Sin pretensiones de generalizar, quienes militamos social o políticamente podemos afirmar que la frase “necesitamos ser más” forma parte de nuestro acervo. No han sido pocas las veces que esas palabras han salido de la boca de un compañero, o incluso de la propia, en el marco de nuestros intercambios.
Para nosotros, en particular, la participación es inherente al desarrollo del proyecto socialista ya que no podemos concebirlo sin la expansión y radicalización de la democracia, con el imprescindible protagonismo social que ese proceso conlleva.
A partir del año 1990 el Frente Amplio, desde el gobierno departamental de Montevideo, ha venido ensayando formas de democratización del Estado tendientes a transferir poder a los actores sociales del territorio mediante políticas de descentralización. Veinte años más tarde, desde el gobierno nacional insistimos con la sanción de la Ley de “Descentralización Política y Participación Ciudadana” con alcance nacional, que implementó el tercer nivel de gobierno y dio origen, a la fecha, a 112 municipios.
Concebimos a la descentralización como una forma de socializar la política y el Estado y construir gobiernos de cercanía. La transferencia progresiva de competencias y servicios de los gobiernos departamentales a los municipales no se explica, desde una concepción de izquierda, solamente por la búsqueda de una gestión más eficiente, sino por la vocación de generar mayor empoderamiento de las ciudadanas y los ciudadanos, y de sus organizaciones sociales, a través de instrumentos de democracia directa y participación. Por ende descentralizar, adquiere sentido en nuestro proyecto político, siempre y cuando vaya de la mano de participar.
Con esta brújula, evaluar políticamente la implementación de la ley resulta insoslayable ya que en algunos casos la municipalización ha ido acompañada de fenómenos que han impedido la efectiva transferencia de poder a la sociedad, potenciando caudillos prescindentes de su colectivo de referencia (Concejo Municipal), que concentran decisiones e ignoran barrios u organizaciones que no forman parte de su base electoral. No hace mucho el Frente Amplio en Paysandú denunciaba que el alcalde blanco de Porvenir, en lógica de patrón de estancia, expulsó de una reunión del Concejo Municipal a nuestro compañero concejal Damián Gallardo, hecho que motivó la creación de una comisión investigadora en el marco de la Junta Departamental.
Bien al norte, se señala que el intendente Pablo Caram ha montado un municipio paralelo encabezado por el ex alcalde de Bella Unión, mediante el cual el gobierno departamental desconoce el trabajo del Alcalde frenteamplista Luis López, legítimamente electo, ahogando al gobierno municipal mediante el enlentecimiento de transferencias de recursos varios. Según nos cuentan vecinos de Bella Unión, la semana pasada, faltando a la verdad, celebraban la firma simbólica de un plan de obras queriendo capitalizar así una inversión ya acordada entre el Municipio y el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional de OPP de 40 millones de pesos que pavimentará siete cuadras céntricas de la localidad gracias a los recursos asignados por estos dos organismos.
Entre otros muchos ejemplos, podemos mencionar también las recientes denuncias contra el alcalde blanco de Sarandí del Yí, Durazno, referidas a la compra de terrenos que prontamente se valorizarán de manera considerable por ser lindantes al trazado de la Ruta 14, en vías de construcción. Si bien el alcalde lo niega, se le denuncia haber utilizado información privilegiada con fines personales. Nada más ajeno al espíritu de la ley y a la ética en la función pública que la utilización de espacios institucionales para beneficio personal. Afortunadamente el correcto ejercicio de contralor frenteamplista abordó el asunto en su justa dimensión.
Por otro lado, en el noroeste de Montevideo, el Municipio G en su reciente Cabildo recibió en manos de su alcalde Gastón Silva la certificación ISO 9001:2015 por su atención a vecinos y vecinas. Más allá del reconocimiento, existen múltiples ejemplos de como en este y otros Municipios, se ha promovido la participación social y la escucha y construcción colectiva con los actores del territorio. Y también sabemos que aún en los lugares donde existen buenas prácticas falta mucho.
El trabajo de una multiplicidad de actores de la fuerza política y la sociedad ha abierto un debate y una agenda de discusión sobre el proceso de descentralización. El anuncio de que nuestro gobierno promoverá medidas – que a su debido tiempo deberemos analizar y debatir- para reencauzar y profundizar el proceso de descentralización, se inscribe en ese marco. Así se abre una ventana de oportunidades para corregir las distorsiones de la práctica o las limitaciones de la propia ley, y avanzar hacia un modelo en el que efectivamente se fortalezca la participación incidente de las organizaciones sociales, de agrupaciones de vecinos y vecinas, y se acorten las distancias entre gobernantes y gobernados.
Sostener que el poder no reside en un espacio en particular sino que circula en las relaciones sociales, debe traducirse en intensificar nuestros esfuerzos para que los niveles de participación popular se acrecienten, enfrentando de este modo al poder concentrado, sus articulaciones político-mediáticas y su hegemonía cultural.
La distancia que se advierte entre dirigentes y ciudadanos, por efecto de la burocratización, el corporativismo o el elitismo, es fogoneada permanentemente por quienes hacen política desde la antipolítica. Nosotros creemos que esa brecha se supera con discurso pero fundamentalmente con testimonio. El desafío es construir ámbitos que convoquen al compromiso, en donde los ciudadanos y ciudadanas, sus organizaciones sociales, carguen de sentido los espacios en los que habitan y en los que aporten a su transformación. No desconocemos las efectos de la ideología dominante o de lo que se ha dado en llamar el “clima de época” sobre la propensión a participar o las motivaciones para hacerlo, tampoco ignoramos los cambios en las modalidades de participación y en el relacionamiento de las personas con lo público, pero en definitiva, para los de izquierda, se trata de gobernar obedeciendo a la construcción popular, y ponerla en marcha debe ser el centro de nuestros desvelos si nos proponemos seguir transformando la realidad en búsqueda de mayor justicia, solidaridad y libertad.
Nicolás Lasa
Secretario de Interior
Partido Socialista de Uruguay
