro la cuestión de la libertad, desde una perspectiva emancipatoria, es confrontar de forma abierta con el liberalismo eco- nómico, el libertarianismo de derecha, el conservadurismo, y cualquier concepción que reduzca la libertad a libertad de empresa o al “sálvese quien pueda” individualista, como hemos visto postular en nuestro país de forma reiterada en los últimos años, mientras se deteriora la vida en común y se empobrece a la mayoría de la población.

Nuestra perspectiva sobre la libertad dialoga con el concepto de “vida digna”, que ha sido levantado recientemente por las ollas populares, donde cientos de vecinas y vecinos practican y organizan la solidaridad frente a la emergencia y el dolor en sus barrios y comunidades. Esta idea-fuerza, que es antes que nada un principio y una reivindicación, no surge de un debate teórico sino de la experiencia, de un discernimiento vivo de la realidad. Este concepto expresa la lucha cotidiana por la dignidad humana de la que somos parte y se convierte en una referencia llena de posibilidades que puede sintetizar el corazón de una propuesta transformadora surgida de las entrañas mismas de la sociedad.

La libertad, entendida como libertad social, implica el reconocimiento pleno de la dignidad de cada persona, “echando por tierra –como dijera lúcidamente Karl Marx- todas las relaciones en que el ser humano sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado despreciable”. La lucha por una sociedad emancipada supone por tanto enfrentar, con rebeldía y consecuencia, toda forma de opresión, afirmando el sentido de lo colectivo, la construcción comunitaria que permita prefigurar la realidad que queremos construir. Esa construcción sólo es posible cuando las y los oprimidos, la clase trabajadora, las mujeres y todos los colectivos que son víctimas directas de la explotación y la dominación, se organizan y se transforman en sujeto político de su propia liberación.

Para quienes suscribimos este documento se trata de construir las condiciones materiales y culturales que hagan posible la libertad y la vida digna de todas y todos. Afirmamos que esa búsqueda es incompatible con cualquier forma de autoritarismo, y con la dictadura del poder económico. En nuestras raíces está la igualdad como objetivo y como compromiso con las causas sociales y nacionales, también la crítica al sistema de dominación y explotación capitalista y patriarcal, así como al despojo de los bienes comunes. En ese marco, nuestro compromiso internacionalista y por la paz, un anti-imperialismo consecuente y por tanto la solidaridad con las luchas de otros pueblos, adquieren nueva significación ante los rasgos actuales de losprocesos de globalización y el predominio de grandes corporaciones transnacionales. Este enfoque nos compromete con la integración latinoamericana y con la descolonización de la vida.

Creemos en una democracia radical que se sintetiza en la expresión latinoamericana de “mandar obedeciendo”. En esta línea se inscribe la necesidad de luchar por la participación protagónica y autogestionaria de la gente, por el espacio público, ensayando nuevas formas de democratización de las decisiones y de los modos de habitar el mundo. A su vez reivindicamos el horizonte de una sociedad sin clases ni discriminación de ningún tipo, y la solidaridad como valor irrenunciable en las relaciones sociales. En síntesis, somos parte de las corrientes anticapitalistas que sostienen que la sustentabilidad y autonomía de las personas y comunidades son las plataformas centrales donde resolver los recursos materiales, sociales y culturales para una vida plena y que todo proceso social o de construcción institucional y de definiciones políticas podrá ser justo si el mismo está asentado en la participación convocante y vinculante con la realidad, abriendo paso a que la vida sea cada vez más digna.

Esta visión conecta con el alma socialista, anarquista y autonomista de la izquierda revolucionaria, renueva viejas tradiciones humanistas y libertarias que hablan mucho más a los problemas y conflictos existenciales, sociales y políticos de hoy que las miradas estadocéntricas, centralizadoras o verticalistas.

La desigualdad entre mujeres y varones es la más ancestral de todas las desigualdades, y la causa feminista, con sus múltiples y diversas expresiones, resulta ser una vertiente fundamental de las luchas emancipatorias, tanto por su dinamismo y por las transformaciones que está generando en la sociedad como por sus implicancias ético-políticas. Por su parte, la militancia antipatriarcal en general, encabezada por mujeres y disidencias, reivindica valores y demandas que coinciden con nuestras señas de identidad y las enriquecen, cuestionando a la vez el orden social y la vida cotidiana, desde los modos hegemónicos de la afectividad y la sexualidad, a la concepción de la familia y las esferas de la organización económica y política. Lo mismo sucede con el compromiso antirracista, tantas veces soslayado, que reafirmamos con énfasis y que nos urge a repensar estructuras y actitudes, en sociedades donde la opresión y la discriminación por razones étnico-raciales está lejos de ser desterrada.

La perspectiva de una ecología social integral y el compromiso con la justicia ambiental, que valora la comunidad de vida a la cual pertenecemos, resultan también irrenunciables a la hora de pensar el presente y el futuro, asumiendo que el planeta, y también nuestro país, nuestro suelo, no soportan más las actuales formas de producir, distribuir, con- sumir y organizar las relaciones entre los seres vivos.

Nuestros fundamentos incluyen como un componente central, y nunca instrumental o secundario, la ética de los Derechos Humanos. No es posible sostener una mirada revolucionaria de la realidad aplicando un doble rasero sobre su vigencia e integralidad en los procesos socia- les y políticos, tampoco renunciando a aquel principio que nos legara con tanta claridad “Perico” Pérez Aguirre: “asegurar los derechos de los pobres implica afectar el poder de los ricos y privilegiados que han provocado esta situación”, conscientes de que mientras este orden no sea transformado los Derechos Humanos seguirán siendo un atributo de unos pocos. Si bien la causa no se agota en ellas, las luchas por memoria, verdad y justicia, y por reparación y no repetición, son parte crucial de nuestra identidad. Para sociedades y organizaciones duramente golpeadas por el terrorismo de Estado y por la impunidad que aún persiste, constituyen un campo central de movilización y también un motivo de solidaridad con otros pueblos que en distintas circunstancias han visto o ven cercenados sus derechos y libertades.

La violencia de la impunidad, la violencia estructural de unas clases sobre otras, la violencia institucional del Estado, la del pensamiento único, la del punitivismo y el militarismo, la violencia patriarcal, la de género y de generaciones, la violencia de la discriminación, la del racismo, la violencia contra la naturaleza, la política del odio y el aniquilamiento del otro, son incompatibles con la ética de los Derechos Humanos que reivindicamos y que nos reclama un urgente cambio social, económico y cultural, apuntando a alumbrar “el día donde el amor domine sobre la violencia” como sostenía la feminista Flora Tristán.

Venimos de lejos, de viejos sueños y luchas. Nuestras raíces se nutren de diversas experiencias de vida y rebeldía de pueblos y comunidades con aspiraciones de libertad y justicia, en nuestro continente y en el mundo. Esas experiencias enriquecen e interpelan a la vez al ancho cauce de las ideas socialistas, con sus denuncias a las formas de explotación a que el sistema capitalista nos somete, destruyendo al ser humano y al planeta, y con sus propuestas de construcción de una nueva sociedad. En el marxismo crítico de Rosa Luxemburgo y en su radicalidad democrática, feminista y libertaria encontramos una inspiración y un símbolo que nos convoca, por encarnar aquella idea “quien no se mueve no siente las cadenas”.

Nuestro camino latinoamericano y nacional entronca con el proyecto anticolonial, integracionista y popular del artiguismo, así como con las luchas por la libertad y por la tierra de negros, indios y criollos en todo el continente. Esas semillas volvieron a prender en el sindicalismo de fines del siglo XIX y principios del siguiente, en la resistencia antifascista, en la lucha de las mujeres de nuestra América, y en las gestas antiimperialistas y revolucionarias del Sur durante el siglo XX. También en la movilización de obreros y estudiantes, en el cooperativismo, la ayuda mutua y las experiencias de autogestión, en la construcción de la unidad de la clase trabajadora y de las fuerzas de izquierda y progresistas (como en los casos emblemáticos y tan queridos por nosotros de la CNT y el Frente Amplio uruguayo), y en la lucha clandestina contra todas las dictaduras. Seguimos encontrando aquella siembra en la movilización contra las políticas neoliberales, en la fuerza de los comités y el movimiento frenteamplista, en la organización de barrios, comunidades de base y colectivos emergentes, en la gestación de espacios regionales y continentales de diálogo entre los pueblos y sus organizaciones y también en la construcción de alternativas de gobierno a nivel local, departamental y nacional. Finalmente, reivindicamos, como parte esencial de nuestras raíces y huella presente en ese recorrido histórico, la concepción de la educación popular, tan propiamente latinoamericana y de larga presencia en Uruguay, viva en muchas experiencias liberado- ras que se construyen desde abajo.

Nuestras búsquedas -con sus aciertos y errores- están marcadas por conquistas y derrotas, por gestos heroicos de libertad, por cárcel y exilio, por vidas entregadas, realizadas y compartidas, también por vidas segadas desde la cruel violencia del poder. Fraguadas en esas luchas, las referencias éticas y políticas de nuestro país, que nos acompañan y que sustentan nuestra corriente, son muchas y muy vigentes. Para concluir este capítulo elegimos mencionar, entre las más recientes, a Guillermo Chifflet y Hugo Cores, con su pensamiento y su accionar radical, crítico y consecuente, y a Elena Quinteros y Walter Medina, jóvenes mártires de la lucha por una sociedad nueva. En Walter y Elena homenajeamos a todas y todos aquellos que fueron perseguidos, secuestrados, torturados, asesinados, desaparecidos, y que hacen parte de nuestra memoria militante.

II.  CONTEXTO Y DESAFÍOS

El mundo atraviesa un momento de incertidumbre y violencia creciente en múltiples planos. Se agudiza y queda en evidencia una profunda y preexistente crisis civilizatoria. El régimen social capitalista y patriarcal -tan injusto como irracional- y un orden internacional salvaje, no logran abordar con sensatez la grave situación actual. Las desigualdades no dejan de agravarse.

El contexto en el que esto sucede tiene muchas aristas. No podemos dejar de mencionar la de la emergencia climática y ambiental, y tampoco los escenarios de creciente violencia al interior de nuestras sociedades y entre Estados, que junto a la brutal desigualdad y a la mi- seria han dado lugar a una profunda crisis humanitaria y migratoria. En las raíces estructurales tanto de la depredación ambiental como del desplazamiento de comunidades enteras, del crimen organizado, del narcotráfico, del tráfico de armas y de la trata de personas, se encuentra la voracidad capitalista, la primacía de la lógica del lucro y la acumulación por sobre la dignidad humana. Por si fuera poco asistimos a guerras comerciales, a un extractivismo sin límites ni fronteras, y a conflictos bélicos de carácter interimperialista cuya única víctima son los pueblos.

Ante esta barbarie, en medio de la crisis de sentido y de la debacle social, el humanismo radical (asociado a una enorme diversidad de causas y actores vinculados con la lucha por la dignidad humana) vuelve a aparecer hoy en el debate público global como una perspectiva capaz de aportar esperanza. A su vez, la demanda de participación por par- te de amplios sectores sociales es creciente, aunque hemos observado como en varios países del mundo, y también de nuestra América Latina, se restringen libertades y derechos democráticos.

Desde hace algunos años asistimos a manifestaciones masivas en torno a distintas causas de gran alcance: feminismo, antirracismo, diversidades, derechos humanos, protección del ambiente, antirrepresión y otras luchas contra la desigualdad, como las que se libran ahora en países europeos para frenar reformas jubilatorias y laborales regresivas. También hemos visto masivas movilizaciones estudiantiles, y de juventudes que exigen dignidad, derechos y libertades. Al contrario de lo que pronosticaban algunos analistas, muchos colectivos y comunidades tienen mayor interés en involucrarse en temas que los afectan. Sin embargo, los partidos políticos y otras organizaciones altamente institucionalizadas no parecen ser los canales más convocantes para la participación de quienes salen a las calles a luchar por un mundo más justo. Así se configura un escenario de altos niveles de participación política fragmentada que las organizaciones populares tradicionales -a veces desprestigiadas- no logran asimilar.

Mientras tanto, en estos años vimos a líderes de ultraderecha alentar la discriminación y el odio, jactándose de su oposición frontal a las de- mandas de diversos colectivos emergentes y movilizados. Apoyándose en la crisis de legitimidad de las organizaciones políticas, han sido efectivos en canalizar ciertos descontentos y temores de gran parte de la sociedad, bajo un falaz discurso “anti consensos” que refuerza el statu quo.

La indiferenciación política y la estrechez del espacio de debate democrático, así como la dificultad para dar respuesta a las urgencias de las mayorías populares, han sido funcionales a la aparición de derechas que se autopostulan como “rebeldes”. La desesperación por el “centro” y las lecturas que reducen lo político a disputas o acuerdos entre dirigentes no contribuyen a evitarlo, sino que profundizan la desconexión con el mundo social, la concentración del poder y la mercantilización e individualización de la política.

En este contexto es imprescindible defender la circulación de las ideas y el debate sobre proyectos históricos de transformación social, desestigmatizar el conflicto democrático y traducir la incertidumbre en nuevas preguntas, asumiendo que no tenemos un mapa trazado. Para eso es crucial recuperar la plaza, el espacio público, la intensidad y la densidad de la discusión, apostando a una política de la dignidad, la de la gente común, construyendo su propio destino. En definitiva, trabajar por la socialización de la política. De hecho en América Latina, tras la ola de derecha que generó enormes retrocesos y dejó en evidencia tanto los logros como los límites de los gobiernos progresistas de la década anterior, venimos recientemente asistiendo a cambios esperanzadores, en muchos casos matrizados en las luchas sociales por la dignidad.

Uruguay no escapa a las tensiones globales y regionales, sin embargo el contexto nacional presenta sus particularidades. Desde hace tres años una coalición liberal-conservadora que defiende los intereses de los sectores más concentrados de la burguesía agro-industrial exportadora, del sector financiero y de la corporación militar, lleva adelante -vía depresión del salario y las jubilaciones reales, y recorte del gasto público en áreas socialmente relevantes- una política de transferencia de ingresos delos sectores asalariados y más pobres a los sectores más ricos de la sociedad, que implica un agravamiento de las desigualdades.

En un país en crecimiento, las ollas populares siguen proliferando y son además de una enorme demostración de solidaridad y organización –penalizada una y otra vez por el gobierno- un grito de los barrios, los pueblos y las comunidades que padecen este modelo económico.

Junto con el carácter clasista queda también expuesto el sesgo de género de la orientación del gobierno. Ese sesgo se expresa por una parte en políticas anti-derechos y en los discursos contra la mal llamada “ideología de género”, por otra en la propia política económica y social que afecta con mayor gravedad a las mujeres, como se vuelve a verificar en la proyectada reforma jubilatoria.

Este gobierno, y su política alineada con los planteos de algunas Cámaras empresariales, exhibe además otros rasgos que repetidamente hemos denunciado: a) el represivo y autoritario, evidenciado tanto en normas que ha dictado, como en el manejo de las fuerzas de seguridad y del sistema penitenciario, así como en la criminalización de la protesta social, el ataque sistemático a los sindicatos, a los gremios estudiantiles y a otras organizaciones sociales autónomas; b) el privatizador, debilitando las empresas públicas y entregando activos del conjunto de la sociedad a grandes capitales privados; c) el de la corrupción estructural y sistémica y la falta absoluta de transparencia, cada día más evidente y escandaloso, con consecuencias institucionales innegables. Todos estos rasgos se pusieron de manifiesto tempranamente, incluso en la gestión de la pandemia con sus dramáticas consecuencias.

En este cuadro que podríamos caracterizar como de neoliberalismo autoritario y deterioro de la calidad democrática, merece también una referencia específica la conducción errática de la política exterior que además de no mostrar ningún logro positivo real y de evidenciar apresuramiento e impericia, ha roto con líneas históricas y se ha alejado del proceso de integración regional, quedando en más de una oportunidad en solitario en el seno del MERCOSUR.

No podemos tampoco desconocer la ofensiva ideológica de la derecha en el país, con su perspectiva individualista, competitiva, adaptacionista y mercantil, que ahora también se expresa en la reforma educativa que el gobierno comenzó a implementar, sin participación ni debate real.

Durante este 2023, a 50 años del Golpe de Estado y de la enorme gesta de la Huelga General, así como a 40 años del 1o de Mayo de 1983, se están generando importantes debates sobre nuestro pasado reciente.

La derecha no escatima esfuerzos en difundir su interpretación y sus tergiversaciones, reproduciendo a través de distintas vías e iniciativas la teoría de los dos demonios, desconociendo los objetivos políticos, económicos y sociales del Plan Cóndor, y evitando términos precisos para quitarle profundidad al horror y los atropellos cometidos contra el pueblo por parte del terrorismo de Estado.

Sin embargo, la ofensiva de la derecha, en sus múltiples facetas, no lo es todo. Uruguay es también el país de la Intersocial y de las 800 mil firmas contra la LUC, donde el movimiento popular logró, contra viento y marea, movilizarse y recuperar su iniciativa.

Ese mismo movimiento popular puede hoy parar la estafa jubilatoria que el gobierno -con su imagen cada vez más deteriorada- proyecta, que no es más que un ajuste estructural de mediano y largo plazo que beneficia exclusivamente a los sectores más concentrados del capital y a las AFAPs, y perjudica al resto.

Uruguay debe darse un tiempo y un espacio para debatir acerca de la construcción del futuro.

Los años 2023-24, en el marco de la construcción hegemónica, deben ser ese espacio para el diálogo con la sociedad, el diseño de un nuevo proyecto de país, su expresión en el Congreso del Pueblo y en el programa del Frente Amplio y su traducción y correlación en iniciativas transformadoras. Para eso necesitamos más iniciativa estratégica y síntesis política, una actitud más activa y propositiva, levantando una propuesta con fuerza convocante e identificatoria, que trascienda un período de gobierno. Las condiciones se construyen luchando y todas las instancias de movilización contra el proyecto de la derecha, hoy en día centradas en la educación, la seguridad social y por salario y vida digna, suman y potencian este camino.

Si queremos dar un salto en calidad necesitamos avanzar en la articulación estratégica de la izquierda política y social. Pero además, en el plano de las clases sociales, es imprescindible consolidar la alianza de trabajadores, sectores populares y capas medias, articulando intereses a ese nivel, lo cual implica afectar intereses de la burguesía y a su vez delimitar el terreno entre ésta y los sectores medios.

Elaborar un proyecto de largo plazo hacia el Uruguay del Segundo Centenario y al mismo tiempo recomponer estas alianza en todos sus niveles, son dos tareas urgentes y dialécticamente imbricadas.

El triunfo electoral del Frente Amplio en el 2024 es crucial para hacer posibles las transformaciones pero debemos ser muy claros: se trata de ganar para cambiar y avanzar a transformaciones mayores, y también de avanzar para ganar, porque para que ganar tenga sentido y a su vez sea posible, necesitamos convocar y movilizar, con un proyecto, con organización y con una alternativa potente, no por el mero desgaste de la coalición gobernante.

III.  PENSAR CON CABEZA PROPIA, UNIRNOS PARA LUCHAR

Esta corriente nace también para contribuir a forjar la alternativa potente que necesitamos. Para aportar a frenar la ofensiva burguesa, conservadora, desmanteladora de derechos, privatizadora y autoritaria. Para construir, con otros y otras, una nueva hegemonía y dar respuesta al realismo cínico capitalista que pelea por instalar como verdad la lógica individualista y meritocrática, y apropiarse de los conceptos de libertad y democracia.

Luego de 15 años de gobiernos nacionales del Frente Amplio, de la valoración de sus muchos logros -hoy, en varios casos, destruidos o amenazados- y también de la autocrítica realizada, tenemos el desafío y compromiso de construir colectivamente un proyecto frenteamplista superador, para responder a las necesidades de las mayorías populares y a la realidad actual de nuestro país.

Porque creemos que los cambios son posibles y porque el socialismo y la libertad siguen siendo nuestra perspectiva, aceptamos el reto que su- pone medirnos no sólo frente a la cruel realidad de las injusticias de hoy, sino también frente a la grandeza de nuestros proyectos de cambio.

Es imprescindible la unidad de acción para construir una alternativa programática y de movilización, que sea capaz de reunir las múltiples causas y demandas sociales en una síntesis que incluya más voces. Junto al fortalecimiento del potencial y riqueza  que supone esta diversidad, también es necesario sobreponerse a la fragmentación de problemas e intereses, y comprender las distintas formas organizativas, la emergencia de múltiples nuevos colectivos sociales con diferentes experiencias de lucha. Esta unidad de acción necesita de todas las organizaciones sociales populares, de los barrios y sus comunidades, de la participación directa del movimiento de las y los frenteamplistas en las decisiones de un Frente Amplio colectivo, democrático, comprometido con la gente y con sus sueños, y con vocación de ser herramienta de un proyecto alternativo.

Desde esta convergencia de algunos partidos y sectores del Frente que venimos recorriendo un camino juntos hace ya un buen tiempo, más un conjunto de militantes no sectorizados del movimiento y algunas personas referentes de diversas áreas por sus aportes a la sociedad, nos convocamos a la construcción de este encuentro de ideas y acción, e invitamos a otros y otras que se sientan convocados a sumarse. Promoveremos encuentros y asambleas abiertas para la discusión de los grandes temas del país y para impulsar, con la más amplia participación, iniciativas de cambio social.

Esta corriente socialista, autogestionaria, emancipatoria, democrática, feminista y ecologista quiere ofrecer estas mismas señas de identidad al Frente Amplio y a la sociedad. Lo hacemos con vocación de incidir, convencidos de que son un aporte necesario para la transformación del país. No tenemos la verdad en un puño ni la fuerza suficiente para dar respuesta a todos los desafíos, pero nos vemos convocadas a hacer nuestro aporte y hemos construido entre nosotras y nosotros la confianza necesaria como para sentirnos parte de esta causa común.

Queremos hacerlo sin perder nuestras identidades y autonomías pero ayudando a organizar la discusión política y el diálogo ciudadano en torno a grandes corrientes de ideas. Creemos que sólo de este modo se le puede hacer frente a la política de los intereses corporativos y personales, apostando a la acción política permanente y no al electoralismo o el cortoplacismo.

Nuestro aporte toma distancia del sensacionalismo, el linchamiento y el tribalismo político. Deseamos que nuestra mirada y nuestra acción pueda ser tan radical como abierta y disponible a la duda. Nuestras convicciones no se expresan atacando personas o simplificando la realidad en un esquema de buenos y malos, y reivindicamos la autocrítica como una herramienta fundamental para construir.

Concebimos a los medios que empleamos como constitutivos de los fines que perseguimos, al cómo como parte del qué, por eso nos pro- ponemos a su vez interpelarnos e interpelar sobre deformaciones y rigideces que existen en las prácticas sociales y políticas y que se alejan de nuestros valores y propósitos: las del burocratismo, el elitismo y la soberbia, frente a las que proponemos la concepción de la educación popular y la acción instituyente de la ciudadanía; la de los machismos y micromachismos, que debemos desterrar urgentemente de nuestros espacios de militancia; la que opone la estabilidad democrática con la movilización social y la lucha ideológica, a la que debemos responder con más organización y lucha; laque contrapone la acción política con las ideas, el deseo y la sensibilidad, la que debemos superar con más debate y elaboración, con más búsqueda filosófica, con más educación política, con más arte y con más cultura emancipatoria, con vínculos nuevos, sanos y liberadores; la que cede a las lógicas aparatistas y de control o cooptación, frente a la cual sólo cabe redoblar los esfuerzos por una democracia participativa y reivindicar la libertad de crítica; la del centralismo, que puede ser contrarrestado con descentralización efectiva en la toma de decisiones y en la distribución de los recursos.

IV. ONCE BANDERAS PARA UN PROYECTO DE PAÍS

Queremos aportar a la construcción de un proyecto de país, que aborde las urgencias inmediatas pero sin agotarse en la coyuntura, asumiendo que una sociedad que no combate la desigualdad no es una sociedad libre y es reproductora de violencia cotidiana. Consideramos que es imprescindible reconocer una serie de problemas estructurales que Uruguay no ha resuelto, y que en varios casos se han agravado en los últimos años: la primarización y concentración de la economía; la infantilización y feminización de la pobreza, junto con la desigualdad territorial y étnico-racial; la segregación urbana; las discriminaciones; los desequilibrios regionales del país y el centralismo; la precarización del empleo y el desempleo juvenil; la desigual división sexual del trabajo y la brecha salarial entre mujeres y varones; los bajos niveles salariales y de jubilaciones y pensiones; la concentración de la tierra; el extractivismo y sus efectos sociales y ambientales; el punitivismo y las cárceles; el crecimiento de la violencia; el poder del narcotráfico y su efecto sobre los barrios; el abordaje de los problemas de adicciones y salud mental; las condiciones de vida de las personas en situación de discapacidad; el acceso a los bienes culturales, artísticos y educativos; el lucro en la seguridad social; la concentración de las decisiones y la violencia institucional; la mercantilización de bienes y servicios públicos; las desigualdades en el acceso y la administración de justicia; la impunidad respecto de los crímenes de lesa humanidad. Sólo en el marco de un proyecto de mediano y largo plazo que enfrente estos problemas, podremos elaborar un programa de reconstrucción nacional y de avance social y democrático realmente sostenible y transformador.

A la hora de pensar el proyecto, partimos de la base de que intentar trasladar mecánicamente respuestas de hace 50, 15 o 10 años a una realidad distinta es condenarnos al fracaso, por eso consideramos que no se trata de restaurar el progresismo de la etapa anterior sino, parándose en sus conquistas y asimilando los aprendizajes que surgen de una lectura justa y crítica de ese proceso, lanzar propuestas para un nuevo modelo de sociedad. Este proyecto no puede ser exclusivamente una expresión de la resistencia anti-neoliberal sino una propuesta integral de cambio social que vaya a la raíz de las desigualdades estructurales que existen en nuestra sociedad, una propuesta radicalmente democratizadora que apunte a la transformación sustantiva delas relaciones de poder.

Esto supone, entre otros aspectos, la diversificación de la matriz pro- ductiva, superando la dependencia de las commodities, el desarrollo local y descentralizado en todo el territorio nacional, la construcción comunitaria, el estímulo a la propiedad autogestionaria y cooperativa, la protección social durante toda la vida, y una política económica y fiscal orientada a defender a sectores populares y capas medias. También la superación de todas las lógicas de privilegio e impunidad en la sociedad, y la afirmación de una perspectiva integral de derechos humanos. Si bien, como ya hemos señalado, esta dimensión no se reduce a los compromisos de Memoria, Verdad y Justicia, la afirmación de los mismos, las garantías de no repetición y la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado -tareas en las que los avances de los 15 años de gobierno del Frente Amplio fueron insuficientes- son condición necesaria para seguir concretando otros objetivos de profundización de la democracia.

En estas claves, presentamos aquí once banderas que desde “Izquierda y Libertad” levantamos por entender que son fundamentales para la definición de un proyecto de país:

1.  Diversificar la producción y ganarle terreno al gran capital

Debemos apostar a la diversificación productiva del país, estimulando actividades y proyectos que generen valor agregado y sean consisten- tes con los objetivos de distribución, democratización y justicia ambiental.

En este sentido, enfatizamos en el impulso al desarrollo de la autogestión, el cooperativismo y la economía social y solidaria en general, apuntalando la gestación y promoción de este tipo de iniciativas alternativas a las lógicas del capital.

A su vez, y en otro plano, es necesario apoyar a micro y pequeñas em- presas de la ciudad y el campo, reconociendo su impacto en la generación de trabajo y en el desarrollo local, y promoviendo la asociatividad.

El Estado juega un rol clave en la programación democrática de la economía, la regulación y la asignación del excedente, y también a través de sus propias actividades como en el caso de las empresas públicas que son también pilar para la transformación productiva y la justicia social. Para su fortalecimiento es fundamental la participación de trabajadores/as y usuarios/as, así como la promoción de la cogestión en áreas estratégicas.

El cambio productivo debe alterar las relaciones entre capital y trabajo a favor de las y los trabajadores, tanto desde el punto de vista cuantitativo (crecimiento de la masa salarial) como desde el punto de vista cualitativo (mayor poder a trabajadoras y trabajadores en la negociación o en otras formas de relacionamiento capital-trabajo).

2.  Frenar el extractivismo y el descarte, por la tierra, la soberanía alimentaria y la agroecología

El tema ambiental debe ser incorporado transversalmente en las políticas económicas, productivas, sociales y culturales. Debemos proteger al ambiente evitando los desbordes del productivismo y el extractivismo, estimulando una relación justa con la naturaleza e imponiendo costos económicos y prohibiciones a las prácticas contaminantes que atentan contra el sostenimiento de la vida y están en la base del cambio climático.

Proponemos una revolución productiva que se base en la sustentabilidad y en la relación comunidad-ambiente. También es fundamental establecer el problema del acceso a la tierra como un tema central.

En este sentido, es imprescindible el impulso al desarrollo de la agroecología para implementar y defender la soberanía alimentaria como derecho a producir alimentos para toda la población en forma sostenible y ecológica.

Por otro lado, priorizar los bienes comunes -como el agua-, promoviendo el acceso universal a los mismos y poniendo límites a los privilegios de unas minorías, implica posicionar lo colectivo por encima del lucro y la explotación privada.

Los cambios en los modos de producir y la priorización de los bienes comunes implican también cambios en los modos de consumir, com- batiendo el consumismo y el descarte, promoviendo la reducción, la reutilización y el reciclaje. Esta perspectiva supone además una nueva valoración social de las y los trabajadores que realizan tareas de clasificado como verdaderos agentes ambientales.

3.  Ingreso, trabajo y salario digno

Es fundamental construir un mundo laboral más justo, igualitario y equitativo. Buscamos garantizar salarios, jubilaciones y pensiones cuyos mínimos cubran las necesidades básicas. A su vez, recuperar la masa salarial arrebatada a la clase trabajadora durante este periodo es un compromiso de corto plazo que debemos asumir, junto con un objetivo mayor: el crecimiento de esa masa salarial, aumentando la participación de los salarios en la riqueza total y reduciendo al mismo tiempo la desigual- dad salarial, con aumentos diferenciales para los salarios más bajos.

Urge desarrollar estrategias permanentes para democratizar la plusvalía tecnológica, concretando la reducción de la jornada laboral, impulsando formatos de cogestión asociados a la incorporación de tecnología, promoviendo espacios de formación permanente y generando oportunidades de ocupación. Conquistar mejores condiciones de trabajo, respetuosas y saludables, también implica revisar los tiempos de descanso, esparcimiento y socialización, así como la valoración del tiempo ocupado en tareas de cuidados. Promover la corresponsabilidad en los cuidados conlleva exigencias al sector empresarial, ampliando permisos y licencias para esas actividades.

Por otra parte, es fundamental no reducir el trabajo y el ingreso al empleo y la relación salarial. Un proyecto emancipatorio debe distinguir el trabajo como sentido de construcción humana del empleo como mecanismo de ingresos, por lo que promover las formas de trabajo que no impliquen explotación capitalista, y que tiendan a la solidaridad y asociatividad entre trabajadores y trabajadoras, es crucial. Los cambios en el mundo del trabajo son también una oportunidad para innovar en esa dirección, atendiendo particularmente a los sectores de trabajado- res que no cuentan con protección social, al denominado “proletariado cognitivo” y a las actividades amenazadas o desafiadas por la incorporación de tecnología. A su vez urge generar políticas públicas que garanticen ingresos suficientes para el desarrollo de una vida digna a todas las personas, con independencia de su situación laboral. Somos las personas las que dignificamos la vida, el trabajo y las distintas relaciones y actividades que desarrollamos, y eso acontece plenamente cuando nos realizamos y humanizamos en ellas. En este contexto, y en la búsqueda de mayores niveles de igualdad y de autonomía respecto del capital, se inscribe la pertinencia de estrategias que incluyan ingresos no condicionados, universales y permanentes.

4. Vivienda popular, cooperativismo y hábitat

Proponemos priorizar el derecho a la vivienda y el hábitat en el presupuesto nacional, con políticas que aborden una imprescindible reforma urbana y atiendan la urgencia habitacional, a la vez que apoyen y pro- muevan el cooperativismo, combatiendo la segregación y buscando un hábitat seguro como proyecto de vida sustentable, planificado y con disponibilidad de recursos que trascienda la lógica del mercado.

Se deberá jerarquizar la solución habitacional para quienes viven en condiciones de precariedad, y generar programas específicos de vivienda para las y los jóvenes y otros sectores con dificultades de acceso, limitar el uso especulativo del suelo y la existencia ociosa de acervo inmobiliario, construyendo políticas para superar la injusta realidad de gente sin casa y casas sin gente. En este marco, es preciso fomentar programas de vivienda de propiedad pública.

5.  Política social comunitaria

La política social debe construirse a partir de la escucha de las necesidades y potencialidades reales de las comunidades, promoviendo su fortalecimiento y apelando a la concepción de la educación popular y la participación ciudadana. Este concepto es incompatible con cual- quier práctica verticalista o tecnoburocrática que suponga concebir a la sociedad, en particular a los colectivos vulnerados, como objetos de intervención o ayuda, en lugar de sujetos de su propia organización y emancipación.

En el campo de las políticas sociales, y apelando al rol indelegable del Estado, es imprescindible priorizar a la primera infancia, las infancias y las adolescencias, también abordar problemas vinculados al acceso a la atención de salud(particularmente a servicios referidos a salud mental y adicciones) y a los derechos vulnerados de las personas en situación de discapacidad.

6. Educación, cultura y artes para la libertad

Los cambios educativos que necesita el país deben gestarse desde la participación, desterrando las lógicas gerencialistas y tecnocráticas y poniendo en diálogo los saberes de todas las personas involucradas para fortalecer una educación pública crítica, emancipatoria y verdaderamente igualitaria e inclusiva, que valore la diversidad humana en todas sus expresiones.

Garantizar el derecho a la educación a lo largo de toda la vida y mejorar los niveles educativos de toda la población debe ser una meta prioritaria. Para esto es imprescindible evitar que adolescentes y jóvenes se desvinculen del sistema educativo, y lograr que su permanencia con- tribuya al desarrollo de saberes y capacidades necesarias para lograr su autonomía, desplegar sus potencialidades y cultivar el pensamiento crítico. Además fortalecer políticas de educación no formal y potenciar su interacción con otras políticas públicas.

Es también fundamental democratizar el acceso a los bienes culturales y artísticos, y dirigir inversión pública para estimular la creación de contenidos y favorecer el desarrollo de la sensibilidad y la creatividad de las personas.

Es necesaria la inversión en investigación propiciando la aplicación del conocimiento a la transformación positiva de las estructuras y de las condiciones de vida de la población, sin subordinarse a los requerimientos del mercado. Para ello es crucial el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

7. Género, cuidados y paridad

No hay emancipación social posible sin igualdad sustantiva entre mujeres y varones. Es imprescindible implementar políticas que tiendan a la igualdad de género en todas las esferas de la vida, desde el ámbito doméstico y laboral, al de la participación política. Para esto, un aspecto central está en la revitalización del sistema de cuidados como forma de garantizar la autonomía de las personas, promover la corresponsabilidad y valorizar el sostenimiento de la vida. Es necesario garantizar el derecho a cuidar y ser cuidados a todos los habitantes del país.

Debemos considerar el aporte del trabajo no remunerado de los cuidados desde una perspectiva distinta de la tradicional en la izquierda que colocaba una mirada sobre las vulnerabilidades de la población femenina, pero no cuestionaba la división sexual del trabajo y su funcionalidad al sistema capitalista.

Por otro lado, es necesario integrar la perspectiva de género en el ciclo de la política pública, construyendo herramientas de diagnóstico que den cuenta de los impactos diferenciados en varones y mujeres en toda su diversidad, de cualquier política, proyecto o inversión que se realice en el país; así como incorporar la paridad como concepto integral que atraviesa la política y la vida pública y privada de nuestra población.

Los femicidios, como expresión extrema de la violencia de género perpetrada por el sistema patriarcal, siguen siendo una emergencia nacional que requiere un abordaje urgente.

8. Una democracia construida sobre nuevas bases

Descentralizar fomenta la participación y fortalece a la sociedad. Es dialogar, participar, involucrarse, decidir y construir ciudadanía a través de la acción, porque nadie conoce más sobre las necesidades y los intereses locales que quienes integran la comunidad.

La democratización del Estado y la transformación administrativa de- ben estar dirigidas a eliminar todas las formas de violencia institucional y a generar nuevos dispositivos de participación y descentralización que permitan incidir sobre los asuntos públicos desde la base de la sociedad y a su vez combatir la corrupción y el clientelismo. La transformación del Estado supone también su modernización y el abandono de las formas neogerenciales y mercantilizadoras de la gestión pública, que reducen a las personas a meros clientes.

La defensa y afirmación de los derechos humanos y libertades son fundamentales para promover una democracia radical y participativa que aborde la producción de nuevos significados y relatos sociales. Es necesario enfrentar la violencia que nos atraviesa y sus causas estructura- les, parar el avance autoritario y afianzar la lucha por memoria, verdad, justicia y nunca más.

Sostenemos que es necesaria una política de convivencia que sustituya la lógica punitivista, de policiamiento y de encierro que ha predominado en los enfoques sobre seguridad pública, por una perspectiva integral, que incluya aspectos laborales, de vivienda, educativos, culturales y recreativos, promoviendo la justicia restaurativa En el capítulo referido a convivencia y seguridad es preciso desplegar estrategias múltiples para atacar el poder creciente del narcotráfico en los barrios.

9. Una reforma tributaria de segunda generación: el capital

Uruguay necesita avanzar en una reforma tributaria de segunda generación basada en el principio de justicia y vida digna para todas las personas. Esta reforma debe diseñarse a partir de una evaluación rigurosa de los factores sociales, culturales, institucionales y ambientales que intervienen en los procesos productivos y financieros para determinar las responsabilidades y obligaciones contributivas.

No es posible alterar sustantivamente la desigualdad sin afectar a las grandes fortunas. Los cambios tributarios deberán incluir una revisión del impuesto al patrimonio, de modo de gravar de forma más justa la riqueza acumulada y las herencias elevadas, y un impuesto sobre la renta empresarial de carácter progresivo, lo que permite captar las rentas extraordinarias. La revisión integral de la renuncia fiscal del Esta- do es también fundamental para limitar la concentración del capital y volcar recursos en políticas públicas que reduzcan las brechas de des- igualdad. Además, se hace urgente incorporar instrumentos tributarios y regulatorios que penalicen las externalidades negativas derivadas de perjuicios al medio ambiente.

10. Democratización de las Fuerzas Armadas

Proponemos una reforma democrática de las Fuerzas Armadas, discutiendo su rol y reduciendo drásticamente el Ejército, sin afectar puestos de trabajo y redistribuyendo funcionariado a actividades civiles. Entendemos que las Fuerzas Armadas deberían orientarse esencialmente al objetivo de cuidar los espacios aéreos, marítimos y las fronteras.

La formación de las Fuerzas debe transformarse. Esto implica actualización y capacitación permanente en tareas que requieren nuevos per- files, a su vez examinar la pertinencia de la educación media militar y eliminar cualquier vestigio de la doctrina de la seguridad nacional en la formación de los efectivos, promoviendo el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, de los derechos humanos y de la democracia, y superando la ideología militarista.

Además, consideramos urgente una revisión de las políticas de cooperación internacional en materia de defensa que obstaculicen la integración regional y faciliten la injerencia de potencias externas.

También se deben modificar, sin dilatorias, las condiciones de privilegio del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

11.  Una reforma constitucional democratizadora

La Constitución es la ley de las leyes, pero también es una ley más. Es una ley que puede incluir múltiples contenidos de reforma y cambio social, y que por su naturaleza, por los tiempos y procedimientos que implica para ser modificada, se diferencia de las “leyes ómnibus” de urgente consideración. En democracia, es fruto de la voluntad de la ciudadanía y a su vez debe acompasar, facilitar y expresar los cambios en la sociedad.

La defensa de la seguridad social y particularmente la eliminación del lucro en el sistema previsional es sin duda un tema fundamental a considerar en una propuesta de reforma constitucional. Esta discusión hoy potencia y actualiza el tema, perola profundización de la democracia -expresada en una reforma de la Constitución-, su extensión a las esferas de la sociedad y de la economía, permite visualizar el rumbo de transformaciones mayores, vinculadas a varias de las banderas que mencionamos en este capítulo.

La reforma también es necesaria para defendernos de algunos retrocesos, como los que experimentamos actualmente, por ejemplo en el campo de las empresas públicas y de otros entes y recursos del Estado, generando mecanismos que blinden y preserven su rol clave en el desarrollo productivo, social y económico del país.

Organizaciones fundadoras:

• Partido Socialista de Uruguay
• Partido por la Victoria del Pueblo
• Casa Grande
• Movimiento Cambio Frenteamplista

Lista inicial de personas no sectorizadas que expresan su adhesión:

• Mirtha Guianze – Ex presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, referente de los DDHH, abogada
• Mariana Mota – Ex jueza, ex Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, referente de los DDHH
• Amparo Menéndez-Carrión – Catedrática y autora, Ph.D. en Relaciones Internacionales y Política Comparada por la Universidad de Johns Hopkins
• Mercedes Clara – Militante social, Licenciada en Comunicación, Directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo
• Gabriel Delacoste – Politólogo
• Valeria España – Militante social, investigadora, docente y abogada
• Esteban Pérez – Militante social, sindical y político, ex preso político, ex diputado (renunciante en 2013 por el debate sobre la MINUSTAH)
• Carlos Viera – Economista, docente universitario, ex director de OPP
• Jorge Notaro – Contador y economista, investigador especializado en política económica
• Beatriz Ramírez – Activista afrouruguaya y feminista
• Benjamín Nahoum – Ingeniero civil, especializado en cooperativismo, asesor de FUCVAM y otras organizaciones sociales
• Nelson Villarreal – Licenciado en Filosofía, docente e investigador universitario, ex Secretario de DDHH
• Catherina Pascale – Actriz, ex integrante de la Comedia Nacional
• Alicia Dambrauskas – Maestra y Socióloga
• Noelia Baillo – Militante por los derechos de las personas con discapacidad, Vicepresidenta de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay
• Leonardo Pacella – Comunicador, referente del carnaval y la cultura
• Imanol Sibes – Director artístico de la murga “Doña Bastarda”, contador público
• Edgardo Clavijo – Ex coordinador del PIT-CNT y actual dirigente del Transporte
• Fernando Ubal – Licenciado en Ciencias de la Educación
• Ismael Fuentes – Dirigente sindical, ex Presidente de FUECYS, actualmente representante del PIT-CNT en el directorio de INEFOP
• Helena Almirati – Militante social de la cultura y la Economía Solidaria
• Sergio Pazos – Militante de las bases frenteamplistas en Rocha
• Daniel Esteves – Ex dirigente de las bases frenteamplistas, ex integrante de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio
• Estela Jaluff – Ex presa política , militante de las bases frenteamplistas en Montevideo
• Osbaldo Zúñiga – Ex dirigente sindical textil, militante de las bases frenteamplistas en Canelones
• Mauricio Fuentes – Militante social, Licenciado en Ciencias de la Educación
• Rubén Maciel – Referente frenteamplista en Paysandú, secretario de la bancada de ediles del FA
• Eduardo Bauzá – Productor rural, militante y referente de la agroecología en el Departamento de San José
• Mateo Suárez – Basquetbolista profesional
• Renato Palermo – Referente de la colectividad italiana en Uruguay
• Ignacio Palermo – Referente de la colectividad italiana en Uruguay
• Alicia Cano – Cineasta y comunicadora, integrante del colectivo MAU Mujeres Audiovisual del Uruguay, creadora y directora de “Bosco”
• Silvia Guerra – Poeta, investigadora y editora, referente de la cultura nacional
• Emilio Barroso – Cantautor y Presidente de la casa Uruguay- Australia, referente de la lucha por el voto de las y los uruguayos en el exterior
• Antonio Elías – Economista
• Silvana Ruggieri – militante de Maldonado, Coordinadora de la Unidad Temática de las Ciudadanas del Frente Amplio
• Erika Verdier – Referente del colectivo Mujeres Feministas de Canelones
• Emilio Cafassi – Escritor, Profesor Titular e Investigador de la Universi- dad de Buenos Aires
• Valentín Vera Ríos – Profesor de Historia en Formación Docente (CeRP del Norte), militante de base del Frente Amplio en Tacuarembó
• Pablo Romero – Profesor de Filosofía, especialista en Política y Gestión de la Educación

Huella de Seregni, 28 de marzo de 2023

En el mes posterior al lanzamiento muchas personas se han comunicado para saludar la creación de esta corriente, manifestar su interés por el documento fundacional y mantener vínculo con “Izquierda y Libertad”. Dentro de ellas las siguientes -pertenecientes a distintas generaciones, áreas de actividad y territorios del país- expresaron su deseo de unirse a la lista inicial de adherentes no sectorizados:

Hebert Tenembaum; Evangelina Guerra; Eduardo “Yeye” Correa; Leonel Groisman; Carlos Ghione; María Rodríguez Velasco; Sandra Alaluf; Gabriel Suárez Píriz; Martha Weiss; Claudio Simón Martínez; Joaquín Trinidad; Darío Umpierrez; Luis Pereyra, Rosa Piazzoli Van lommel, Ingrid Gabrielzyk.