Dra. Mónica Xavier Senadora Secretaria General del Partido Socialista
Ante la ilegítima destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sólo cabe la frontal desaprobación. Todos asistimos a un montaje escénico que deriva en un portazo a la decisión popular, al contrariar la voluntad que más de 54 millones de brasileras y brasileros habían expresado en las urnas. Esto constituye la anulación del elemental principio democrático de la soberanía proveniente del mandato popular.
Este juego de tronos que urdió una derecha corrupta, se fragua desde una pirueta legalista formulada sobre una acusación sin sustancia legal alguna. ¿De qué se acusa a Dilma Rousseff? ¿De haber emitido tres decretos para posponer transferencias de partidas en el contexto de reordenamientos presupuestales? Eso configura la hipocresía de este proceso de destitución. Primero, porque no hay mérito, es ilegítima, en tanto no se basó en conductas pasibles de juicio político. Segundo, porque la excusa invocada fue una práctica usada cientos de veces por gobiernos anteriores. Tercero, nunca hubo desvío para beneficio personal.
¿Cuál es el telón de fondo? Tras esta destitución está la intención de decenas de legisladores de ambas cámaras por enterrar la investigación Lava Jato, que apunta a varios de ellos como implicados en maniobras de corrupción, las cuales – muy por el contrario a lo que se desinforma – Dilma Rousseff, jamás obstaculizó ni las intentó detener.
Pero además, todo esto tiene su correlato en un inmediato viraje de 180 grados en las políticas sociales y económicas que hicieron posibles los mayores avances del Brasil: los que permitieron salir a millones y millones de la pobreza, así como de incrementar notablemente la matrícula educativa y generar dignidad en las condiciones laborales. ¿Por qué no debemos olvidar todo esto? Primero, porque es de estricta justicia. Segundo, porque también hay en juego fortísimos intereses económicos contradictorios con esas políticas progresistas. Tercero, como lo denunció la propia Dilma Rousseff: «es gravísimo que se ejecute un programa sin pasar por las urnas”.
Es por estas graves circunstancias que el gobierno uruguayo – a través de su cancillería – expresó con tanta dignidad como claridad: más allá de la legalidad invocada, el Gobierno uruguayo considera una profunda injusticia dicha destitución. Es que los principios no se tranzan.
Así también lo hacen saber las voces y organizaciones sociales que no tienen otro interés que el del bienestar popular. Ejemplo de ellas, el comunicado emitido por la Fundación Internacional de DDHH: “la democracia misma es la que está en juego en América Latina, amenazada por aquellos que se resisten a perder sus privilegios. Ante este panorama, no podemos ser neutrales”.
Traducir lo que significa la destitución de Dilma Rousseff como presidenta constitucional de Brasil, significa, ni más ni menos, la imposición de la ilegitimidad sobre el derecho, la traición sobre la lealtad, la corrupción sobre la honradez, la delincuencia sobre la honorabilidad.
Quienes defendemos la democracia, quienes creemos en el poder popular y en las transformaciones progresistas, estamos obligados a la solidaridad con Dilma y el pueblo brasilero, estamos obligados a no dejarnos atropellar por esta clase de oligarcas resentidos, que siempre están al acecho, prontos para recuperar el poder perdido a como dé lugar – a las pruebas me remito
Fuente: Prensa 90
6 de setiembre 2016
