Escribe Estefanía Yacosa, Sub Secretaria de RRII del PS
El pasado 4 de setiembre la ciudadanía chilena optó por rechazar el proyecto constitucional elaborado por la Asamblea Constituyente, en una clara muestra de disconformidad con algunos de los cambios allí propuestos. Si bien como socialistas podemos convenir en que adherimos a las reivindicaciones plasmadas en este texto constitucional, cabe reflexionar sobre algunas claves que pueden haber llevado a su fracaso.
Afortunadamente, en los ámbitos político y académico latinoamericanos se ha discutido vastamente sobre el proceso chileno. Muchas cuestiones pertinentes han sido puestas sobre la mesa, como las fake news, el poder de los medios de comunicación, y las fallas tácticas o estratégicas que apuntarían a errores de lectura de la coyuntura global en general y chilena en particular. También se ha hecho hincapié en la disputa izquierda-derecha, a partir de una identificación del proyecto constitucional como la izquierda y el no apruebo como la derecha. Si bien esto último remite a la siempre presente oposición cambio social vs defensa del status quo, diremos que la realidad es un poco más compleja y requiere un análisis más amplio que supere esta dicotomía reduccionista. Como aporte no excluyente de la diversidad de cuestiones en juego, aquí nos vamos a referir a dos nociones: a la idea de patria y a las distintas identidades que atraviesan a las personas. Por otro lado, antes de seguir, es necesario destacar un hecho fundamental en la historia política chilena: todas sus constituciones fueron impuestas por los vencedores de las guerras civiles o de los golpes de Estado. Esto sin dudas es un antecedente no menor para dimensionar el reciente proceso constituyente.
En relación con la idea de patria, los resultados obtenidos a partir de algunas encuestas apuntan a que el rechazo se vinculó directamente al ruido negativo que generó en la población la reivindicación de un Estado plurinacional y la creación de un sistema de justicia indígena. Esto indicaría, según algunos analistas, que para amplios sectores de la población chilena esta nueva constitución implicaría una amenaza a su chilenidad. Claro está que a la percepción de amenaza a la nacionalidad subyace la idea de patria. Al respecto, históricamente, la construcción de la patria se ha planteado desde las elites políticas con el objetivo de ser aglutinante del conjunto de la población, en un intento de homogeneizar para borrar las desigualdades de clase, y con ello, evitar el rompimiento de una cierta adecuación de las relaciones de poder. Particularmente, la nueva constitución chilena proponía pensar en una patria que no se definiera por la oposición al otro extranjero, es decir, una definición de patria que superara a aquella construida a partir de las guerras, conquistas o exclusiones: un ideal de patria que puede ser el del Estado social de derecho, de una comunidad solidaria que cuida y protege a todos sus habitantes.
En la configuración de este rechazo a una noción distinta de patria juega un rasgo no menor de este plebiscito, que fue el hecho de que el voto tuviera cuatro opciones posibles: apruebo total; apruebo para reformar; rechazo total; rechazo para renovar. Las dos opciones intermedias (apruebo para reformar y rechazo para renovar) constituían posiciones que representaron identidades complejas que no encontraban lugar en la coyuntura política actual. Esta ausencia de nitidez política estaba dada como efecto de una despolarización relacionada a que muchas personas están atravesadas por distintas identidades y desigualdades al mismo tiempo (pensemos en la religión, la edad, el género, la etnia, la clase social), y la propuesta constitucional en boga no lograba una llegada tal en la población que la convocara a aprobarla o rechazarla tajantemente. Dicho en otras palabras, el pueblo no se habría sentido -en términos generales- representado por el texto constitucional, ni habría visto en su aprobación la solución a sus problemas cotidianos. Más allá de que podamos pensar que una constitución feminista y plural en términos culturales es indiscutiblemente mejor que la constitución vigente, lo cierto es que los cambios sociales que buscaba este proyecto quizá exigen una maduración más larga en el tiempo, a modo de lograr una polarización[1] que tienda a obtener definiciones políticas e ideológicas más claras en las personas. Para entender esto podemos remitirnos a ejemplos cercanos como la legalización del aborto en Uruguay y en Argentina, que requirieron dos instancias para lograr su aprobación legislativa. Por tanto, podemos concluir que el proceso chileno sigue en construcción a pesar de este traspié.
Finalmente, lo que importa recordar es que hay esperanzas: en el plebiscito se visibilizó un proceso de acumulación política sumamente positivo, en términos de involucramiento de la población en la discusión pública en un país donde el voto no es obligatorio. La no obligatoriedad implica que la construcción del discurso político y de las prioridades programáticas sean estructuradas en función de las demandas de clase que tiene el electorado que sí participa de las elecciones. Esto quiere decir que si bien es cierto que el voto en los plebiscitos es obligatorio -a diferencia de otras instancias electorales- también es cierto que el efecto de estar todas las personas obligadas a votar las convoca a ser parte, a involucrarse. Podría decirse que es un aspecto fundamental para construir democracia.
En este sentido, por todo lo aquí expuesto, la experiencia chilena nos convoca a reflexionar sobre las claves que necesitaremos seguir si apuntamos hacia una nueva constitución uruguaya más justa, equitativa y plural.
[1] No se trata de la polarización en el sentido de la simplificación de la que se habla cuando existen dos opciones políticas posibles, sino en el sentido de decantarse por una opción política definida a pesar de no estar completamente a favor de todos los elementos que componen a esa opción.
