Escribe Oscar Aguirre | Militante del CS COFE
La coyuntura político sindical en Uruguay actualmente se encuentra sobre un escenario complejo, fruto del plan de ajuste económico sobre la clase trabajadora impulsado por el gobierno de derecha; una serie de acciones, medidas y normas impulsadas desde este mismo gobierno para erosionar los derechos hasta ahora conquistados y la pandemia mundial. En este contexto el movimiento obrero ve afectada su capacidad de movilización y su funcionamiento. Sin embargo y a pesar de lo anterior la respuesta más fuerte a la restauración conservadora parece ser la que lidera el Pit-Cnt en la campaña pro-referéndum para derogar la LUC y lo que fueron diversas movilizaciones el pasado año. Es por todo esto que este 1º de mayo nos encuentra militando activamente y alertas, a pesar de las restricciones impuestas por el gobierno a la que se suma una nueva negación de la cadena nacional[1].
En el siguiente artículo vamos a repasar las principales medidas que caracterizan este embate sobre los trabajadores organizados y la respuesta desde el movimiento sindical, para luego evaluar diferentes escenarios futuros.
A pocos días de comenzado el período de gobierno el ejecutivo envió al parlamento un proyecto de LUC. A pesar de que días antes ya se habían tomado algunas medidas contrarias al interés de los trabajadores es aquí y posteriormente en la Ley de Presupuesto donde se concentran la mayoría de las normas que perjudican a la clase trabajadora. En simultáneo otras medidas tales como otras leyes, decretos presidenciales o posiciones en el marco de diferentes ámbitos de negociación colectiva o bien la ausencia de medidas paliativas en el marco de la pandemia, significaron también un retroceso significativo en las condiciones de vida de los trabajadores y los derechos que como clase trabajadora organizada se habían logrado durante los 3 gobiernos del FA.
La derecha y sus corporaciones son conscientes que para derribar los cambios estructurales realizados durante los gobiernos del FA es necesario pegar en el núcleo duro de la capacidad de transformación social de la izquierda y esa así que apuntan hacia los movimientos sociales. Las relaciones sociales que habían evolucionado a favor de nuestra clase en los últimos años, serán el objetivo principal de la alianza conservadora[2]. Es por esto que están golpeando fuertemente a los sindicatos para limitar nuestro poder de respuesta ante el ajuste económico estructural que se está produciendo y el retroceso en lo que a derechos laborales y libertades sindicales se refiere.
Si nos detenemos por ejemplo en las normas que afectan libertades sindicales, la LUC contiene una norma para disolver manifestaciones, otra que restringe al derecho de huelga y finalmente otra que ilegitima el piquete como medida de protesta (incluso al piquete de huelga). Es así que se abona el terreno para realizar un ajuste económico y maniatar a la clase trabajadora para que la movilización social no surta su efecto y los planes restauradores tengan menos escollos. Esta situación se acentúa por las medidas de “distanciamiento social” tomadas como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo y le ha sido útil al gobierno para poder llevar adelante su programa restaurador, es así que por ejemplo sobre fin de año, el mismo día que se resuelve postergar el pago de salarios vacacionales de muchos trabajadores, se limita también el derecho a reunión.
Sin dudas la LUC no es fruto de la improvisación, sino quizás de la acumulación de proyectos de ley frustrados durante la era progresista y de la ingeniería pensada para desandar años de reformismo social y económico, y es por eso que el alcanzar el referéndum es un tema fundamental en la agenda del FA y el Pit-Cnt.
El ajuste económico ya está mostrando sus consecuencias. En 2020 el INE registró casi 60.00 ocupados menos que en 2019 y más de 20.00 desocupados más. Los seguros de desempleo muestran un fuerte crecimiento, en una cifra cercana a los 75.000, cuando lo habitual era ubicarse en el entorno a los 45.000. El Índice Medio de Salarios se incrementó 7,7% a lo largo del año 2020. Dado que el aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) en el año 2020 fue de 9,4%, se produjo en consecuencia una caída del salario real del 1,7 % en el año. Sin embargo dado el ajuste salarial producido en enero y el que tendrán los privados a mitad de año, se estima que públicos y privados perderán este año algo así como un 5 % de su salario real. La pobreza también ha aumentado en 2020 y se registran 100.000 nuevos pobres, en donde sin dudas el desempleo y la pérdida de salario real han jugado un papel importante.
Si bien los ámbitos de negociación colectiva han sido convocados, los mismos se han vaciado de contenido y se han limitado a ser ámbitos donde el gobierno y empresarios anuncian sus planes y otras veces incluso ni siquiera eso, dado que los dirigentes sindicales se enteran por la prensa o bien cuando se decreta o ingresa un proyecto de ley al parlamento cuales son las resoluciones gubernamentales en relación al mundo del trabajo.
El Pit-Cnt y sus filiales a pesar de las restricciones han logrado movilizarse[3], pero es una realidad que el movimiento obrero y social en general se encuentra muy limitado por las medidas sanitarias. A esto se suma que muchas filiales y el mismo Pit-Cnt no han podido realizar su congreso y elecciones, que refrescarían las direcciones sindicales y servirían para actualizar las plataformas reivindicativas y dar la discusión democrática característica que se da en estas instancias al interior de las organizaciones sindicales. Sin embargo se ha buscado converger en diferentes espacios como la Intersocial y la Comisión Pro-referéndum. Desde allí se han coordinado acciones con el propio FA, el movimiento cooperativo, la FEUU y el movimiento feminista, entre otras organizaciones sociales.
Cabe destacar también que aspectos característicos del movimiento sindical uruguayo siguen intactos a pesar del embate liberal-conservador que intenta minimizar nuestra resistencia. Es así que no se han presentado escisiones, la unidad sigue fuerte a pesar de que lógicamente como en cualquier organización democrática convergen diferentes visiones que se dirimen democráticamente, valga la redundancia. La denominada independencia de clase, tan cuestionada por la derecha y los radicales de izquierda, permanece vigente y sobradas muestra existen de ello[4]. Finalmente el clasismo prima sobre las formas corporativas de organización, que tiene en la otra mano por ejemplo la clase capitalista, organizada en diferentes corporaciones.
Se rebajan los salarios públicos y privados, se vacía la negociación colectiva, se les posterga el pago de salarios vacacionales a un grupo importante de trabajadores privados, se aumentan dos puntos de IVA para pago electrónico, se aumentan las tarifas y se recorta la inversión pública. Se recortaron las vacantes en el Estado, se diseña un complejo mecanismo de rotación y declaración de excedentes de funcionarios públicos que no es otra cosa que un sistema de premios y castigos[5], y se rebaja aún más el salario de los funcionarios públicos que enfermen.
Se crea una Comisión de Expertos en seguridad social que desconoce el Diálogo Social, se retrocede en el mecanismo de elección de los directores sociales en el BPS, buscando claramente perjudicar a las organizaciones de trabajadores, lejos las más representativas, por historia, número de afiliados y legitimidad democrática.
Se ajustan por debajo del IPC las prestaciones sociales que perciben los sectores más vulnerables, se reprime policialmente cada vez más a esos sectores[6] y no se realizan planes sociales efectivos que sirvan para paliar los efectos económicos de la pandemia. Se derogan aspectos importantes de la ley de inclusión financiera, promoviendo la informalidad por un lado y el lavado de activos por otro, siendo los trabajos más vulnerables y que llevan adelante mujeres, los más afectados (como el servicio doméstico o las tareas remuneradas vinculadas a los cuidados[7]).
Se ilegaliza al piquete de huelga, se reglamenta la huelga, se prohíbe la ocupación, se le dan atribuciones a la policía para que pueda disolver manifestaciones y no conformes con todo esto, intentan reglamentar por ley la actividad sindical, violando una tradición democrática histórica y diciéndonos como debemos organizarnos los trabajadores, incluso diciéndonos hasta como debemos votar. Cabe preguntarse, si semejante proyecto de ley se aprueba y no los acatamos en nuestras asambleas, ¿qué harán? ¿nos ilegalizarán como organización sindical?¿iremos presos?
Nuevos desafíos asoman en el horizonte más cercano. Por un lado debemos intentar reunir las 700.000 firmas a pesar del contexto de baja movilidad e independientemente se nos otorgue o no la prórroga[8].
Por otro lado debemos aunar esfuerzos[9] para frenar el deterioro salarial y la caída del empleo, mientras logramos resignificar la negociación colectiva para que ésta no sea bastardeada.
La pandemia no sólo se va a atenuar con la tardía vacunación, sino que es importante crear conciencia y hacer una campaña pro-vacunación que desde el gobierno parece muy tímida. Por otro lado debemos atender a los sectores fuertemente golpeados a través de una renta básica de emergencia, que el día de mañana pueda convertirse en una Renta Básica Universal.
Finalmente dos ambiciosas reformas se vienen gestando y debemos estar muy atentos. Por un lado una reforma administrativa del Estado de claro sesgo neogerencial y por otro una reforma de la seguridad social que reformulará parámetros tales como la edad para jubilarse y la relación aporte-prestación. Reforma que por otra parte poco apuntará a desarticular los grandes privilegios de algunas cajas, como la caja militar.
Este contexto y este breve análisis prospectivo nos llama a la reflexión de evaluar diferentes caminos coordinados a nivel de las organizaciones de la sociedad civil para defender los derechos de los trabajadores. Sin duda que estos caminos serán encontrados y que una larga vida le espera a la clase trabajadora organizada en Uruguay, a la luz de las muestras de robustez y madurez expresadas a lo largo de la historia por nuestro glorioso movimiento sindical.
[1] Que nos permitiría en este contexto sanitario hacer llegar el mensaje de nuestra central a todos los trabajadores del país.
[2] Junto al adalid del conservadurismo puro y duro, representante de las corporaciones agro-exportadores expresado en el herrerismo, se ubica ahora, e incluso a su derecha, un socio que expresa explícitamente los intereses de la corporación militar.
[3] Se realizaron diversas marchas cumpliendo estrictamente protocolos sanitarios.
[4] En su momento se realizaron protestas contra el gobierno de izquierda y lo mismo sucede a menudo y actualmente en las Intendencias donde gobierna el FA. A pesar de la alianza FA y Pit-Cnt parece también ser este último quien lleva la iniciativa en distintas cuestiones, tal es el caso de la campaña pro-referéndum contra la LUC.
[5] Para beneficiar amigos y castigar a los dirigentes sindicales tal vez.
[6] Se le pide documentación a compañeros no aglomerados que juntan firmas contra la LUC, se reprimen reuniones de jóvenes que no significan riesgo para la salud pública, se dispara sobre la población más vulnerable, etc.
[7] Niños, enfermos, ancianos.
[8] Que según anuncios de diversos actores políticos de derecha no se otorgaría.
[9] No sólo del Pit-Cnt y el FA, sino de todas las fuerzas vivas del campo popular.
