El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista, reunido de forma virtual y extraordinaria en el día de la fecha, declara:
1. Desde que se desencadenó la emergencia sanitaria en el país, las y los socialistas uruguayos nos hemos comprometido fuertemente, junto con todo nuestro pueblo y con el conjunto del Frente Amplio, en la tarea de enfrentarla. Lo hicimos de muy diversas formas:
– apoyando las medidas sanitarias, así como difundiendo y aplicando todas las disposiciones de cuidado, y trasladando todas las actividades posibles (incluyendo la sesiones de nuestros organismos de dirección) a espacios virtuales;
– desplegando nuestra militancia social y territorial para generar y acompañar iniciativas dedicadas a atender los graves efectos sociales, y generando un grupo de solidaridad en la emergencia frente a situaciones sociales extremas, consultas psicológicas, requerimientos de apoyo educativo;
– proponiendo medidas para paliar la emergencia económica y social, como la de la renta básica transitoria, y aportando en el seno del Frente Amplio a la definición de un conjunto de propuestas sanitarias, económicas y sociales integrales, que trasladamos al gobierno nacional, a la vez que reclamábamos insistentemente la necesidad de un diálogo social y político que nunca se convocó;
– alentando y celebrando la creación del GACH y su trabajo así como las medidas o recomendaciones gubernamentales que avanzaran en el sentido que considerábamos correcto;
– siendo especialmente pacientes frente a las omisiones o errores del gobierno nacional, atendiendo a la sensibilidad de una situación excepcional que nadie buscó ni desea;
– aportando en los gobiernos departamentales y municipales donde participa el Frente Amplio, a una política de comunicación con la población clara y pedagógica, así como a la adopción de medidas concretas para reducir los potenciales contagios.
2. En estos largos meses el gobierno nacional se ha negado sistemáticamente a la búsqueda de acuerdos y puntos de encuentro. Por el contrario ha transitado un camino de enfrentamiento y se ha conducido con criterios dispares y arbitrarios.
Mientras desplegaba un irresponsable exitismo, aquí y en el exterior del pais, con conferencias de prensa y entrevistas diarias, avanzaba en un programa de recorte de conquistas democráticas y derechos, imponiendo de forma oportunista un paquete de falsas urgencias que nada tenían que ver con atender las consecuencias de la pandemia ni generar climas de diálogo y unidad para enfrentarla. Mientras recomendaba quedarse en casa habilitaba eventos multitudinarios como la exposición rural del Prado.
Simultáneamente se agravaron los problemas de abuso policial y represión a sectores populares y diversos colectivos subalternos, que sistemáticamente hemos denunciado.
3. Uruguay es uno de los países de la región que menos ha invertido en atender los efectos de la pandemia. Las medidas para abordar la crisis social y económica han sido absolutamente deficitarias y la política general impulsada por el Ejecutivo, orientada a sectores de la burguesía (los denominados “malla oro” por el Presidente) sólo ha generado y generará más recesión y crisis.
La LUC, el presupuesto y las pautas salariales son muestras más que suficientes de esta orientación.
4. Para justificar su accionar el gobierno ha difundido, a través de muchos de sus integrantes, un discurso cargado de referencias permanentes a la “herencia maldita” o a la pandemia como explicación de todos los males, evitando hacerse cargo de sus propias acciones u omisiones, desconociendo capacidades generadas en el país con mucho esfuerzo, y delegando la solución de los problemas a la “libertad responsable” de los ciudadanos y ciudadanas, apelando a una supuesta “excepcionalidad uruguaya” y disminuyendo así la percepción de riesgo.
5. Esta forma de conducirse, con frecuencia irresponsable y frívola pero sobre todo antipopular y soberbia, ha llevado al gobierno a actuar muchas veces sin basamento en evidencia, y a tomar medidas contradictorias, desplegando además una comunicación errática que ha oscilado entre las conferencias diarias y el silencio prolongado, proporcionando escasa o nula información de calidad.
6. En el día de ayer el Presidente de la República, en medio de una situación de aumento exponencial de casos de COVID, asume que el país ha ingresado en otra fase y plantea otra vez consignas para enfrentar la pandemia.
Nuevamente las medidas planteadas no contemplan la protección social tantas veces reclamada. Se insiste con la necesidad evidente de disminuir la circulación pero no se plantea una sola solución para las personas que pierden el ingreso y por ende ven afectados sus medios de subsistencia.
Simultáneamente, se alienta- desde el ejemplo del propio Presidente de la República- a salir de vacaciones y se extienden los horarios de centros comerciales. Nos preguntamos a dónde pueden ir de vacaciones las decenas de miles de uruguayos sin empleo o quienes recurren a las ollas populares que el gobierno saluda pero no apoya. Nos preguntamos también cuál es la “burbuja de contactos” de quienes sostienen las ollas y de quienes concurren a ellas. Estas y otras contradicciones podrían resolverse con medidas de apoyo estatal que sólo el gobierno puede tomar y que sistemáticamente ha desestimado.
Acertadamente se define reducir a la mitad el aforo de los ómnibus interdepartamentales pero la única medida concreta consiste en un subsidio a las empresas.
Entre decisiones acertadas y equivocadas, algunas coherentes entre sí y otras contradictorias, el gobierno sigue generando confusión y se orienta una vez más a realizar un único esfuerzo: el de apoyar al capital – seguro del derrame de esos apoyos hacia los trabajadores y la sociedad toda- mientras se solidariza exclusivamente de palabra con los trabajadores y colectivos más vulnerados, como si no tuviera la responsabilidad de velar por ellos.
7. A este cuadro se le suma otro grave y preocupante anuncio en una sociedad democrática: el envío y tratamiento urgente de un proyecto de ley que reglamenta el derecho de reunión consagrado en la Constitución de la República.
Esta decisión, que se anuncia sin previo diálogo con ningún actor social o político ajeno al gobierno, se articula con la reiterada prédica en redes sociales -a través de un ejército de trolls y cuentas falsas- referida a una supuesta correlación entre el aumento de casos de COVID y las movilizaciones populares.
Los datos oficiales contradicen de forma contundente esta afirmación, ya que el aumento exponencial de casos no coincide temporalmente con ninguna movilización social.
Mientras que el propio GACH informa que la mayor cantidad de contagios se producen en el ámbito intrafamiliar, laboral y educativo, y aconseja medidas de carácter social, el discurso que se intenta difundir y ahora las decisiones del gobierno se orientan en otra dirección, con un marcado sesgo ideológico.
En este marco, reiteramos nuestro llamado a la prudencia en todo tipo de manifestación colectiva, tomando las medidas sanitarias establecidas por las autoridades y evitando aglomeraciones, y a su vez – fieles a nuestra historia radicalmente democrática y popular – comunicamos la firme oposición del Partido Socialista al proyecto de reglamentación de un derecho fundamental, vital para la ciudadanía toda y en particular para las clases populares, como es el derecho de reunión.
Más allá de las condiciones que puedan plantearse en el propio texto del proyecto de ley (por demás confuso y ambiguo), esta decisión, en un contexto de agravamiento de la crisis social y económica, de medidas autoritarias y antipopulares, de modificaciones normativas poco garantistas, y sin consulta ni dialógo previo, no sólo es muy peligrosa sino que abre las puertas para la instalación progresiva de un Estado policial.
En lo que respecta a la posición del Frente Amplio y sus bancadas parlamentarias, desde nuestro punto de vista la gravedad del tema amerita la discusión y definición en los principales ámbitos colectivos de la fuerza política.
8. Luego de 9 meses de gobierno podemos confirmar el proyecto de clase que sostiene a la actual coalición oficialista, la improvisación en la toma de decisiones, la nula vocación de dialogar con la oposición política y los actores sociales, y sobre todo el concepto restringido y selectivo de la democracia que inspira las decisiones políticas del gobierno.
Para las y los socialistas uruguayos una concepción de la libertad reducida a la esfera del mercado y las transacciones financieras, es decir la libertad de algunos pocos y poderosos, no sólo es falaz sino contraria a la dignidad humana.
Una vez más insistimos con la necesidad de que el gobierno proporcione información de calidad y convoque a un diálogo amplio y maduro. De esta forma se podrán tomar medidas rápidas y eficaces para disminuir la propagación del virus, evitar la profundización de la recesión económica y la crisis social, y garantizar las condiciones de vida digna de todas y todos los habitantes de nuestro país. Asímismo, seguiremos apoyando todas las decisiones y recomendaciones que sin afectar derechos fundamentales contribuyan a cuidar la salud de la población.
Comité Ejecutivo Nacional, 17 de diciembre de 2020.
