El pasado sábado 20 de mayo bajo la consigna “¿Dónde están? Nunca más terrorismo de Estado” se realizó la 28a Marcha del Silencio. La Marcha es cada vez más multitudinaria y este año se desplegó en 75 lugares del país y del mundo. Una vez más cientos de miles de personas nos sentimos convocadas por una movilización única, sin banderas ni consignas partidarias.
Luego de esta conmovedora expresión de nuestro pueblo de la que -como todos los años-hemos participado, las y los socialistas uruguayos queremos reconocer y saludar afectuosamente a las madres y familiares de detenidos desaparecidos, así como a todos los y las militantes que luchan por memoria, verdad y justicia.
A su vez, expresamos:
1- Si a 50 años del golpe de Estado del 73 sigue siendo necesario llenar las calles con este clamor es porque persiste una enorme deuda que hiere profundamente a la democracia uruguaya, lo cual nos interpela;
2- A esto se suma que en los últimos tiempos algunos actores políticos, particularmente Cabildo Abierto y sectores de los partidos Nacional y Colorado, vienen llevando a cabo una avanzada por la impunidad. Insisten con escribir una falsa historia sobre la última dictadura civil y militar que desapareció y asesinó a cientos de compañeros y compañeras. Esta ofensiva ha puesto sus esfuerzos en reforzar y legitimar, a través de acciones legislativas, la teoría de los dos demonios. En este sentido hacemos explícito nuestro más profundo rechazo a las iniciativas presentadas por la coalición de gobierno referidas a la «reparación a víctimas de grupos políticos armados entre el 1962 y 1975” y a la prisión domiciliaria para los represores detenidos en Domingo Arena y en la Guardia de Coraceros.
3- Es imprescindible seguir exigiendo memoria, verdad, justicia y no repetición en pro de preservar la memoria colectiva como parte de la gran tarea de construcción de ciudadanía democrática. Es en ese marco que se inscriben las políticas de reparación. Al respecto corresponde proclamar la necesidad de que la Pensión Especial Reparatoria (PER) se transforme en un auténtico instrumento de reparación integral, diferenciado y compatible con los derechos adquiridos en el sistema de Seguridad Social.
4 – Como siempre lo hemos hecho, a las reivindicaciones de memoria, verdad, justicia, no repetición y reparación, seguiremos uniendo la lucha por la democratización profunda de la sociedad y de sus estructuras e instituciones. En ese marco reiteramos nuestro compromiso con una perspectiva integral de Derechos Humanos que denuncie y rechace cualquier violación, cercenamiento o amenaza, sin doble rasero. En el presente de nuestro país volvemos a expresar nuestra preocupación sobre múltiples dimensiones, entre ellas:
- La violencia en general y en especial la perpetrada contra las mujeres, niñas, niños y adolescencias.
- La alarmante tasa de prisionización, con el correlato de la dramática situación en la que viven la mayoría de las personas privadas de libertad.
- Las desigualdades en el acceso real y efectivo a la justicia.
- La situación de violencia que se vive en muchos barrios, sobre todo en el área metropolitana.
- Cualquier signo de deriva autoritaria y de inclinación a la represión y criminalización de la protesta social.
- Las violaciones a derechos fundamentales como el del acceso a la vivienda, al agua y a la soberanía alimentaria.
- La vulneración de los derechos de protección, amparo a la población migrante y refugiada.
- La lesión de derechos en el campo de la salud, en particular en el área de la salud mental y la salud sexual y reproductiva.
- Las demoras u omisiones en el cumplimiento de sentencias y recomendaciones emanadas de jurisdicciones y organismos internacionales que tienen que ver con las obligaciones del Estado uruguayo en materia de Derechos Humanos.
5- Finalmente, no podemos pasar por alto que en pleno 2023 altos mandos militares insistan en pronunciamientos políticos y mensajes corporativos incompatibles con las inhibiciones propias de su rol. No es aceptable que los mandos realicen manifestaciones deslegitimando las propuestas de revisión de las instituciones que comandan ni que inculquen en los efectivos a su cargo una versión negativa y simplificada de las ideas que no comparten. Este tipo de actitudes, así como las denunciadas por parte de Todos Somos Familiares en Lavalleja, que involucran presuntas acciones de inteligencia policial durante la Marcha en la ciudad de Minas, deben ser tomadas en serio por las autoridades y requieren respuestas claras e inmediatas. En una concepción republicana el control civil y democrático de las instituciones que detentan el poder de las armas es una cuestión crucial y en la que no hay detalles insignificantes. Seguiremos alentando la discusión racional y abierta sobre las características que deben tener las Fuerzas Armadas y los aparatos de seguridad en una sociedad democrática, también exigiendo la información y las responsabilidades correspondientes.
Casa del Pueblo, 23 de mayo de 2023.
