Escriben Leticia Benedet | Gianina Iglesias Comisión Nacional de Género, Diversidades y Disidencias PS
El mes de setiembre, en Uruguay, es el mes de la celebración de la diversidad en el sentido amplio del término (cultural, política, religiosa, étnico-racial, generacional), pero con especial énfasis en las diversidades sexuales, en el respeto a la libertad de ser la persona que uno quiere ser, también en el plano de la sexualidad y en la orientación sexual (asexualidad, homosexualidad, heterosexualidad y bisexualidad) y en la identidad de género (femenino, masculino, «tercer género» ‒ no binario)[1].
Sin entrar en las definiciones conceptuales de cada término, porque ello excedería los propósitos de este artículo, es importante señalar que durante este mes el objetivo es colocar a la diversidad como valor y promover una cultura de respeto a la diversidad de expresiones que no limiten ni patologicen las identidades sexuales y de género no hegemónicas.
En el momento actual del país, con un gobierno de coalición de derecha y ultra derecha, que promueve los valores tradicionales, estigmatiza la diversidad y plantea una agenda restrictiva de derechos, esta reivindicación ciudadana cobra más sentido que nunca.
En los últimos años, hemos visto cómo ha crecido en el mundo la discriminación y la violencia hacia la comunidad lgbtiq+, generándose consecuencias nefastas. En nuestro país, esas situaciones son reproducidas por una parte del sistema político y de la ciudadanía, que realizan comentarios cargados de violencia e intentan retroceder en la agenda de derechos.
Los 15 años de gobierno del Frente Amplio significaron, en cambio, un período de apertura a las diversidades sexuales que recogió las demandas históricas de dirigentes y colectivos lgbtiq+ y aprobó leyes de vanguardia en el mundo, como: la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género y la Ley Integral de Violencia Basada en Género —que reconoce la violencia y los homicidios por razones de orientación sexual e identidad de género y pretende prevenir, proteger, sancionar y reparar—. En el marco de la reglamentación de estas normativas, se desarrollaron políticas públicas para garantizar los derechos consagrados en las leyes que pretendieron, al mismo tiempo, fortalecer a los grupos de la sociedad civil organizada en su tarea de seguimiento y evaluación de dichas políticas.
El camino recorrido en los gobiernos del Frente Amplio era necesario, pero sin dudas no fue suficiente. Significó el inicio del desarrollo en políticas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, pero aún queda un largo camino por recorrer para que no se retroceda en los derechos consagrados y para que las demandas de los colectivos organizados sean oídas y se brinde una respuesta ante situaciones que continúan vulnerando los derechos de la ciudadanía.
¡Hacemos nuestra la consigna de la sociedad civil para este año: «Estado ausente, nuestra lucha presente»!
Leticia Benedet
Gianina Iglesias
Por la Comisión Nacional de Género, Diversidades y Disidencias
Partido Socialista
[1] La onu (2011:3) define la identidad de género como: «la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales».