El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista, reunido en forma virtual en el día de la fecha, declara:
1) El país atraviesa una grave emergencia sanitaria y social, producto de una pandemia que un sistema injusto e irracional y un orden internacional salvaje no logran abordar con sensatez. En ese marco, insistimos con la necesidad de fortalecer espacios multilaterales, globales y regionales, que permitan establecer bases consensuadas para afrontar la crisis de forma humana y sustentable, evitando las salidas autoritarias y excluyentes, que ponen en riesgo la vida, la libertad y la salud, sobre todo en los países más pobres.
2) En lo que respecta a la situación de Uruguay nosotros, que coherentes con nuestra historia no hemos hecho ni haremos ningún tipo de perfilismo u oportunismo político con esta situación, tomamos la decisión de no realizar en este momento consideraciones públicas sobre la política sanitaria del gobierno. Como lo hemos venido haciendo hasta ahora, junto con todo el Frente Amplio y utilizando los instrumentos institucionales disponibles, aportaremos nuestros puntos de vista e inquietudes sobre este tema a las propias autoridades sanitarias, requiriendo además toda la información necesaria. Volvemos además a convocar a todos los actores del Frente a construir posiciones comunes más que miradas o iniciativas sectoriales, y a todos los actores del país a buscar caminos de encuentro verdadero para afrontar la situación.
3) De la emergencia sólo podremos salir con mucha solidaridad social y con un Estado presente y sensible. Una vez más los esfuerzos desplegados por nuestro pueblo, de los que cotidianamente formamos parte, vienen siendo inmensos. A su vez las fortalezas y capacidades del país en materia de salud, telecomunicaciones, protección social, educación e inclusión financiera, junto al papel de sus empresas públicas, han sido y serán centrales para afrontar los desafíos que tenemos planteados.
4) En lo que respecta a la urgencia social entendemos que, más allá de algunas medidas adecuadas pero insuficientes tomadas por el gobierno, el aumento descontrolado de los precios de la canasta básica y la dificultad de muchas y muchos uruguayos para pagar alquileres y servicios básicos (recrudecida por el incremento de las tarifas públicas), requiere una respuesta decidida e integral. En este marco, existe una necesidad imperiosa de garantizar un ingreso mínimo a todas las trabajadoras y trabajadores que por efecto de esta situación han visto muy mermados sus ingresos y no cuentan con una adecuada protección social: informales e independientes, desempleadas y desempleados, changadores, artistas y artesanos. Esta propuesta, que aquí ha sido planteada por la Intersocial y por el Frente Amplio, es una demanda de carácter internacional que ya ha sido asumida por varios gobiernos en distintos puntos del planeta. La oposición del gobierno uruguayo a recurrir al aporte de los sectores empresariales más ricos, que revela una vez más su proyecto de clase, es el principal obstáculo para financiar y concretar esta medida en nuestro país.
5) Nos preocupa mucho la negativa del gobierno a convocar un ámbito plural de diálogo social y político. Vemos además una serie de señales que van en el sentido contrario. El anuncio de enviar, en este contexto, un proyecto de ley de urgente consideración que no tiene relación con la actual emergencia y que divide al país, conociendo las notorias dificultades existentes para que el debate social sobre el proyecto se de adecuadamente, tensiona y erosiona puentes en un momento muy difícil para el país. En el mismo sentido, la negativa a conceder al PIT-CNT (organización social más grande de Uruguay con cientos de miles de trabajadoras y trabajadores afiliados) la cadena nacional para emitir un mensaje el 1° de mayo, además de desandar un camino de uso plural de ese instrumento, interfiere con una celebración fundamental para la democracia, ya que en el marco de la actual emergencia no pueden desarrollarse actos masivos. Con mucha convicción le reclamamos al gobierno que rectifique estas dos decisiones absolutamente equivocadas.
6) Rechazamos las recientes declaraciones del Senador Guido Manini Ríos, quien en el ámbito parlamentario, utilizando los espacios que le habilita la democracia, reivindica a violadores de Derechos Humanos y victimiza a agentes del terrorismo de estado, cuestionando la acción legítima del Poder Judicial sobre sus delitos, que desde la perspectiva del derecho internacional de los DDHH, por ser delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles. Estas declaraciones, en un país donde ha sido muy difícil horadar los mecanismos de la impunidad y donde sigue existiendo un poderoso pacto de silencio, merecen nuestra más absoluta condena y entendemos representan un peligro para la propia democracia.
En este contexto tan difícil, las y los socialistas seguiremos realizando propuestas, y continuaremos trabajando en la creación de espacios de reflexión y organización de la solidaridad, donde florezca la vida para gestar un futuro más justo.
Comité Ejecutivo Nacional, 16 de abril de 2020.
