Trata de personas, la esclavitud moderna
La Cámara de Senadores, con el apoyo de todos los sectores políticos, aprobó la creación de una comisión especial para atender la problemática de la trata y explotación de personas en Uruguay. Esta iniciativa está en sintonía con el trabajo que se viene haciendo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de las Mujeres, en un tema que afecta a toda la sociedad y que no está todavía suficientemente visibilizado.
La Comisiòn Especial para el análisis del estado de situación de la trata y explotación de personas en el Uruguay y la generación del correspondiente marco legislativo, estará integrada por cinco miembros y desarrollará sus tareas por el lapso de seis meses a partir de su constitución.
La impulsora de su creación fue la senadora frenteamplista Daisy Tourné, pero la moción aprobada además de su firma lleva las de Pedro Bordaberry, Alvaro Delgado, Rafael Michelini, Pablo Mieres y Leonardo de Leòn. Cuando se discutió en la Cámara Alta, además de los senadores nombrados, hicieron uso de la palabra Beatriz Argimón, Constanza Moreira, Daniela Payseé y Sebastiàn da Silva.
Problema en aumento
“Hemos dejado de ser un país de tránsito de la trata para ser un país de origen, tránsito y destino”, manifestó Tourné, recordando que “esta nueva forma de esclavitud” afecta en mayor medida a las personas con menos educación y de menores recursos.
El aumento del tráfico de personas puede constatarse con datos oficiales. De un caso de trata y 31 de explotación sexual de niños y adolescentes registrados en 2012, se pasó en 2015 a un total de ocho casos de trata y 73 de explotación sexual. Los destinos más habituales son Italia y España.
Además, a pesar de que Uruguay aprobó toda la normativa internacional en la materia, organismos como Naciones Unidas han cuestionado que el país no disponga de datos estadísticos, por ejemplo, en materia de tráfico de órganos.
Tourné dijo que es “doloroso y vergonzante” este hecho en Uruguay y criticó la la mirada “autocomplaciente” de la ciudadanía,. al no reconocer la existencia de este fenómeno que afecta en su gran mayoría a mujeres.
Explicó también que desde 2006 funciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) una Mesa interinstitucional sobre trata y explotación de personas, encabezada por Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social y que integran 18 dependencias estatales. A juicio de la legisladora, “el trabajo ha sido lento: sesionó seis veces en 2015 y tan solo una en lo que va de 2016”.
Desde la creación de la Mesa, el Mides atendió más de 400 casos, pero Tourné subraya que no se han desarrollado mecanismos óptimos de atención a las víctimas y de prevención.
Una ley integral
A principios de mayo, Charles Carrera, director general del Ministerio del Interior, anunció que el Poder Ejecutivo presentará al Parlamento un proyecto de ley “integral” en esta materia que actualizará la normativa en un asunto que considera “prioritario” en la política de seguridad.
“Al país le falta mejorar y creemos que necesitamos una ley integral que nos permita trabajar mejor. Detectada la debilidad, proponemos las soluciones y una de ellas es en la que venimos trabajando: la elaboración de un anteproyecto de ley integral sobre trata y explotación de personas que recoge los insumos y las opiniones de operadores calificados de diversos ámbitos”, señaló en esa oportunidad.
La redacción de esa ley está a cargo –con el apoyo de la Mesa interinstitucional y de todos los actores involucrados- de la consultora Diana González, que fue contrata con el apoyo de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).
Urgente
El Ministerio de Relaciones Exteriores, desde la Red de Migrantes, hace mucho tiempo que viene trabajando el tema, que es muy amplio y bastante desconocido todavía. Silvana Guerra, una de las expertas involucradas, advierte que “aunque tiene su componente de género, no es sólo un tema de género: son víctimas niños y niñas, mujeres y hombres, trabajadores en general”.
Como afirma el senador Pedro Bordaberry, uno de los firmantes de la moción aprobada, “el tema puede parecer para algunos algo lejano, pero es urgente hoy, porque la hiperconexión de las redes sociales lo pone al alcance de mucha gente”.
Fuente: La República de las mujeres
30 de mayo 2016
