Semanas atrás el Senado discutió la conformación de una Comisión a los efectos de tratar la “corrupción en Uruguay” iniciativa presentada por el Senador Bordaberry y que fuera descartada por la inexistencia de ningún hecho concreto o fundamento que motivara la misma, como bien lo informó nuestra compañera Senadora Daisy Tourné. La iniciativa sirvió a los colorados para ganar exposición “preocupados” por la corrupción y reivindicando una posición ética, que muy pronto han olvidado.
Hace algunas horas se concretó un hecho que muestra al Partido Colorado y especialmente al sector de los Senadores Bordaberry y Coutinho en las antípodas de esta posición.
El viernes próximo pasado, el Partido Colorado se hizo de la Presidencia de la Junta Departamental de Salto pese a que en el 2015 el hoy Senador Coutinho perdiera la elección Departamental luego de una escandalosa situación administrativa y financiera que entre otras cosas implicó la incapacidad de pago de salarios en fecha, la postergación de obras y una dramática situación del Departamento, que hoy intenta por varias vías sortear tales dificultades.
El Partido Colorado logra tal “hazaña” política luego que la administración frenteamplista denunciara adulteración de boletas en perjuicio de las arcas públicas, por parte de ediles electos por el Frente Amplio, lo que le valió perder las mayorías en el legislativo departamental. Así, el Partido Colorado asociado a los ex ediles frenteamplistas autores de estas maniobras (denunciadas por el propio Frente Amplio), lograron una mayoría circunstancial que desemboca en la insólita situación de una Intendencia Frenteamplista y una Junta Departamental Colorada.
Más allá del hecho en sí, de la maniobra que implica como se dice vulgarmente “ganar en la liga lo que se perdió en la cancha”, los socialistas nos preguntamos: ¿en qué quedó la preocupación de Bordaberry, Coutinho y el Partido Colorado sobre la corrupción? ¿Qué hay detrás de este pacto que les ha permitido hacerse de la Junta Departamental de Salto? ¿Se ha pactado la no investigación de los hechos denunciados? ¿Se ha pactado el cerrar el paso a un posible juicio político a los ediles implicados? ¿Es válido para ganar posiciones políticas pactar con implicados en tan lamentables hechos?
Esta actitud deja de manifiesto una actitud demagógica que debilita al sistema político y a las propias instituciones gubernamentales, razón que nos lleva a rechazar y denunciar enfáticamente esta actitud.
Salto, 19 de julio de 2016
Comité Ejecutivo Departamental
