COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO SOCIALISTA

 “119 AÑOS DE JOSÉ PEDRO CARDOSO”

COMUNICADO PÚBLICO

Este 27 de agosto conmemoramos un nuevo aniversario del nacimiento de nuestro entrañable compañero y referente José Pedro Cardoso. La Casa del Pueblo del Partido Socialista – la misma que fue tapiada y apropiada por el terrorismo de Estado, y que José Pedro, en aquel gesto emblemático, maceta en mano, volvió a abrir el 22 de agosto de 1984 – asistió esta vez a la instalación del 50° Comité Central del Partido. La sesión se desarrolló en la sala principal de la Casa que lleva también el nombre de Cardoso. Estos signos muestran el hilo que teje la continuidad de nuestra vida como organización: el de la “santa rebeldía” contra las injusticias, el de la lucha por el socialismo y la libertad, el del compromiso inclaudicable con la clase trabajadora. Esa historia vuelve a desafiarnos hoy.

Asumiendo esos desafíos y en un clima de encuentro y construcción colectiva, el nuevo Comité Central del Partido tomó algunas definiciones importantes para el período que se inicia en el que nos comprometemos a impulsar la estrategia de “Bases para una Alternativa de Cambio Social” definida por nuestro Congreso.

En este marco resolvimos la integración de nuestro Comité Ejecutivo Nacional y aprobamos un nuevo organigrama, más flexible y transversal, que busca favorecer la convivencia interna y el trabajo compartido, la articulación entre distintos equipos, las responsabilidades colectivas y la rendición de cuentas periódica. El nuevo organigrama, presentado por el Secretario General al conjunto del Comité Central, incluye Secretarías, comisiones y grupos de trabajo, y asigna responsabilidades a cada uno/a de los 51 integrantes electos del Comité Central y varios/as suplentes. 

Las 6 comisiones creadas, con coordinación colectiva, jerarquizan temas priorizados por la línea política del Partido: mundo del trabajo y economía popular; género, diversidades y disidencias; interiores; formación y memoria histórica; derechos humanos; ambiente. Cada una de estas comisiones será coordinada por  4 compañeros/as, y en todas las coordinaciones hay al menos un compañero/a del interior del país. La Comisión de interiores será coordinada por compañeras y compañeros de localidades no capitales de distintas regiones del país: Curtina, La Paloma, Sarandí Grande y Young. 

Por su parte, en el esquema de Secretarías nacionales se innova incorporando una Secretaría de Desarrollo Territorial, se dota a la Secretaría de Organización de funciones de coordinación ejecutiva, y se genera un espacio específico para el análisis permanente de la coyuntura. A su vez se designan varias subsecretarías en el ámbito de cada secretaría nacional a fin de fortalecer los equipos e incluir más compañeros y compañeras en el trabajo. 

El Comité Central resolvió también impulsar la creación de Agrupaciones en materia sindical, cooperativa y de cultura, buscando propiciar un mayor trabajo colectivo en estas áreas cuya articulación ha sido jerarquizada desde la creación de la Secretaría de Movilización y Cultural. Señalamos también la presencia de destacados/as militantes sociales y dirigentes estudiantiles, sindicales y cooperativos dentro del Comité Central y en las responsabilidades designadas. 

Finalmente, hemos resuelto generar un grupo de trabajo sobre Descentralización y gobiernos subnacionales con integrantes de todo el país, e instalar una comisión de análisis de los estatutos partidarios.

Al culminar la sesión decidimos hacer pública nuestra posición sobre varios temas de actualidad: 

Situación Nacional 

a) Hemos llegado a la mitad del período de gobierno. Se han confirmado las peores proyecciones que hicimos en su momento. Concentración de la riqueza, desestatización y mercantilización de los servicios públicos, violencia institucional y criminalización de la protesta, han sido los pilares de la política de este gobierno a favor de las grandes empresas y riquezas y en contra de la clase trabajadora y las grandes mayorías de nuestro pueblo. 

Expresión de ello ha sido la reducción del salario y la jubilación real, en un contexto de una economía que crece. También lo que nos ha dejado la rendición de cuentas como balance del gasto público asignado y ejecutado hasta ahora. En 2021 respecto a 2019 se han dado menos recursos a la ANEP (- 150 millones de dólares), ASSE (- 70 millones), UDELAR (- 40 millones), Vivienda (- 50 millones), Poder Judicial (- 45 millones). El impacto mayor es sobre las inversiones en educación y vivienda, temas centrales para la vida digna de nuestro pueblo, en los que el deterioro es notorio. 

b) Por estos días, mientras se profundizan los efectos de estas políticas, asistimos a una creciente movilización de actores y organizaciones sociales del movimiento popular. Es de destacar la masiva marcha de la FUCVAM y la esperanzadora reactivación del movimiento estudiantil, de la mano de los centros de estudiantes de formación en educación, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Las y los socialistas participamos de esas luchas democráticas, rechazamos la estigmatización y el ataque a militantes y dirigentes sociales, y reafirmamos nuestro compromiso con la vivienda digna y la educación del pueblo, en un horizonte liberador, exigiendo una vez más diálogo y participación de los actores involucrados en el diseño y ejecución de las políticas. 

c) En relación al debate sobre la seguridad social queremos reiterar algunas definiciones ya asumidas por nuestro Partido. El planteo insistente de que dado que ha aumentado la expectativa de vida, y teniendo en cuenta la realidad demográfica del país, las personas debemos trabajar más años para sostener el sistema, es tan simplista como encubridor de otras realidades. En Uruguay y en el mundo la expectativa de vida no es la misma entre los pobres que entre los ricos, tampoco es evidente que el mayor tiempo de vida, resultado de los avances científicos y tecnológicos producidos por el trabajo y la inteligencia humana, deba destinarse necesariamente a trabajar. Por otra parte la riqueza que produce el Uruguay se ha multiplicado por tres desde la reforma del 95 y ese debería ser el foco de la discusión a la hora de definir quiénes deben contribuir más para sostener un sistema de protección social que cuide a las personas durante toda la vida y cómo deben hacerlo. Queremos también llamar la atención sobre la necesidad de hacer un balance crítico respecto de la reforma anterior: las AFAPs se introdujeron con la promesa de resolver los problemas de sustentabilidad del sistema, sin embargo tal como sucedió en otros países que evaluaron resultados y volvieron a un sistema enteramente público, las administradoras obtuvieron ganancias con el dinero de los trabajadores pero los problemas de sustentabilidad nos sé resolvieron. 

d) Sin desconocer sus causas profundas ni enfocar el tema de forma simplista, no podemos dejar de mencionar las situaciones de extrema violencia que como sociedad estamos viviendo, en donde en 24 horas fueron asesinados 7 compatriotas, incluido un niño de 8 años. El gobierno nacional insiste con una política equivocada en lugar de invertir en estrategias integrales de prevención de la violencia. Tampoco podemos ignorar las múltiples señales y decisiones que han favorecido el crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado. El escandaloso episodio del pasaporte comentado en estos días es sintomático, pero el problema es de fondo y todavía más grave: por poner un ejemplo, la  LUC ha allanado el camino al narcotráfico al favorecer el lavado de activos permitiendo transacciones en efectivo por hasta más de 100 mil dólares. 

e) El pasado 25 de agosto el Ministro de Ambiente manifestó en Florida que el gobierno nacional priorizará la construcción del proyecto Neptuno o Arazatí. Cómo ya lo hemos expresado este es un capítulo más de la política privatizadora que lleva a cabo este gobierno, en este caso sobre un recurso vital como el agua potable cuyo carácter público está consagrado en la Constitución. Esta medida deja relegado a un segundo plano al proyecto Casupá, el cual ya tenía todos sus estudios de impacto ambiental aprobados así como también su financiación.

f) Manifestamos nuestra preocupación por los constantes ataques de actores del gobierno a trabajadores de los medios de comunicación así como por las iniciativas que impulsan para favorecer con recursos públicos a algunas pocas empresas vinculadas al sistema de medios. Uruguay viene en un camino descendente en materia de libertad de prensa, como se ha señalado desde adentro y desde afuera del país.

Situación regional 

a) Nuestro Partido ha denunciado desde siempre la persecución y criminalización de militantes y luchadores sociales a lo largo y a lo ancho del continente por parte de fuerzas y gobiernos de distinto signo. Esa situación persiste en varios países de la región y volvemos a condenarla. A su vez asistimos con preocupación a un nuevo capítulo del llamado «lawfare» o judicialización de la política, mecanismo por el que se utilizan procesos judiciales viciados como instrumento para proscribir o denostar a fuerzas y dirigentes políticos populares. En particular denunciamos hoy la falta de garantías del debido proceso, inherente a cualquier persona, en la causa que enfrenta la actual vicepresidenta de Argentina. Esta situación se ha agravado en las últimas horas con acciones de amedrentamiento y represión por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires sobre las y los ciudadanos que se encuentran manifestando pacíficamente en el entorno del domicilio de la compañera Cristina Fernández. El uso político del Poder Judicial atenta contra el Estado de derecho y destruye los marcos imprescindibles para juzgar con rigor y apego a la ley la conducta de los gobernantes, aspecto que consideramos fundamental sin importar la orientación del gobierno del que se trate.

b) Saludamos al novel Presidente de la República de Colombia, compañero Gustavo Petro y a la vicepresidenta compañera Francia Márquez, cuya elección es un hito trascedente y esperanzador para la región. 

c) Vemos a su vez con expectativa el pronunciamiento del pueblo chileno que en el próximo Plebiscito Constitucional del 4 de setiembre puede superar definitivamente la Constitución pinochetista para dar a luz una más justa, democrática, plurinacional y respetuosa de la dignidad de los pueblos originarios. Las y los socialistas de Uruguay expresamos nuestra adhesión a la causa del “Apruebo”. 

d) Finalmente manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo brasileño y la expectativa por el triunfo del compañero Luis Inacio “Lula” Da Silva frente a la violencia bolsonarista, que incluso ha puesto en dudas las garantías del proceso electoral en Brasil. 

Casa del Pueblo 

27 de agosto de 2022